Tensión en la provincia Duarte ante decisión del caso Emely Peguero
Están bajo la mira de la sociedad los jueces María de los Ángeles Concepción, Víctor Inoa y Carminia Caminero, quienes deben decidir la suerte de Marlon y Marlin Martínez, acusados por el asesinato.

Llegó el día en que los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís deben revelar la decisión que han tomado en el caso por el asesinato de Emely Peguero, lo que mantienen en tensión a los munícipes de San Francisco de Macorís.

Ayer las autoridades enviaron un contingente policial desde Santiago a San Francisco para controlar cualquier disturbio que pueda ocurrir por el fallo, que está pautado para las 2:00 de la tarde.

El lunes los comunitarios de Cenovi, donde vivía Emely, realizaron una manifestación para demandar que se haga justicia por el asesinato de la menor, que al momento de su muerte estaba embarazada.

Aunque la manifestación del lunes fue pacífica, trascendió que la provincia Duarte estará atenta a la decisión de los jueces, y según integrantes del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo) “si no hay condena, habrá problemas en las calles”.

Están bajo la mira de la sociedad los jueces María de los Ángeles Concepción, Víctor Inoa y Carminia Caminero, quienes deben decidir la suerte de Marlon y Marlin Martínez, acusados por el asesinato.

Los tres magistrados tienen una decisión difícil que tomar, debido a la presión social que desde el inicio ha tenido el proceso judicial, que ha sido seguido a nivel nacional y en el extranjero a través de transmisiones en vivo de las redes sociales.

¿Qué piden las partes? 

La abogada Ingrid Hidalgo, que defiende a Marlin Martínez, solicitó el miércoles a los jueces que su defendida sea descargada del proceso y que sea puesta en libertad por no haberse comprobado la acusación del Ministerio Público, y también solicitó que el tribunal rechace la indemnización de 20 millones de pesos solicitados por la parte civil.

Hidalgo además advirtió a los jueces que si condenan a Marlin Martínez por la presión social de los medios de comunicación y de las redes, deberían ser “abolidos”.

Mientras, la defensa de Marlon Martínez concluyó sus alegatos pidiendo que sea variada la calificación jurídica de asesinato, por aborto y homicidio involuntario, y que en consecuencia solo le impongan la pena de 5 años de prisión en la fortaleza de Salcedo.

En cambio, solicitó que si se mantiene la acusación del Ministerio Público como está y si los jueces la acogen, que Marlon sea condenado a la pena de 10 años, y que sea rechazada la indemnización de 20 millones de pesos y que le impongan tres millones.

Los fiscales que llevan el caso, encabezados por la fiscal titular Smaily Rodríguez, aseguran que han logrado destruir la presunción de inocencia de Marlon y su madre Marlin Martínez. En ese sentido piden que Marlon sea condenado a 30 años como autor material del asesinato y Marlin sea condenada a 20 años de prisión por complicidad.

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