Aplazan audiencia caso Senasa, MP lo califica como el más grave en corrupción

El juez Rigoberto Sena del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó ayer el conocimiento de solicitud de medida de coerción en contra Santiago Hazim y otros nueve acusados de sustraer patrimonio del Estado a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El magistrado dispuso la medida para que los abogados de los imputados preparen su defensa, y regresen a la sala de audiencias mañana jueves a las 2:00 de la tarde.

Carlos Balcácer, abogado de Rafael Martínez Hazim, apuntó que el tema de Senasa reviste seriedad, al considerar que esto es algo que el Ministerio Público debe entender, y no lanzar imputaciones alegres o cualquierizar las imputaciones.

“Ahí hay personas sin tener que definir que defensa es, que no es verdad que lavaron activos con el dinero de Senasa, no es verdad. Ahí tampoco he visto que se configure la estafa”, explicó Balcácer.

El más grave

Traslado bajo custodia de implicados en caso Senasa.Audry Trinidad

Por su parte, a su salida del tribunal, el Ministerio Público afirmó que este caso del Seguro Nacional de Salud, es el más grave que ha presentado el órgano en materia de corrupción.

En palabras de Mirna Ortiz, titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, “la operación Cobra, es la operación más grave de corrupción que ha presentado el Ministerio Público hasta este momento”.

La magistrada calificó el caso como un “atentado directo a un derecho fundamental de las personas”.

“Aquí estamos hablando que se robó, que se sustrajo dinero de la salud; y no de la salud de cualquiera, del seguro de salud de los más pobres, de los que no tienen dinero para pagar un seguro privado, de los que tienen que acudir a los hospitales para que les digan que no hay camas o medicamentos”, apuntó la magistrada.

Ortiz indicó que el órgano acusador cuenta con un legajo de pruebas testimoniales y documentales, que al conocerse la medida de coerción, probarán cada una de las imputaciones realizadas y las tipificaciones penales.

RD$15 mil millones

Asimismo, destacó que el fraude cometido en Senasa se estima que es de unos 15 mil millones de pesos, con más de dos mil millones de pesos pagados por sobornos a las máximas autoridades de la institución.

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

Asimismo, les acusa de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Entramado

Según el documento de solicitud de medida de coerción en contra de los implicados en el caso Senasa, Santiago Hazim Albainy incluía en el presunto entramado a sus "asistentes más cercanas", identificadas como Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes en se presentaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían ser aprobados por órdenes directas del exfuncionario.

El Ministerio Público también aseveró que este grupo trabajaba de manera "articulada" para aprobar contratos a prestadores que supuestamente no cumplían con los requisitos mínimos legales ni técnicos, pero que eran promovidos por el entonces director del Senasa bajo argumentos como "aportó en la camраñа" о "hay que ayudarlo".

Según los fiscales, Hazim Albainy creó un Comité de Contrataciones Médicas a su llegada a la dirección del Senasa de forma arbitraria y sin sustento legal, alterando en el proceso el mecanismo con el que funcionaba previamente para la evaluación y aprobación de prestadores de servicios de salud.

Asimismo, el Ministerio Público aseguró que el exdirector de Senasa eligió a sus empleados "más cercanos", siendo estos Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Gustavo Guilamo, Germán Robles y Carmen José Velázquez.

Rol de los miembros

Los fiscales indicaron en el expediente que Germán Robles, en su rol de consultor jurídico, ejercía un "poder determinante", afirmando que era el encargado de imponer la aprobación de los prestadores "agraciados" y gestionando de manera directa contratos fuera del procedimiento regular.

De manera similar está el gerente de salud, Francisco Iván Minaya. El rol de esta persona era homologar los acuerdos y dirigir las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores.

En el caso de Roberto Canaán, gerente de atención al usuario, su trabajo consistía en presionar la habilitación y ampliación de prestadores sin documentación o infraestructura adecuada.

Por igual, es mencionada la gerente de afiliación, Carmen José Velázquez, quien participaba en la validación y firma sistemática de actas que recogían decisiones previamente pactadas con Hazim Albainy.