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Santo Domingo. – El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción en contra de Santiago Hazim Albainy y otros nueve acusados, a quienes el Ministerio Público imputa la sustracción del patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La audiencia fue reprogramada para el jueves 11 de noviembre, a las 2:00 de la tarde.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim Albainy; Rafael Luis Martínez Hazim, fundador del centro de telemedicina Mycare; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
El órgano acusador atribuye a los imputados los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
De acuerdo con el expediente de solicitud de medidas de coerción, que supera las 500 páginas, el presunto entramado habría sustraído más de RD$15,921,369,659.62 hasta el cierre del año 2024.
Según el Ministerio Público, Santiago Hazim Albainy incluyó en el esquema a sus asistentes más cercanas, identificadas como Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes se presentaban a las reuniones con listas predeterminadas de prestadores de servicios de salud que debían ser aprobados por instrucciones directas del entonces director de Senasa.
El expediente señala que el grupo actuaba de manera “articulada” para aprobar contratos a prestadores que no cumplían con los requisitos legales ni técnicos mínimos, pero que eran promovidos por Hazim Albainy bajo argumentos como “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”.
Roles dentro del comité
Los fiscales detallan que Germán Robles, en su calidad de consultor jurídico, ejercía un “poder determinante”, encargándose de imponer la aprobación de los prestadores favorecidos y de gestionar contratos de forma directa fuera de los procedimientos regulares.
De igual forma, el gerente de salud, Francisco Iván Minaya, tenía la función de homologar los acuerdos y dirigir las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores.
En tanto, Roberto Canaán, gerente de Atención al Usuario, presuntamente se encargaba de presionar la habilitación y ampliación de prestadores que carecían de documentación o infraestructura adecuada.
Asimismo, se menciona a la gerente de Afiliación, Carmen José Velázquez, quien participaba en la validación y firma sistemática de actas, formalizando decisiones que —según el expediente— ya habían sido previamente acordadas con Hazim Albainy.
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