Caso SENASA en RD: avances judiciales y medidas contra los imputados

Santo Domingo, RD — La prolongada investigación sobre el caso de presunta corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SENASA) vive un momento clave en el sistema de justicia dominicano, con decisiones contundentes sobre las medidas de coerción y alertas de nuevas fases del proceso que aún están por desarrollarse.

La investigación, conocida en el ámbito judicial como “Operación Cobra”, se centra en un alegado entramado de corrupción administrativa que habría captado miles de millones de pesos en sobornos y recursos desviados de la institución pública encargada de la cobertura de salud de millones de ciudadanos dominicanos.

Acusaciones y alcance del caso

El Ministerio Público dominicano presentó un extenso expediente que describe paso a paso cómo, presuntamente, se ejecutó un desfalco millonario dentro de SENASA, involucrando a su entonces director, Santiago Marcelo Hazim Albainy, junto a una red de funcionarios, exgerentes y proveedores que habrían operado para su enriquecimiento ilícito.

La PEPCA —Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa— ha declarado el caso de altísima prioridad debido al impacto social y económico que genera sobre los servicios de salud pública. A pesar de que la causa está lejos de concluir, las autoridades han señalado que podría haber más imputados en el proceso a medida que la investigación avanza.

Medidas judiciales: prisión preventiva y arrestos domiciliarios

El pasado domingo, un tribunal dominicano emitió una decisión significativa en el marco del expediente. La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Marcelo Hazim y otros seis imputados principales vinculados al caso SENASA, como medida de coerción.

Entre los acusados que recibirán prisión preventiva en el Centro de Rehabilitación Najayo Hombres y Mujeres figuran exgerentes como Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ada Ledesma Ubiera y Ramón Alan Speakler Mateo.

Además, la justicia impuso prisón domiciliaria, impedimento de salida y garantías económicas a tres acusados que colaboraron con las autoridades y entregaron información al Ministerio Público, como parte de su cooperación con la investigación.

Controversias y debate público

El proceso no ha estado exento de polémica. Se han generado debates públicos sobre el tratamiento judicial de los imputados, con voces que denuncian posibles tratos preferenciales y exigen que “la ley se aplique con los mismos criterios para todos los ciudadanos”.

Además, figuras de la vida pública han reaccionado ante el caso. Por ejemplo, el expelotero y figura mediática David Ortiz hizo un llamado a la unidad nacional y a la acción ciudadana frente a las irregularidades denunciadas, destacando que la situación afecta a millones de dominicanos y la confianza en el sistema de salud.

Fase actual del proceso y pasos siguientes

Previo a la decisión de coerción, la audiencia para conocer estas medidas había sido aplazada en varias ocasiones, lo que refleja la complejidad del expediente y las repeticiones procesales entre fiscales y defensores.

La magistratura declaró el caso como complejo, una figura legal que permite extender plazos y adoptar medidas más amplias en la investigación.

Impacto y expectativas

El fallo que impuso medidas contra los imputados no concluye el caso, sino que marca un paso importante en el proceso judicial, al garantizar que los principales señalados permanezcan bajo custodia mientras continúa la investigación. El Ministerio Público ha reiterado que la causa exige un abordaje profundo y que nuevas fases del proceso podrían abarcar más personas vinculadas a presuntas irregularidades dentro de SENASA.

El caso SENASA sigue siendo uno de los mayores escándalos de presunta corrupción administrativa en el país, con un impacto directo sobre la confianza ciudadana en las instituciones de salud pública y en la transparencia de la gestión de recursos estatales.

Conclusión

El proceso judicial contra los implicados en el caso SENASA sigue avanzando con firmeza en República Dominicana, con decisiones judiciales fuertes como la prisión preventiva para los principales acusados y un escrutinio público constante. Aunque aún quedan pasos por recorrer hasta un posible juicio oral y público, el avance de las investigaciones y la presión social reflejan la importancia de este caso para el sistema de justicia dominicano.