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Uno de los hallazgos más llamativos del Ministerio Público en el caso SENASA recae sobre la empresa Grupo Siulrod, señalada por facturar servicios médicos que no fueron ofrecidos y por presentar autorizaciones que no guardaban relación con las condiciones reales de los afiliados. Entre los ejemplos citados figura la facturación de consultas especializadas de ginecología a nombre de pacientes masculinos.
“Grupo Siulrod facturó servicios no brindados a ARS SENASA, evidenciaron autorización no pertinente según género del afiliado: afiliado masculino con consulta especializada de ginecología, incumplimiento de los términos contractuales y evidencia de un comportamiento fraudulento de las autorizaciones, entre otros hallazgos”, indica el documento.
El órgano acusador sostiene que la compañía obtuvo acceso privilegiado a la red de prestadores, y que a partir de ese momento comenzó a registrar un incremento inusual en consultas generales, especialidades y servicios de telemedicina. Al verificar casos de manera aleatoria, varios afiliados negaron haber recibido las atenciones reclamadas a su nombre.
Además de las autorizaciones incompatibles con el género del usuario, el expediente documenta duplicidades de servicios y un crecimiento de facturación que no se correspondía con la población atendida. Estos patrones, concluye el Ministerio Público, formaban parte de un esquema diseñado para inflar reclamaciones y beneficiar a los imputados vinculados a Grupo Siulrod, quienes habrían logrado apropiarse de unos RD$15 millones mediante estas prácticas.
De acuerdo con el expediente, la empresa Grupo Siulrod S.R.L., RNC 132-16971-9, fue constituida el 20 de agosto de 2020, figurando como socios formales Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Luis Martínez Báez. Su objeto social abarcaba una amplia gama de actividades, desde servicios médicos y de telemedicina, hasta laboratorio clínico, venta de equipos, desarrollo de software, call center y orientación psicológica.
Aunque Rafael Luis Martínez Hazim no aparece como accionista en los registros mercantiles, la acusación establece que era quien se proyectaba públicamente como el dueño real de la compañía. En ese rol, según el Ministerio Público, también habría estafado USD$40,000 al ciudadano nigeriano Emmanuel Chinweoke Aja, ofreciéndole una supuesta alianza entre Siulrod/MyCare y su centro ECA Advanced Medical Center para la prestación de servicios de telemedicina.
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