CUBA: Presos políticos padecen hambruna, torturas y abusos

En Cuba, las personas vulnerables con padecimientos psiquiátricos cumplen condenas en centros generales, sin atención psiquiátrica, el Estado no les proporciona los medicamentos que necesitan, y son víctimas de abusos por parte funcionarios y de presos comunes, con la aquiescencia de los primeros.

En Prisoners Defenders hemos verificado que 62 de los 1.105 prisioneros políticos registrados en nuestra lista padecen trastornos de salud mental clínicamente diagnosticados. Estos 62 prisioneros políticos tienen dificultades de adaptación y son más vulnerables a padecer las consecuencias psicológicas y emocionales provocadas por el aislamiento familiar y social, lo que conlleva a que sufran cuadros de ansiedad que en muchos casos terminan en intentos o consumaciones de suicidio. Son muchos los casos de denuncias de familiares respecto a violaciones de derechos humanos contra este grupo vulnerable en prisión, y presentamos algunos a modo de doloroso ejemplo.

• El prisionero político Yosandri Mulet Almarales padecía trastornos mentales antes de entrar en prisión. No ha recibido tratamiento psiquiátrico ni el Estado le provee de sus medicamentos tras su detención y encarcelamiento. Detenido con 34 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 fue condenado a 10 años de privación de libertad por el supuesto delito de “sedición”, que cumplía en la Prisión 1580, en San Miguel del Padrón, La Habana. Yosandri se suicidó el pasado 26 de agosto al tirarse desde un puente justo antes de regresar de un permiso penitenciario. Ya había manifestado su intención de no regresar a prisión debido a su débil estado de salud mental. En 2022, ya había intentado quitarse la vida en la prisión Combinado del Este, pero el régimen cubano se negó a concederle la licencia extrapenal.
• Elizabeth León, madre de José Antonio Gómez León, prisionero de conciencia con trastornos de salud mental condenado a 7 años de prisión por el 11J, manifestó su temor por las posibles consecuencias de mantener en prisión sin tratamiento a presos con estas dolencias: “Solo nosotras, las madres, que nos duele que los hijos de nosotros pudieran pasar por lo mismo, estamos aquí denunciando a la dictadura”.
• El prisionero de conciencia Ismael Rodríguez González padece trastorno de la personalidad, bipolaridad y discapacidad cognitiva. No recibe tratamiento psiquiátrico ni el Estado le provee de sus medicamentos en prisión. Fue detenido con 25 años por participar en las manifestaciones 11 y 12 de julio de 2021 en Güira de Melena y condenado a 7 años de prisión por los delitos fabricados de “Desórdenes públicos” y “sabotaje”. Cumple sentencia en la Prisión Guanajay de Artemisa. Su estado es crítico: en su último permiso penitenciario pasó 3 días en estado catatónico, sin poder comunicarse ni realizar movimientos. El régimen cubano se niega a otorgarle la licencia extrapenal.
• El prisionero de conciencia Marlon Noval Alonso padece trastorno bipolar. No recibe tratamiento psiquiátrico ni el Estado le provee de sus medicamentos en prisión. Fue detenido con 24 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y condenado a 10 años por los delitos fabricados de “desórdenes públicos” y “sabotaje”, sentencia que cumple en la Prisión Guanajay, Artemisa. Marlon fue sancionado disciplinalmente en el penal después de que su madre grabase una llamada telefónica en la que él denunciaba los malos tratos recibidos por los funcionarios, confirmando el acoso y hostigamiento que sufre diariamente. Es víctima constante de abuso verbal por parte de los oficiales y otros presos comunes. Marlon tiene 2 hijos menores, una niña de 6 años y un niño de 4, a cargo de su abuela, sin recursos.
• El prisionero de conciencia Adrián Cao Tejera padece trastornos psiquiátricos, es epiléptico e hipertenso. No recibe tratamiento psiquiátrico ni el Estado le provee de sus medicamentos en prisión para sus dolencias. Tras un intento de suicidio en el que se tragó unos alambres, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia.  Fue detenido con 30 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y condenado a 3 años por los delitos fabricados de “atentado”, “desacato” y “desórdenes públicos”, sentencia que cumple en la Prisión Canaletas, Perico, Matanzas. Adrián continúa autolesionándose. Fue operado el pasado 19 de mayo debido a unos cortes que se hizo en el brazo como modo de protesta ante la negativa de las autoridades, por segunda vez, de otorgarle la libertad condicional. No solo se le niega la atención médica especializada y el régimen de mínima severidad, sino que la dirección penitenciaria ha comunicado a su familia que su autoagresión constituye una indisciplina grave, en represalia, se le han revocado todos sus beneficios penitenciarios. A tres meses de concluir su sentencia de 3 años de condena, la fiscalía le ha notificado, ahora, que tiene una multa de 3.500 pesos cubanos. De no pagarla, continuará en prisión hasta que salde dicho importe.
• El prisionero político Javier González Fernández padece trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada e insomnio crónico resistente, también denominado refractario, que es especialmente grave. Sin embargo, el Estado no le proporciona ni tratamiento médico ni los medicamentos para atenuar los síntomas de su enfermedad. Fue detenido con 34 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y condenado a 4 años de prisión por los delitos fabricados de “Desacato” y “Desórdenes públicos”, sentencia que cumple en la Prisión de Trabajos Forzosos Taco Taco, en San Cristóbal, Artemisa. Aun cuando la Comisión Médica de prisiones solicitó la licencia extrapenal para el preso político en diciembre de 2023, ésta le fue denegada por órdenes de la Seguridad del Estado. Además, previamente le han negado la libertad condicional por dos veces, lo que le llevó a realizar una huelga de hambre en noviembre de 2023. Su situación neurológica en el penal empeora gravemente sin medicamentos y sin las mínimas condiciones para tratar su patología.

La falta de alimentación, la nula atención médica y la negación de medicamentos son tres factores de tortura habitual para los prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. El preso de conciencia Nilo Abrahante Santiago, en una carta hecha pública el pasado 28 de mayo, describía cómo sus compañeros de prisión están en situaciones paupérrimas de peso debido al hambre:

“Los internos de esta cárcel están a punto de sufrir una grave enfermedad debido al hambre (…) yo, con 47 kilogramos [de peso] cuando mido 1,65 metros de estatura (…) Yohany Lázaro Ramos Cartaya, que midiendo 1,54 m apenas pesa 39 kilogramos (kg) (…) Javier Cárdenas González, de 1,78 m y solo 50 kg (…) Rolando Guerra Lombillo de 1,87 m y 58 kg; Joel Crespo Gutiérrez, de 1,62 m y 46 kg y Ángel Lázaro Castellano Ramírez, de 1,65 m y 46 kg (…) Liván Díaz Machado, Yonathan Delgado Traba, Bárbaro Oviedo Rosell y Wilber Luis Pérez, miden cerca de 1,75 m, pero no superan en ningún caso los 54 kg, un índice de masa corporal que se considera bajo para hombres de esa estatura”.

Unido a esta realidad de desnutrición, de hambruna en prisión, en Prisoners Defenders hemos verificado que 329 de los 1.105 prisioneros políticos padecen graves patologías que ponen en riesgo sus vidas. Destacamos algunos casos actualizados en agosto:

• El prisionero de conciencia Carlos Manuel Pupo Rodríguez, activista, coordinador nacional del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) padece de diabetes, hipertensión arterial, escabiosis y, recientemente, una isquemia cerebral. Fue detenido con 67 años (ha cumplido ya los 70), por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y condenado a 6 años por los delitos fabricados de “Desacato” y “Desórdenes públicos”, sentencia que cumplía en la Prisión Angola, San Antonio de los Baños, Artemisa. El pasado mes de febrero le denegaron el pase reglamentario que le correspondía por haber cumplido el tiempo requerido para ello. El 31 de agosto, fue ingresado de urgencia en el hospital de Artemisa después de haber sufrido una isquemia cerebral como consecuencia de una subida de tensión en el penal, donde no recibía ni asistencia médica ni fármacos para su tratamiento. No fue hasta esta situación, en la que casi muere, que el régimen cubano le otorgó la licencia extrapenal a Carlos Manuel Pupo Rodríguez el día 11 de septiembre pasado.
• El prisionero de conciencia Eddy Gutiérrez Alonso padece gastritis aguda y hepatitis B. No recibe asistencia médica ni el Estado le provee de sus medicamentos en prisión. Fue detenido con 23 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y condenado a 8 años por los delitos fabricados de “Atentado”, “Sabotaje” y “Desórdenes públicos”, sentencia que cumple en la Prisión de Trabajos Forzosos Ceiba 5, en Artemisa. El pasado mes de agosto el preso político ingresó en la enfermería de la prisión debido a que su estado de salud empeoró gravemente. El régimen cubano lo mantiene en prisión.
• El prisionero de conciencia Miguel Díaz Sosa padece de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). No recibe asistencia médica ni el Estado le provee de sus medicamentos en prisión. Fue detenido con 47 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y condenado a 8 años por los delitos fabricados de “Atentado”, “Desacato” y “Desórdenes públicos”, sentencia que cumple en la Prisión de Trabajos Forzosos aledaña a la Prisión de Guanajay, Artemisa. A pesar de la enfermedad crónica que padece en los pulmones, es obligado a realizar trabajo forzoso en prisión.
• El prisionero de conciencia Alexander Díaz Rodríguez padece cáncer de garganta en fase terminal, anemia y desnutrición severa. No recibe asistencia médica ni el Estado le provee de sus medicamentos en prisión. Fue detenido con 40 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y condenado a 5 años por los delitos fabricados de “Desacato” y “Desórdenes públicos”, sentencia que cumple en la Prisión de Trabajos Forzosos «el 25«, Pinar Del Río. Alexander ha pedido la licencia extrapenal pero no se la otorgan por ser «Contrarrevolucionario» (CR). Como Alexander ha afirmado, la Prisión de Trabajos Forzosos «el 25«, donde se encuentra, es un «verdadero campo de concentración”. Los presos no se pueden bañar debido a la falta de agua y apenas pueden cocinar por la falta de electricidad.

TORTURA Y ABUSOS

En Cuba se encuentran, como consecuencia de la persecución ideológica y de conciencia, y especialmente de las manifestaciones pacíficas de la población civil no política ocurridas el 11 de julio de 2021 y años posteriores, 1.105 personas condenadas penalmente. 117 de estas personas son mujeres. Estas mujeres son sometidas a tratos discriminatorios y abusivos, que incluyen violencia física, psicológica y negligencia médica, afectando su integridad física y emocional.

A modo de ejemplo, exponemos 6 casos de mujeres presas entre los más de 117 actualizados en nuestra lista en agosto 2024:

• La prisionera política Lizandra Góngora Espinosa padece fibroma uterino. No recibe asistencia médica ni el Estado le provee de sus medicamentos en prisión. Fue detenida con 41 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y condenada a 14 años por los delitos fabricados de “Atentado”, “Sabotaje” y “Desórdenes públicos”, sentencia que cumple en la Prisión de Trabajos Forzosos Los Colonos, en la Isla de la Juventud, al ser trasladada en marzo de 2023 desde La Habana donde residía con sus 5 hijos, 4 de ellos aún menores. Dicha prisión está separada de La Habana, donde residía con sus 5 hijos, por 90 km de mar más 57 km de tierra, y el traslado, alejándola de sus hijos menores se ejecutó para torturarla. En agosto de 2023, sus hijos menores tuvieron que viajar durante varios días para poder verla por primera vez en 5 meses, durmiendo durante el trayecto en el suelo de las paradas de autobús y en el barco. Sigue a la espera de que la operen de su fibroma uterino, aunque la doctora le ha indicado que “hay una cola de 1.300 personas para operarse” y que “más mujeres cubanas viven con un fibroma y, por ende, no le va a pasar nada”. Actualmente el régimen cubano mantiene incomunicada a Lizandra.
• La prisionera política Yilia Lucía Oramas García padece VIH y diabetes. No recibe asistencia médica ni el Estado le provee de sus medicamentos en prisión. Fue detenida con 35 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y condenada a 6 años por los delitos fabricados de “Atentado”, y “Resistencia”, sentencia que cumple en la Prisión de enfermos de VIH-Sida, San José de las Lajas, en Mayabeque. El pasado 21 de agosto Prisoners Defenders denunció su caso en redes sociales: Yilia salió de permiso carcelario (llamado, en Cuba, “salir de pase”) y se dirigió a su casa, a 5 horas de trayecto desde la prisión. Sin poder conseguir un transporte que llegara a tiempo dado el desastre absoluto de los servicios públicos, y privados en Cuba, Yilia se demoró en regresar. Por ello, el régimen cubano la castigó revocando por 2 años sus beneficios penitenciarios y fue trasladada al área de máxima severidad en la prisión Cuba-Panamá de Güines, en Mayabeque. Por ésta y otras denuncias en redes sociales, se logró que las autoridades penitenciarias cambiaran la medida punitiva de revocación de la totalidad de sus beneficios penitenciarios por la suspensión de dos visitas a su hogar.
• La prisionera política María Cristina Garrido Rodríguez padece sinovitis de rodilla. No ha recibido asistencia médica ni el Estado le provee de sus medicamentos en prisión. María Cristina, poeta y activista, fue detenida con 38 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y condenada a 7 años por el supuesto delito de “Atentado”, sentencia que cumple en la Prisión de mujeres de Occidente, El Guatao, en La Habana. Además de un proceso de detención plagado de torturas inhumanas, en prisión ha sido sometida a castigos, tortura, y a prohibiciones de visitas y llamadas de sus familiares.
• La prisionera política Gloria María López Valle padece trastornos de pánico con intentos de suicidio. No recibe tratamiento psiquiátrico ni el Estado le provee de sus medicamentos en prisión. Gloria María fue detenida con 47 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y condenada a 5 años por los supuestos delitos de “Desacato” y “Desórdenes públicos”, sentencia que cumple en la Prisión de Trabajos Forzosos El Caramelo, aledaño a la prisión El Guatao, en La Habana. Tras su encarcelación el régimen le arrebató a Gloria María la custodia de su hija menor de 11 años, Nathalie Álvarez López. El Departamento de Menores de la Seguridad del Estado es quien “atiende” a la niña, y la mantiene internada en la Filial San José de Mayabeque, por ser hija de una presa de conciencia. La ahora adolescente, lejos de sentirse protegida, ha sufrido bullying, ha sido víctima de robos, se le han impuesto castigos de extrema severidad y sufre acoso sexual por parte del personal gubernamental de la Filial San José Mayabeque. Por todo ello, Nathalie sufre ataques de pánico y también se ha intentado suicidar.
• La prisionera política Yéssica Coimbra Noriega padece hipertensión y depresión. No recibe tratamiento médico ni psiquiátrico, y el Estado no la provee de sus medicamentos en prisión. Yéssica fue detenida con 26 años por participar en las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, y condenada a 5 años por los supuestos delitos de “Desacato”, “Sabotaje” y “Desórdenes públicos”, sentencia que cumple en la Prisión de Trabajos Forzosos Ceiba 4, donde realiza trabajos forzosos para la agricultura del régimen. El pasado mes de febrero Yessica sufrió convulsiones mientras era sometida a dicho trabajo forzoso debido a que su presión arterial era muy alta por los golpes recibidos dentro del penal. En julio pasado, Yessica estuvo enferma con mucha fiebre y malestar, pero la agente de la prisión se negó a llevarla a la enfermería. También ha sufrido tendinitis debido al trabajo forzoso al que es sometida. En prisión ha sufrido todo tipo de abusos. Es intimidada y amenazada a diario. Teme por su vida y la de su familia.
• La prisionera política Yennys Artola del Sol es diabética, padece una cardiopatía y problemas en la columna vertebral. No recibe tratamiento médico ni el Estado le provee de sus medicamentos en prisión. Yennys fue detenida con 37 años por participar en las manifestaciones de agosto de 2022 en Nuevitas, Camagüey, y fue condenada a 8 años de prisión por el fabricado delito de “Propaganda enemiga”, sentencia que cumple en la Prisión de mujeres Kilo 5, en Camagüey. Es víctima de malos tratos, abuso, carencia de sus medicamentos y de alimentos. El pasado mes de mayo sufrió durante varios días dolores en su costado, lo que posiblemente se corresponda con un cólico nefrítico, pero no ha recibido atención médica alguna. Yennys Artola es madre de dos menores.