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Más de 300 familias que alegan ser estafadas con al menos 8 millones de dólares por una supuesta red encabezada por ingeniero Manuel Ledesma, se manifestó hoy frente a la Procuraduría General de la República, expresando su rechazo a la decisión judicial que sustituyó la prisión preventiva por medidas menos severas para varios de los imputados, y exigiendo la devolución de los fondos que aportaron.
Los denunciantes criticaron el manejo del caso por parte de los jueces, señalando que estas decisiones dañan “gravemente” la credibilidad de la justicia dominicana. Además, solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) que publique la lista de inmuebles confiscados durante la investigación, ya que en una audiencia el principal acusado afirmó que el órgano acusador retiene bienes por un valor estimado de 20 millones de dólares.
“Exigimos justicia con la devolución de lo robado. No es justo que estén liberando a los implicados, dejando al señor Manuel asumiendo la responsabilidad solo por un tiempo breve, para luego quedar en libertad y disfrutar del dinero que nos arrebataron”, denunció Fernanda Sena, una de las querellantes.
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Los manifestantes reclaman que los bienes confiscados por las autoridades sean utilizados para restituir el dinero perdido por los más de 300 afectados.
“Condenamos que se haya cambiado la prisión preventiva por arresto domiciliario para algunos de los imputados, como ocurrió con el hijo de Manuel Ledesma, quien presuntamente recibía dinero de las víctimas a través de una cuenta bancaria”, expresó Mario Pérez, otro de los manifestantes.