Más de RD$124 millones en estafa: envían a juicio a dos imputados por fraude financiero

SANTO DOMINGO .– El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra un hombre y una mujer acusados de cometer una estafa superior a RD$124 millones, en perjuicio de 192 personas, al acoger la acusación presentada por el Ministerio Público.

Los imputados son Gabriel Emilio Cáceres Araujo y Kristie Marie Cabral Romero, vinculados a los delitos de asociación de malhechores, estafa agravada, violación a la Ley del Mercado de Valores y lavado de activos.

Estructura fraudulenta

De acuerdo con el expediente, los acusados conformaron una estructura fraudulenta destinada a captar fondos del público mediante falsas ofertas de inversión rentable y segura, utilizando como fachada la sociedad comercial Pipschasers Capital, S.R.L.

Bajo esta representación, se presentaban como corredores de bolsa y representantes de fondos de inversión, logrando obtener más de RD$124,575,700.00, según detalla la acusación.

Quizas te interese: Richard Medina estima fraude en Senasa supera RD$15 mil millones

Tras valorar los elementos probatorios aportados por la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, junto a la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo, la jueza Yanibet Rivas, presidenta del tribunal, dispuso el envío a juicio de los procesados.

Contratos suscritos con las víctimas

El escrito del Ministerio Público establece que los contratos suscritos con las víctimas omitían información clara sobre el destino real de los fondos captados, lo que formaba parte del esquema de engaño.

Asimismo, se identificó un patrón de transferencias bancarias entre cuentas a nombre de los imputados o bajo su control, con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los recursos, que presuntamente fueron desviados para fines personales.

El órgano acusador sostiene que los hechos configuran los delitos de asociación de malhechores, estafa agravada, abuso de confianza, ejercicio ilegal de actividades del mercado de valores y lavado de activos, los cuales serán conocidos en la fase de juicio.

El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la persecución de los delitos financieros y el fortalecimiento del sistema de justicia, en cumplimiento de su mandato constitucional.