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Los escándalos que han sacudido al sistema educativo comprometen a sus autoridades con una evaluación más rigurosa que el desempeño de los profesores en las aulas. Por lo que se ha visto, se precisa de una exhaustiva depuración del cuerpo docente.
Esos profesores no aptos para ejercer la docencia tienen que ser separados del sistema e incluso en algunos, si hay méritos, ponerlos a disposición de la justicia. Si abruman los abusos sexuales que han salido a relucir atribuidos a profesores, los que por distintas razones se han silenciado deben ser alarmantes. Se conocen casos de dirigentes gremiales acusados hasta de falsificación de títulos.
Ahora está sobre el tapete el caso de la estudiante de 13 años que habría sido abusada por dos profesores de un plantel del municipio de Quisqueya, San Pedro Macorís.
Conjuntamente con el suceso circula la versión de que a familiares de la estudiante se les ofrecieron una cuantiosa suma de dinero para silenciar la supuesta violación. En ese escenario es más relevante la evaluación de desempeño docente, en la cual, en aras de la mejoría del sistema, no debería obviarse ningún detalle.
La politizada Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Acción Empresarial por la Educación (Educa) y otras entidades deberían acompañar a Educación en esa evaluación que se propone. El proceso debe abarcar todos los componentes que confluyen en el sistema educativo para sacar el mayor provecho.