Poder Judicial favorece aplicar medidas preventivas contra el acoso laboral y sexual

Las comisiones para la Igualdad de Género del Poder Judicial y del Protocolo de Actuación contra la Violencia, Discriminación y Acoso, junto a la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), realizaron una charla de sensibilización sobre el “Protocolo de Actuación contra la Violencia, Discriminación y Acoso del Poder Judicial.”

El objetivo de la actividad es fomentar un entorno laboral saludable, libre de hostigamiento, discriminación y acoso sexual, mediante la aplicación de medidas preventivas y respuestas efectivas a los casos que puedan presentarse.

La magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género, y la magistrada Vanessa Acosta, jueza de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y presidenta de la Comisión del Protocolo, pronunciaron las palabras de bienvenida, destacando la acogida de esta iniciativa de talleres de sensibilización a nivel nacional.

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Nancy Salcedo enfatizó que expertos laboralistas han calificado el acoso sexual laboral como una de las problemáticas más urgentes del siglo XXI que requiere atención inmediata. Por su parte, Vanessa Acosta subrayó la importancia de garantizar un entorno laboral seguro, respetuoso e inclusivo para todos.

El panel principal estuvo a cargo de la psicóloga María Magdalena Lugo Liriano, quien abordó el tema “Afecciones emocionales y psicológicas del acoso laboral y sexual.” La experta describió al acosador laboral como un “mentiroso profesional” e instó a establecer límites y tomar distancia. Advirtió que el acoso afecta no solo a la víctima, sino también a su entorno familiar, pareja e hijos, y detalló las consecuencias emocionales, psicológicas y físicas que genera, como miedo, ansiedad, depresión, desesperanza y daños a la salud física.

A través de una nota de prensa, recordó que la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial supervisa e informa sobre el cumplimiento de las acciones del Protocolo y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Dominicano. Este protocolo define el acoso laboral como agresión u hostigamiento reiterado contra un empleado, y el acoso sexual como cualquier orden, amenaza o presión para obtener favores sexuales, ejercida por alguien que abusa de su autoridad.

La Inspectoría General del Poder Judicial se encarga de recibir y gestionar denuncias relacionadas con discriminación, violencia y acoso laboral o sexual en el ámbito judicial.