Préstamos del Estado: la persistente carga de la deuda pública RD

En los últimos años, la República Dominicana ha enfrentado desafíos significativos, como la pandemia de COVID-19 y, para abordar estos problemas y sostener sus finanzas públicas, el Gobierno de 2020 a 2024 ha recurrido a una serie de préstamos internacionales.

Ante el tiempo de crisis sanitaria, que encerró el país y el mundo en marzo de 2020, estos préstamos fueron considerados como fundamentales para financiar proyectos y cubrir déficits en áreas críticas como la salud y la educación.

En el programa de investigación Reporte Especial con Julissa Céspedes, se presentó un reportaje en el que se detalló una serie de préstamos a los que ha recurrido el Gobierno para inyectárselos a ciertas áreas de desarrollo del país.

El economista Franklin Emilio Vásquez señala que cuando se está en una situación de crisis como la de 2020, “los préstamos que se hayan tomado en ese momento son todos válidos, no importa el gobierno que los haya tomado”.

Para hacerle frente a la situación a los efectos del coronavirus, el Poder Ejecutivo propuso dos préstamos: el 5062/OC-DR y 5066/OC-DR de fecha 20 de agosto de 2020. Estos fueron aprobados en el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de doscientos cincuenta millones de dólares cada uno, cuyo total ascendió a la suma de quinientos millones de dólares.

Este dinero fue utilizado para el financiamiento del Programa de Fortalecimiento de la Política Pública y Gestión Fiscal para la Atención de la Crisis Sanitaria y Económica causada por el COVID-19 y para el Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal del país.

Otro préstamo externo que recibió el Estado dominicano en el 2020 de parte del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, fue el 9144-DO. Este financiamiento fue suscrito el 28 de septiembre del año en cuestión, por un monto de 100 millones de dólares.

Con ese dinero, el Estado puso en marcha el programa de Política de Desarrollo en apoyo a la respuesta del país a la crisis del COVID-19, y se llevaron a cabo varias acciones, como el uso de procesos de emergencia para la compra y contratación de bienes, trabajos y servicios relacionados a la salud, la adopción de un Plan de Contingencia de COVID-19 para responder de manera rápida al incremento de casos positivos de la enfermedad, en la cual se contaba con 4,166 camas de aislamiento o camas covid.

Otra acción del Gobierno fue la creación de un fondo de asistencia solidaria temporal para empleados, llamado FASE, para proveer soporte a trabajadores formales vulnerables del sector privado. Asimismo, también se introdujo de manera temporal el “Programa Quédate en Casa” para entregar transferencias de emergencia a amas de casa.

De acuerdo con una publicación en la página web de la presidencia, el 8 de septiembre de 2021 el Tesorero Nacional, Luis Rafael Delgado Sánchez, expresó que esos programas contaron con grandes desembolsos, que haciende a los 84 mil 802 millones 667 mil 025 pesos.

El programa Fase, recibió un monto de 29 mil 361 millones 730 mil 311 pesos con 83 centavos. El programa Pa Ti obtuvo 3 mil 832 millones 140 mil pesos, y para el sector turismo mediante el denominado Fase Sector Turismo, se pagó 41 millones 201 mil 363 pesos con 89 centavos y para Quédate en Casa, fueron 51 mil 567 millones 595 mil 350 pesos.

Estos programas de ayudas sociales estuvieron vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020, y varios meses después la Tesorería Nacional informo que 14.3 millones de pesos aún estaban en espera de pagos para algunos beneficiarios.

De igual modo, otro préstamo fue el suscrito con la Corporación Andina de Fomento el 16 de marzo del 2021, por un monto de 300 millones de dólares. Este dinero sería utilizado para el financiamiento del programa de apoyo a la emergencia generada por la pandemia de la covid-19 que fue ejecutado por el Ministerio de Hacienda.

También, un préstamo fue representado por el Ministerio de Salud Pública, para la adquisición de 9 millones 999 mil 990 dosis de la vacuna para la prevención del covid-19, con una contraprestación de 119 millones 999 mil 880 de dólares.

Este contrato de préstamo fue blanco de críticas, ya que en el pliego de condiciones que establece la empresa la eximen de responsabilidad ante efectos secundarios o retrasos. El Gobierno dominicano se defendió aunque reconoció que “los contratos han sido suscritos en condición de desigualdad”.

Por otra parte, el 24 de enero de 2020, fue suscrito el contrato de préstamo 4692/OC-DR, entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo, por 70 millones de dólares.

El motivo de este préstamo, fue para el financiamiento del programa de mejoramiento de la educación y formación técnico profesional, con el fin de desarrollar habilidades de empleabilidad de los jóvenes.

De acuerdo con la Cámara de Diputados, de 2021 a 2023, el Estado dominicano tomó un total de 5 préstamos externos, para hacer frente a la pandemia del covid 19. El monto adeudado de estos empréstitos ascienden a un total de: 1 mil 19 millones 999 mil 880 dólares.

Buscando implementar nuevas tecnologías y procesos para mantener la competitividad en un panorama tecnológico que cambia constantemente, el Estado dominicano, contrató el préstamo 5297/OC-DR con el Banco Interamericano de Desarrollo, por un monto de 115 millones de dólares.

Ante esta cantidad de préstamos, expertos y economistas advierten que el elevado nivel de endeudamiento que actualmente posee el país, plantea riesgos para la sostenibilidad fiscal a largo plazo y sugiere una necesidad urgente de revisar la eficacia de estos préstamos y la transparencia en su uso.