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La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional mantuvo la prisión preventiva contra dos imputados del caso Búfalo, una red que alegadamente movilizó grandes cargamentos de drogas desde Suramérica (República de Colombia, Venezuela, hacia Puerto Rico, Estados Unidos y Europa hacia República Dominicana, a través de lanchas rápidas y barcos pesqueros.
El tribunal de alzada confirmó la medida de coerción contra Juan Henríquez Tavárez y Severiano Núñez Pichardo, estableciendo que no han variado los presupuestos que avalan la privación de libertad y que se mantiene latente el peligro de fuga.
En tanto que los jueces de esa sala aplazaron el conocimiento de recurso de apelación de medida de coerción interpuesta a los imputados Cristian Esteban Alcántara Javier e Isidoro Rotestán Clase, a los fines de que uno de ellos sea asistido por su abogado y para que otro sea trasladado al tribunal.
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El grupo fue arrestado durante operativo simultáneo desplegado por aire, mar y tierra, en las provincias Santo Domingo, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, La Romana y Samaná, por miembros del Ministerio Público; de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); con el apoyo del Ministerio de Defensa; Organismos de Inteligencia del Estado; la Agencia Antidrogas de E El Ministerio Público.
El 5 de octubre, el juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional declaró el caso complejo y dictó doce meses de prisión preventiva para ocho de los diez imputados en la operación Búfalo NK, acusados de formar parte de una red internacional de narcotráfico con ramificaciones en Colombia, Puerto Rico y la República Dominicana.
El juez Rigoberto Sena ordenó prisión preventiva para: Rafael Ynoa Santana (El Cojo), Isidoro Rotestan Clase, Juan Bolívar Hernández, José Antonio Toribio, Juan Henrique Tavarez, Severiano Núñez Pichardo, Robert Nicolás Acosta Adames y Cristian Esteban Alcántara Javier.
En tanto que a Germania Mercedes Natali Román y Maritza Flete Santana, el tribunal dispuso como medida cautelar, impedimento de salida y garantía económica de 500,000 y 200,000 pesos, respectivamente.