TSA anula fallo que ordenaba pago por terrenos en Cotubanamá

Los jueces de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) anularon la sentencia que ordenaba al Estado dominicano pagar un justiprecio a particulares por terrenos alegadamente expropiados dentro del Parque Nacional Cotubanamá, en el municipio de San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.

La decisión fue adoptada por los magistrados Antonio Sánchez Mejía y Úrsula Carrasco Márquez, con el voto disidente de la jueza María Guillermina Calderón Abreu.

El tribunal declaró inaplicable el plazo de un año establecido en el artículo 40 de la Ley 1494 para interponer recursos de revisión, tras acoger una excepción de inconstitucionalidad planteada por la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN).

A través de una nota de prensa, se informó que el TSA consideró que dicho plazo limita el acceso a la justicia en la defensa del patrimonio colectivo y que contraviene de manera frontal los artículos 6 y 16 de la Constitución.

En el proceso participaron como intervinientes forzosos la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Procuraduría General Administrativa.

El tribunal también determinó que la antigua Parcela 18 del DC 10/2 adquirió la condición de bien de dominio público, tras la declaratoria de Área Protegida mediante el decreto 722 de 1975.

Revocan sentencia

Con esta decisión, el TSA revocó la sentencia núm. 0030-03-2022-SSEN-00193, que había favorecido a Sonia Yolanda Cedeño Valdez y a la empresa Castillo Cedeño, SRL.

El tribunal consideró que dicha decisión estaba "seriamente cuestionada", ya que fue dictada sin que se conocieran procesos judiciales claves iniciados por el Estado que socavan la legalidad de los títulos.

Además, señaló que el justiprecio otorgado en 2022 se dictó sin convocar regularmente al Estado y sin tomar en cuenta que el saneamiento de la parcela se realizó sin considerar el decreto 722 de 1975.

Los jueces valoraron, asimismo, la existencia de múltiples demandas activas ante el Tribunal de Tierras de La Altagracia, interpuestas por el abogado del Estado, que desconocen la titularidad de los demandantes en justiprecio y sugieren la existencia de maniobras dolosas durante el proceso de saneamiento.

El TSA declaró regular y válido el recurso de revisión presentado por la DGBN y, en cuanto al fondo, revocó la sentencia núm. 0030-03-2022-SSEN-00193, al considerar seriamente cuestionado el derecho de propiedad sobre la Parcela 18 del DC 10/2, ubicada en San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.