La DGII llevó a cabo un allanamiento a las oficinas del Grupo Tremols Payero con la participación de 18 fiscales, 17 agentes investigadores, y 60 agentes policiales comandados por un coronel.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) sometió a la justicia al grupo empresarial Tremols Payero, por un supuesto fraude fiscal que ascendería a 9 mil 321 millones 700 mil pesos (RD$).

La DGII llevó a cabo un allanamiento a las oficinas del Grupo Tremols Payero con la participación de 18 fiscales, 17 agentes investigadores, y 60 agentes policiales comandados por un coronel.

Indicó que la defraudación en perjuicio del Estado dominicano asciende a 4 mil 127 millones 500 mil pesos, pero que al sumar los intereses asciende a 9 mil 321 millones 700 mil pesos.

Detalló que el caso es el fruto de la investigación realizada por la DGII al grupo Tremols Payero (“Tremols Group”, como se identifican en las redes sociales), comprendido hasta el momento por las siguientes personas físicas: Ramón Rafael Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Hervys Rafael Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Carmen Adela Tremols Cruz, Maritselly Cruz López, Néstor López Alcántara, Waskar Alberto González Payero, Amanda López Cuevas y Doris López Urbáez.

La DGII explicó que estas personas físicas se valieron del uso de varias sociedades comerciales para cometer el fraude. Entre razones comerciales están: Suplidores Generales Dominicanos, S.R.L. (Supligerdom), Licores y Bebidas del País, S.R.L. (LIBEPA), Bodegas de Iberia, S.R.L., Dominican Hotel Register Company, S.R.L. (DOTERCO), Licores y Bebidas Dominicanas, S.R.L. (LIBEDOM), Constructora Aspen, S.R.L., Inmobiliaria E.J.T., S.R.L., Licores Royal, S.R.L., entre otras.

Descripción de la DGII

La DGII indicó que la investigación se inicia cuando DGII, a través de sus mecanismos de control, detecta que algunas de las empresas del cártel Tremols Payero reportaban compras por valores multimillonarios a otras empresas que no tenían una estructura para realizar dichas ventas y que no guardaban relación con su actividad económica, determinándose que eran compras ficticias que tenían como propósito deducir esos gastos (ficticios) de la renta neta imponible y de esta manera dejar de pagar los impuestos correspondientes, para lo cual utilizaban facturas con Números de Comprobantes Fiscales (NCF) para simular el carácter ficticio de las operaciones así reportadas.

Señaló que la gran mayoría de las compañías utilizadas para las operaciones ficticias por valores multimillonarios no tenían capital de trabajo, no tenían patrimonio registrado, no reportaban ingresos significativos y no pagaban impuestos, no tenían planilla de personal fijo, no reportaban compras o importaciones que les permitieran justificar las ventas ficticias que realizaban a empresas del Grupo Tremols Payero u otras entidades inoperantes, que por su lado tampoco tenían una estructura para realizar estas operaciones y sus domicilios reportados eran falsos.

“Algunos de los propietarios o controladores de las compañías que supuestamente vendían mercancías a las empresas del Grupo Tremols Payero, admitieron que no tenían relación con estas últimas, que no vendían los productos indicados en las facturas falsas que se producían, que no habían autorizado el uso de sus Números de Comprobantes Fiscales (NCF) para tales operaciones, e incluso que sus empresas estaban sin operaciones”, precisó.

De acuerdo con la DGII, la estafa al Estado estaba de tal manera planificada que cuando la las autoridades fiscales pudieron descubrir que de una de estas compañías las operaciones eran trasladadas de inmediato a otra de las empresas del Grupo. Añadió que de esas operaciones informaban a algunas de las empresas con las que sí realizaban operaciones legítimas, y les explicaban que la nueva empresa era parte de “nuestro grupo empresarial y la estaremos utilizando para nuevas órdenes de compra”.

Según la investigación de la DGII, ee esta manera se burlaba el pago de Impuestos Sobre la Renta y el ITBIS. Pero las maniobras fraudulentas también estaban dirigidas a dejar de pagar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), que debe ser pagado al momento de la fabricación (destilación) lícita y habilitada de alcohol.

Las empresas del Grupo que estaban habilitadas para destilar alcohol eran Bodegas de Iberia y Licores Royal, que luego entregaban el producto a sus propias compañías distribuidoras.

Sin embargo, estas compañías distribuidoras, sin estar habilitadas para destilar, adquirían todos los insumos para la destilación y embotellamiento y en complicidad con otras empresas del Grupo se dedicaban a la destilación clandestina de alcohol, evadiendo el pago del ISC.

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