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Las autoridades de Cuba comenzaron a ejecutar un proceso de excarcelación que abarcaría a más de 2,000 personas privadas de libertad, presentado oficialmente como una medida de carácter humanitario y soberano en un contexto de tensiones con Estados Unidos.
Durante las primeras horas, familiares se congregaron en distintos centros penitenciarios de La Habana, donde se reportaron las primeras salidas de internos. Escenas de reencuentros, entre lágrimas y abrazos, marcaron la jornada en instalaciones como La Lima y la prisión conocida como 1580, en Guanabacoa.
Según información divulgada por el Partido Comunista de Cuba, la medida alcanza a diversos grupos, incluyendo mujeres, jóvenes, extranjeros y personas mayores. La selección de los beneficiarios, explicaron, responde a criterios como la conducta dentro de prisión, el tiempo cumplido de condena y condiciones de salud.
El anuncio coincide con la conmemoración de la Semana Santa, período en el que el sistema judicial cubano ha aplicado medidas similares en años anteriores. No obstante, las autoridades no han ofrecido detalles sobre la identidad de los liberados ni precisado si la medida incluye a personas consideradas presos políticos por organizaciones internacionales.
Diversos colectivos de derechos humanos, entre ellos Human Rights Watch, sostienen que en la isla permanecen encarceladas numerosas personas por motivos políticos. Estas organizaciones advierten que la exclusión de delitos vinculados a la autoridad en los beneficios de excarcelación podría dejar fuera a la mayoría de estos casos.
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Mientras tanto, el panorama se produce en medio de un renovado pulso político con Washington. El presidente Donald Trump ha endurecido su postura hacia el gobierno cubano, impulsando medidas que han impactado el suministro energético de la isla, ya afectada por apagones y escasez de combustible.
En paralelo, se han registrado recientes envíos de petróleo desde Rusia, lo que ha permitido aliviar parcialmente la situación energética. Sin embargo, el contexto económico y político sigue siendo complejo.
Organizaciones independientes señalan que, aunque ya se han documentado liberaciones en varias provincias, la mayoría correspondería a reclusos comunes. Cuestionan además que este tipo de medidas responda exclusivamente a razones humanitarias y sugieren que también podrían estar vinculadas a la reducción de costos del sistema penitenciario.
Hasta el momento, el gobierno cubano no ha ofrecido una respuesta detallada a las inquietudes planteadas por organismos internacionales sobre el alcance real de este proceso de liberación.
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