Santo Domingo vive una transformación silenciosa pero profunda: los expedientes dejaron de ser solo papeles archivados y las audiencias ya no ocurren exclusivamente en salas físicas. La justicia dominicana se está mudando al mundo digital, y con ese cambio llegan promesas de eficiencia, pero también advertencias serias sobre el riesgo de terminar con una “justicia sin rostro”, alejada del ciudadano. Esa es la alerta que lanza la jurista Laura María Hernández Román, y que merece ser analizada con rigor y desde una mirada patriótica que reclama una justicia moderna, sí, pero también cercana y humana.
De la Ley 339-22 a la justicia cotidiana: la brecha entre el texto y la práctica
La Ley núm. 339-22 reguló formalmente el uso de medios digitales en el sistema judicial dominicano, proclamando que la tecnología debe aportar celeridad, eficiencia y accesibilidad en favor de los usuarios, sin limitar la tutela judicial efectiva, como recoge el propio considerando sexto de la norma citado por El Caribe en su análisis sobre la digitalización judicial. En el papel, el país se alineó con una tendencia regional de modernización que busca acercar la justicia a la ciudadanía mediante servicios en línea, expedientes electrónicos y firma digital.
En la práctica, sin embargo, Hernández Román sostiene que esa promesa convive con plataformas inestables, reglas poco claras y formalismos digitales que terminan concentrando información y reduciendo el contacto humano con los tribunales, generando una justicia que funciona ágilmente para quien la administra, pero se vuelve opaca y desigual para quien acude a ella, como advierte en su columna crítica sobre la justicia digital. Su crítica no es a la tecnología en sí, sino a la forma en que se está gobernando ese ecosistema digital judicial.
Fallas técnicas y reglas opacas: cuando el sistema colapsa para el usuario
La jurista describe un panorama en el que las plataformas digitales que hoy sustentan la operación de los tribunales presentan fallas técnicas recurrentes, caídas del sistema y procesos poco transparentes. Según su análisis, estas herramientas —que deberían ser canales de servicio al ciudadano— están marcadas por reglas poco claras, trazabilidad insuficiente y procedimientos que el usuario común difícilmente puede comprender sin asistencia técnica especializada, como detalla en su advertencia sobre los riesgos de la digitalización judicial.
En ese contexto, abogados y ciudadanos terminan convirtiéndose en “administrados digitales” dependientes de decisiones automatizadas y centralizadas, sin acceso sencillo a la lógica detrás de las notificaciones, los plazos o la programación de audiencias. Hernández Román advierte que, si el sistema no garantiza mecanismos claros de verificación y corrección de errores, una simple falla de plataforma puede traducirse en una vulneración del derecho al debido proceso.
💡 ¿Sabías que? La propia jurista plantea que el sistema digital debería dejar una trazabilidad completa de cada movimiento, identificando posibles alteraciones o irregularidades, como se ha resaltado en el debate público sobre la digitalización judicial.
La falsa opcionalidad: cuando lo virtual deja de ser elección
Uno de los puntos más delicados del análisis de Hernández Román es la crítica a la supuesta “opcionalidad” del uso de herramientas digitales. La Ley 339-22 y el discurso institucional hablan de canales virtuales como alternativas, pero en la realidad de ciertas jurisdicciones, especialmente en el Distrito Nacional, la modalidad virtual se ha convertido en la regla de facto para diversas materias, con audiencias y trámites que solo se gestionan digitalmente o que, en la práctica, desincentivan la vía presencial, como expone El Caribe en su reflexión sobre la justicia sin rostro.
Esto tiene dos efectos preocupantes. Por un lado, traslada a los usuarios parte de los costos de la transición tecnológica: acceso a internet estable, dispositivos adecuados, desplazamientos a cabinas o centros de apoyo cuando no se cuenta con equipamiento propio. Por otro, agrava la brecha digital entre quienes pueden navegar con soltura el ecosistema judicial en línea y quienes, por edad, nivel educativo o condición socioeconómica, quedan rezagados frente a una justicia que ahora requiere competencias tecnológicas para ser ejercida plenamente, como advierte la jurista en su análisis de riesgos.
Aunque el Poder Judicial ha habilitado cubículos para audiencias virtuales precisamente para combatir esta brecha, como resalta una crónica institucional sobre el Servicio Judicial, la crítica de Hernández Román recuerda que la verdadera opcionalidad no se mide por declaraciones, sino por la existencia de canales presenciales reales, accesibles y con calidad comparable.
Centralización del control digital: transparencia, publicidad y poder
Otro eje central de la advertencia de la jurista es la concentración de control dentro del ecosistema digital judicial. Hernández Román señala que decisiones vinculadas al Pleno de la Suprema Corte de Justicia y a la administración de las plataformas tecnológicas se toman desde un núcleo reducido, con escasa participación de usuarios externos y sin controles independientes robustos sobre tiempos de respuesta, caídas del sistema y trazabilidad de notificaciones, como se detalla en el análisis de riesgos publicado en El Universal Digital.
En su columna en El Caribe, advierte que la arquitectura digital actual fomenta una opacidad estructural: la tecnología no se despliega primariamente como servicio al usuario, sino como instrumento de centralización informativa y control discrecional del proceso judicial, como argumenta en su reflexión sobre la opacidad en la justicia digital. Este tipo de diseño puede erosionar principios fundamentales como la publicidad de los procesos, la transparencia en la gestión de expedientes y la rendición de cuentas sobre cómo se priorizan o se retrasan las causas.
Mientras desde el Poder Judicial se subraya que herramientas como el Sistema de Gestión de Casos (SGC), la firma digital y el expediente electrónico han aumentado la transparencia y acceso a la información, permitiendo a los ciudadanos consultar sus expedientes en línea y seguir el estado de sus casos, como destaca el análisis de Henry Molina sobre los avances y desafíos de la digitalización, la reflexión de Hernández Román introduce una pregunta clave: ¿transparencia para quién? Si los datos son más visibles para el sistema, pero no más comprensibles ni más controlables por el ciudadano, la digitalización puede terminar reforzando asimetrías de poder.
¿Más eficiencia o más retrasos? El examen de la celeridad real
La narrativa institucional suele destacar que la digitalización ha reducido tiempos de respuesta, ha facilitado la firma de documentos y ha acelerado la tramitación de causas. Por ejemplo, al cierre de 2023 se habían digitalizado 942,224 expedientes, equivalentes al 66.71 % de la meta anual, lo que se ha presentado como un avance significativo en la agilización de procesos y la gestión de archivos, según los registros del Poder Judicial publicados en El Nuevo Diario.
Sin embargo, Hernández Román contrasta ese discurso con la experiencia concreta de usuarios que siguen enfrentando retrasos en audiencias, decisiones judiciales y notificaciones, pese al despliegue tecnológico. A su juicio, la digitalización no ha reducido los tiempos de respuesta en la medida prometida, y en algunos casos incluso ha agregado capas de formalismo y complejidad que ralentizan en vez de acelerar, como advierte en su análisis sobre los desafíos del sistema digital.
📊 Expedientes digitalizados: 942,224 expedientes judiciales digitalizados en 2023, equivalentes al 66.71 % de la meta anual, según registros oficiales del Poder Judicial.
La tensión entre indicadores de gestión que muestran avances y la percepción ciudadana de retrasos revela que la eficiencia no puede medirse solo por volumen de expedientes digitalizados o número de servicios en línea, sino por la capacidad real del sistema de reducir tiempos de espera, resolver conflictos y garantizar seguridad jurídica.
“Justicia sin rostro”: la tecnología como riesgo para la inmediación y el acceso equitativo
El concepto de “justicia sin rostro” que plantea Hernández Román merece una atención especial. La jurista aclara que no se refiere al “juez sin rostro” propio de jurisdicciones de excepción —utilizado en casos de terrorismo o crimen organizado—, sino a una opacidad estructural inducida por la arquitectura digital que separa al ciudadano del juez y convierte la experiencia judicial en un proceso despersonalizado, como explica en su columna en El Caribe.
Para la autora, una digitalización mal gestionada puede terminar alejando a los ciudadanos del sistema de justicia y debilitando principios esenciales como la inmediación procesal —el contacto directo entre juez, partes y pruebas— y el acceso equitativo. Su frase es contundente: “Una justicia sin rostro no es más eficiente; es simplemente menos justicia”, advertencia que ha sido difundida por medios nacionales.
En un país donde ya se han señalado problemas estructurales de precariedad de recursos y sobrecarga de casos, especialmente en materia de corrupción, como evidencia este reportaje audiovisual sobre el colapso judicial, la advertencia de Hernández Román es que la tecnología, lejos de resolver por sí sola esas carencias, puede agregar un nuevo tipo de distancia: la del ciudadano frente al sistema que debería proteger sus derechos.
Propuestas de gobernanza digital: cómo evitar que la justicia pierda su rostro
Lejos de plantear una postura tecnófoba, Hernández Román formula propuestas concretas para reorientar la digitalización judicial hacia un modelo de servicio al usuario y de respeto a principios constitucionales. Entre sus planteamientos se destacan, según su columna de recomendaciones en El Caribe:
- Reglamentación participativa: incorporar mecanismos de consulta abierta y participación de abogados, usuarios y expertos independientes en el diseño y actualización de las normas que rigen las plataformas digitales y los procedimientos virtuales.
- Auditorías externas e independientes: someter el portal judicial y los sistemas asociados a auditorías periódicas de tiempos de respuesta, caídas, calidad de notificaciones y seguridad, con publicación de resultados en cumplimiento del principio de publicidad.
- Garantía efectiva de opciones presenciales: asegurar que la virtualidad sea verdaderamente opcional, con canales presenciales funcionales y equivalentes, especialmente en el Distrito Nacional y en materias que actualmente se manejan casi exclusivamente en línea.
- Estándares centrados en el usuario: medir el desempeño del sistema digital no por el cumplimiento interno de indicadores administrativos, sino por la resolución efectiva del problema del usuario, alineando la evaluación con metodologías como el Índice de Servicios Judiciales en Línea del CEJA.
Estas propuestas se articulan con diagnósticos previos de la comunidad jurídica dominicana, que han insistido en la necesidad de capacitación transversal de jueces, secretarios, abogados y personal auxiliar, equipamiento adecuado y adaptación móvil de los sitios web para una navegación ágil y segura, como ha documentado el análisis de Jiménez Peña Abogados sobre la Visión Justicia 20/24.
Hacia una justicia digital dominicana con rostro, voz y servicio
La digitalización judicial en República Dominicana es una realidad irreversible. Acelerada por la crisis sanitaria de 2020 y respaldada por planes estratégicos como Visión Justicia 20/24, ha permitido mantener la administración de justicia en circunstancias críticas, habilitar servicios en línea, implementar firma electrónica y avanzar en la virtualización del expediente judicial, como describe la crónica sobre la transformación digital en el Poder Judicial.
Pero el aporte de Laura María Hernández Román es recordarnos que la modernización tecnológica, sin una gobernanza democrática, transparente y centrada en el usuario, puede terminar alejando precisamente a quienes más necesitan de un sistema judicial accesible: los ciudadanos de a pie, los abogados de provincia, las personas con menos recursos tecnológicos, los actores sociales que ven en los tribunales su último recurso de protección.
Defender una justicia digital con rostro es, en el fondo, reclamar un Poder Judicial moderno que no renuncie a la inmediación, que combine expediente electrónico con audiencias donde el juez vea y escuche a las partes, que garantice opciones presenciales reales y que use la tecnología como puente, no como muro. Se trata de exigir que cada clic, cada firma digital y cada notificación electrónica acerquen la justicia al pueblo dominicano, en vez de esconderla detrás de pantallas y protocolos incomprensibles.
La transición digital es una oportunidad histórica para fortalecer la justicia dominicana. El reto es que, en ese proceso, la justicia no pierda su rostro, su voz ni su compromiso con el acceso equitativo. Que sea, al mismo tiempo, eficiente y humana; tecnológica y cercana; moderna y profundamente dominicana.
¿Cómo imaginas tú una justicia digital dominicana que te sirva de verdad, sin perder el rostro humano que esperas encontrar cuando reclamas tus derechos?
Referencias
El Caribe: Una justicia sin rostro
El Universal Digital: Jurista advierte riesgos de una justicia sin rostro ante proceso de digitalización judicial
Henry Molina: La digitalización en la justicia dominicana: avances, desafíos y su impacto en el sistema judicial
Revista Contacto: Transformación digital en el Poder Judicial dominicano
Jiménez Peña Abogados: Transformación digital de la justicia
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