Las niñas dominicanas están demostrando en las aulas una capacidad que merece reconocimiento nacional: completan la educación secundaria en una proporción notablemente mayor que los varones. Pero ese avance educativo convive con una realidad que no puede ignorarse: la violencia, el embarazo adolescente, las uniones tempranas, la falta de condiciones adecuadas durante la menstruación y las normas sociales restrictivas todavía limitan el desarrollo pleno de muchas niñas y adolescentes.
Un logro educativo que merece orgullo
Según el análisis de UNICEF sobre la situación de niños, niñas y adolescentes en la República Dominicana desde la perspectiva del sexo y las normas sociales, el 71.4 % de las adolescentes completa el segundo ciclo de secundaria, frente al 51 % de los varones. La diferencia revela un desempeño escolar femenino significativo y confirma que las niñas dominicanas están aprovechando las oportunidades educativas cuando cuentan con acceso y condiciones para permanecer en el sistema.
📊 Terminación de secundaria: el 71.4 % de las adolescentes completa el segundo ciclo, frente al 51 % de los varones, según los datos difundidos por Diario Libre sobre logros educativos de adolescentes dominicanas.
Este resultado tiene una importancia que va más allá de las estadísticas escolares. Terminar la secundaria puede ampliar las posibilidades de acceder a estudios superiores, incorporarse posteriormente al mercado laboral y tomar decisiones con mayor autonomía. También fortalece la capacidad de las adolescentes para construir un proyecto de vida distinto al que históricamente les fue impuesto por la pobreza, la desigualdad o las expectativas sociales sobre el papel de las mujeres.
Sin embargo, aprobar cursos y llegar al final de la secundaria no significa que todas las niñas estudien en igualdad de condiciones. La permanencia escolar puede verse afectada por responsabilidades domésticas, dificultades económicas, discriminación, falta de transporte, violencia y ausencia de servicios adecuados de salud e higiene.
El embarazo adolescente sigue siendo una barrera
La República Dominicana registra 53 nacimientos por cada 1,000 adolescentes de entre 15 y 19 años, de acuerdo con los datos divulgados sobre el informe de UNICEF. Esta situación puede interrumpir la trayectoria educativa y reducir las oportunidades de las adolescentes, especialmente cuando la maternidad ocurre en contextos de pobreza, dependencia económica o falta de apoyo familiar.
El problema no debe abordarse únicamente como una responsabilidad individual. El embarazo adolescente está relacionado con el acceso desigual a información, servicios de salud, educación sexual, métodos anticonceptivos y redes de protección. También puede estar vinculado a relaciones desiguales de poder, violencia sexual o uniones tempranas.
La política pública dominicana reconoce esa complejidad. La Política de Prevención y Atención a las Uniones Tempranas y el Embarazo en Adolescentes, promovida con horizonte hasta 2030, busca coordinar acciones estatales para prevenir, reducir y atender las vulneraciones de derechos asociadas a estos fenómenos. UNICEF explica que esa política unificó y fortaleció esfuerzos previos, incluido el plan nacional orientado a reducir los embarazos en adolescentes, según la documentación oficial de UNICEF sobre prevención de uniones tempranas y embarazo adolescente.
La existencia de una política nacional representa un avance, pero su eficacia depende de que llegue a las comunidades y se traduzca en servicios concretos. La prevención requiere escuelas que orienten sin estigmas, centros de salud accesibles, acompañamiento a las adolescentes embarazadas y mecanismos que eviten que una joven abandone definitivamente sus estudios.
La violencia marca sus trayectorias
El informe también presenta una advertencia contundente: más de tres cuartas partes de las adolescentes reportan haber vivido algún tipo de violencia durante su infancia y adolescencia, mientras que casi la mitad refiere abusos en el entorno escolar. Además, las niñas y adolescentes de 10 a 19 años presentan la mayor prevalencia de agresión sexual dentro de la población infantil y adolescente.
Estas cifras muestran que el éxito académico no puede utilizarse como indicador único de bienestar. Una estudiante puede avanzar en la escuela y, al mismo tiempo, vivir miedo en su hogar, sufrir acoso en el aula o enfrentar agresiones en su comunidad. La protección integral exige que las instituciones detecten las señales de violencia, actúen con rapidez y eviten responsabilizar a las víctimas.
La violencia también tiene efectos educativos. El temor, la ansiedad, las ausencias, la pérdida de concentración y la necesidad de cambiar de domicilio o de escuela pueden afectar el rendimiento y la continuidad escolar. Cuando el agresor pertenece al entorno familiar, comunitario o escolar, la niña puede quedar atrapada entre la dependencia y el silencio.
El propio sistema de protección enfrenta retos amplios. UNICEF reportó que en 2023 el Ministerio de Educación registró 4,059 casos de uniones tempranas, mientras que la violencia como método de crianza afectaba al 63.5 % de los niños y niñas de 1 a 14 años, según el análisis sobre violencia infantil en República Dominicana publicado por UNICEF.
Menstruación y permanencia escolar
La falta de apoyo para gestionar la menstruación también impone una barrera menos visible, pero concreta. Una de cada cuatro adolescentes de 15 a 19 años ha faltado a la escuela, al trabajo o a actividades sociales durante la menstruación, debido a la falta de condiciones adecuadas y acompañamiento.
La ausencia de productos de higiene, agua, privacidad, baños seguros o información confiable puede convertir un proceso natural en una causa de exclusión. Cuando las faltas se repiten, la adolescente puede perder clases, atrasarse en sus tareas y desconectarse de sus compañeras y profesores.
Garantizar la gestión menstrual digna requiere infraestructura escolar, educación y apoyo institucional. No se trata de un asunto secundario: la posibilidad de asistir regularmente a clases forma parte del derecho a la educación y de las condiciones necesarias para que los avances registrados en la terminación de secundaria sean sostenibles.
La prohibición del matrimonio infantil cambió el marco legal
Uno de los avances normativos más importantes fue la aprobación de la Ley 1-21, que modificó el Código Civil y prohibió el matrimonio de personas menores de 18 años. La legislación eliminó las excepciones que permitían matrimonios infantiles y estableció que solo pueden casarse quienes hayan cumplido la mayoría de edad y cuenten con capacidad legal, según el texto publicado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo sobre la Ley 1-21.
La prohibición tiene un valor protector evidente. El matrimonio infantil puede interrumpir la educación, aumentar la dependencia económica y exponer a las niñas a violencia, embarazos tempranos y aislamiento. Al establecer una edad mínima uniforme, el Estado reconoce que ninguna menor debe ser incorporada legalmente a una relación matrimonial antes de alcanzar la adultez.
Pero la ley no elimina por sí sola las uniones informales ni las causas sociales que las producen. Una adolescente puede no estar casada legalmente y, aun así, vivir en una unión temprana, abandonar la escuela o asumir responsabilidades adultas. Por eso, la aplicación de la norma debe acompañarse de prevención comunitaria, protección frente a la violencia, oportunidades económicas para las familias y servicios especializados para las adolescentes en riesgo.
Desigualdades que exigen respuestas diferenciadas
Los desafíos no afectan a todas las niñas de la misma manera. El análisis de UNICEF señala que las niñas rurales, migrantes y con discapacidad enfrentan barreras adicionales para acceder a oportunidades y protección.
Una política uniforme puede resultar insuficiente cuando las condiciones de vida son distintas. En las zonas rurales pueden pesar la distancia a los centros educativos, el transporte y la falta de servicios especializados. Las niñas migrantes pueden enfrentar obstáculos documentales, discriminación o temor a acercarse a las instituciones. Las niñas con discapacidad requieren accesibilidad física, apoyos pedagógicos y mecanismos de denuncia adaptados a sus necesidades.
La respuesta pública debe integrar educación, salud, justicia, protección social y gobiernos locales. También necesita datos desagregados que permitan saber quiénes quedan fuera, dónde ocurre y qué barreras impiden el acceso. Sin esa información, los programas corren el riesgo de beneficiar principalmente a quienes ya tienen mejores condiciones.
Convertir los avances en oportunidades reales
La República Dominicana tiene razones para celebrar el desempeño educativo de sus niñas. La diferencia en la terminación de secundaria demuestra que, cuando existen oportunidades, ellas pueden avanzar y superar resultados tradicionalmente atribuidos a los varones. Ese logro merece ser protegido, ampliado y convertido en mejores oportunidades de formación, empleo y participación social.
La siguiente tarea es garantizar que ningún avance escolar conviva con la desprotección. La prevención del embarazo adolescente, la aplicación efectiva de la Ley 1-21, la respuesta frente a la violencia, la educación sexual integral, la gestión menstrual digna y el acompañamiento a las adolescentes deben funcionar como partes de una misma estrategia.
Proteger a las niñas dominicanas no es únicamente asistirlas cuando ocurre una vulneración. Es asegurar que puedan estudiar sin miedo, crecer libres de violencia, decidir sobre su futuro y desarrollar sus capacidades en condiciones de igualdad. El país ya cuenta con logros educativos y herramientas legales importantes; ahora debe sostenerlas con instituciones coordinadas, presupuestos suficientes y una sociedad dispuesta a cuestionar las normas que reducen las oportunidades de sus niñas.
Referencias
UNICEF: Política de prevención y atención a las uniones tempranas y el embarazo en adolescentes
Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo: Ley núm. 1-21 (prohibición del matrimonio infantil)
Diario Libre: Las adolescentes dominicanas completan la secundaria en mayor proporción que los varones
UNICEF: Análisis sobre violencia infantil en República Dominicana
CONANI: Preguntas frecuentes sobre uniones tempranas y embarazo adolescente
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