Desafíos y soluciones para el transporte en República Dominicana: análisis experto desde Unapec

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Santo Domingo se mueve cada día entre el afán de llegar a tiempo y la realidad de un sistema de transporte que se quedó pequeño frente a una ciudad que no deja de crecer. En ese contexto, universidades como Unapec han decidido sentar en la misma mesa a técnicos, legisladores y ciudadanos para hacerse una pregunta clave: ¿cómo logramos que moverse en República Dominicana deje de ser un riesgo y se convierta en un derecho accesible y seguro para todos?

Unapec como espacio de reflexión sobre la movilidad dominicana

La Universidad APEC (Unapec), a través de su Facultad de Humanidades y Derecho, organizó en 2026 el conversatorio “Retos del transporte en República Dominicana”, con la participación del ingeniero especialista en transporte Federico Milciades Pérez Polanco y del diputado Tobías Crespo, representante de la circunscripción 2 del Distrito Nacional, bajo la moderación de Alejandro Moscoso Segarra, exjuez de la Suprema Corte de Justicia y decano de la Facultad de Derecho. El evento fue reseñado ampliamente por El Nuevo Diario, que destacó el enfoque multidisciplinario del debate.
El rector Erik Pérez Vega enfatizó en la apertura que la movilidad y el transporte no son solo asuntos técnicos, sino dimensiones que impactan directamente la educación, la productividad y la calidad de vida de los dominicanos.

Desde ese enfoque, la universidad se posiciona como un actor que impulsa el debate informado: la necesidad de educación vial desde la escuela, la urgencia de un transporte público eficiente y el deber de planificar el crecimiento del parque vehicular con visión de largo plazo, especialmente en áreas de alta presión como el Gran Santo Domingo, Santiago y polos turísticos como Punta Cana y Bávaro.

Un parque vehicular que crece más rápido que las calles

Uno de los diagnósticos más preocupantes expuestos por el diputado Tobías Crespo es el crecimiento sostenido del parque vehicular. Según sus estimaciones, en República Dominicana se incorporan cada año más de 60,000 vehículos y alrededor de 200,000 motocicletas, lo que supone un aumento entre 4 % y 5 % anual. El tema fue abordado en un reportaje de El Día sobre la reducción de vehículos particulares.
Ese ritmo de incorporación de vehículos ocurre mientras la infraestructura vial —calles, avenidas, sistemas de transporte masivo— no crece a la misma velocidad, generando un desequilibrio que se traduce en congestionamientos recurrentes, mayor contaminación y pérdida de horas productivas.

Informes recientes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) muestran que el parque vehicular superó los 5.8 millones de unidades para 2023 y se acercó a los 6.2 millones en 2024, con tasas de crecimiento en torno al 6 % anual, y con más de la mitad de ese parque compuesto por motocicletas, según el informe oficial de la DGII para 2024.
La combinación de más vehículos, vías limitadas y un modelo de movilidad centrado en el automóvil particular crea las condiciones perfectas para que el tránsito se vuelva una fuente diaria de frustración y riesgo.

📊 Crecimiento del parque vehicular: más de 5.8 millones de vehículos en 2023 y más de 6.1 millones en 2024, con un crecimiento acumulado superior al 25 % en apenas cuatro años, de acuerdo con el Informe Nacional de Seguridad Vial 2023 del Opsevi–Intrant.

Dependencia del vehículo privado y necesidad de un sistema integrado

Para el ingeniero Federico Pérez Polanco, quien dirigió la antigua Oficina Nacional de Transporte Terrestre (Onatrate) en 1978, el problema no puede abordarse solo ampliando vías: es indispensable cambiar el modelo de movilidad. En el conversatorio, Pérez Polanco subrayó que el país debe reducir progresivamente la dependencia del automóvil particular y apostar por un sistema de transporte público integrado, capaz de mover más personas utilizando menos espacio en las vías, como detalló en el análisis publicado por El Nuevo Diario.

Según datos citados por el especialista, de aproximadamente 3.1 millones de viajes diarios, los vehículos privados representan cerca del 41 %, una proporción que ejerce una presión desproporcionada sobre la infraestructura vial. Apostar por autobuses organizados, sistemas de trenes urbanos y soluciones complementarias como teleféricos y monorrieles no es una moda tecnológica: es una necesidad para que la ciudad funcione.

En paralelo, Crespo planteó que el país debe dejar atrás progresivamente el sistema informal de transporte conocido como “concho” y sustituirlo por un modelo organizado, regulado y articulado, con rutas claras, estándares de seguridad y un vínculo directo con las políticas públicas de movilidad, como propuso en su intervención recogida por El Día.

Hacia un transporte público moderno y articulado

El rector Erik Pérez Vega destacó su satisfacción por las inversiones en transporte colectivo en distintos puntos del país, como el monorriel de Santiago, la expansión de la Línea 2 del Metro de Santo Domingo y el proyecto de tren interurbano hacia Boca Chica, insistiendo en que estos avances deben estar acompañados de una planificación integral que responda al crecimiento de la demanda, según el reporte de El Nuevo Diario sobre el conversatorio.

En el caso del monorriel de Santiago, el Gobierno ha informado que el sistema tendrá alrededor de 13 kilómetros de recorrido, más cuatro kilómetros de patio-taller, con 14 estaciones y capacidad para unos 20,000 pasajeros por hora en cada sentido, con entrada en operación prevista para finales de 2026, en conjunto con la red de teleféricos y metro que ya se expande en el Gran Santo Domingo, de acuerdo con la cobertura de El Día sobre los proyectos de transporte.

Proyecto Ciudad Tipo de sistema Longitud aproximada
Monorriel Santiago Tren elevado 13 km + 4 km patios (El Día)
Línea 2C del Metro Santo Domingo Metro pesado Extensión puesta en servicio en 2026 (El Día)
Tren interurbano Santo Domingo–Boca Chica Tren ligero En fase de proyecto, orientado al corredor Este (El Nuevo Diario)

Estos proyectos no solo prometen reducir tiempos de desplazamiento: también representan una apuesta por un futuro donde el transporte colectivo sea sinónimo de dignidad, eficiencia y orgullo nacional.

Seguridad vial: una crisis que exige acción integral

Más allá del congestionamiento, el componente más duro del diagnóstico es la seguridad vial. En el conversatorio de Unapec, Tobías Crespo advirtió que República Dominicana ocupa el segundo lugar en América Latina y el quinto a nivel mundial en mortalidad por accidentes de tránsito, con cerca de 28 fallecimientos por cada 100,000 habitantes, equivalentes a unas seis muertes diarias, según el análisis de El Nuevo Diario sobre el alarmante panorama vial.

Estudios posteriores del Observatorio Permanente de Seguridad Vial (Opsevi) confirman que el país mantiene tasas alrededor de 27–28 muertes por cada 100,000 habitantes, duplicando la tasa mundial y ocupando la segunda posición en la región, solo detrás de Haití, como detalla un estudio reciente publicado por El Nuevo Diario.
Esto se traduce en más de 2,900 fallecidos por accidentes de tránsito al año, con un costo humano devastador y un impacto económico significativo.

📊 Tasa de mortalidad vial: alrededor de 27–28 muertes por cada 100,000 habitantes, una de las cifras más altas de América Latina, según el análisis de Acento sobre el costo humano y económico de los accidentes de tránsito.

En este contexto, las conductas de riesgo se vuelven determinantes: carreras ilegales, cruce de semáforos en rojo, exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol o drogas y el uso temerario de motocicletas. No se trata solo de infraestructura; se trata de cultura vial y cumplimiento de la ley.

Educación vial desde la escuela y en el trabajo

Una de las propuestas más fuertes surgidas del diálogo en Unapec fue elevar la educación vial a política de Estado. Crespo planteó incorporar la educación vial como asignatura obligatoria en todos los niveles educativos, considerando que la formación en normas de tránsito debe alcanzar a toda la ciudadanía y no solo a conductores profesionales o motociclistas, como enfatizó en su intervención recogida por El Nuevo Diario.

El rector Erik Pérez Vega reforzó esa visión al insistir en la necesidad de promover el manejo defensivo y la conciencia ciudadana desde la escuela, articulando esfuerzos con instituciones como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Educación para que la seguridad vial se convierta en parte natural de la formación de niños y jóvenes, como reseñó La Tierra de Mis Amores en su cobertura del evento.

Además, durante el conversatorio se propuso que empresas privadas desarrollen planes de seguridad vial laboral para prevenir accidentes tanto durante las jornadas de trabajo como en los desplazamientos entre el hogar y el centro laboral. Esa visión conecta la seguridad vial con la responsabilidad social empresarial y la protección de la clase trabajadora.

Fiscalización, sanciones y cultura de cumplimiento

Otro eje clave del debate fue el régimen de sanciones y la capacidad del Estado para hacer cumplir la ley. Los participantes coincidieron en que la fiscalización debe fortalecerse y las sanciones por infracciones graves deben ser más claras y efectivas.

Crespo señaló que el enfoque debe equilibrar educación, capacitación y concienciación con consecuencias reales para quienes violen la normativa, especialmente en casos de carreras ilegales, exceso de velocidad y conducción bajo efectos del alcohol o drogas, como subrayó en el conversatorio reseñado por El Nuevo Diario.
Incluso planteó que algunas infracciones de alta peligrosidad deberían acarrear consecuencias penales más severas y ser consideradas circunstancias agravantes cuando deriven en muertes por accidentes.

Al mismo tiempo, los informes del Defensor del Pueblo han advertido que la violación de la ley de tránsito figura entre las principales causas de muertes por accidentes, y que el país es uno de los más peligrosos del mundo para desplazarse, lo que refuerza la urgencia de un cambio profundo en la cultura de cumplimiento, como advierte el informe oficial del Defensor del Pueblo.

Impacto en la calidad de vida y orgullo por las soluciones en marcha

Todo este panorama se traduce en consecuencias tangibles para la vida cotidiana: horas perdidas en tapones, dificultades para acceder a servicios básicos, estrés diario en el manejo y un riesgo constante de siniestros. Pero el mensaje que emergió desde Unapec no es derrotista: es el de un país que reconoce sus problemas y está dispuesto a enfrentarlos con visión y responsabilidad.

El avance del Metro, la expansión de corredores de autobuses organizados, el despliegue de teleféricos y monorrieles, y el impulso de políticas nacionales de seguridad vial muestran que República Dominicana no se queda detrás en la conversación global sobre movilidad sostenible. Estos proyectos requieren inversión, planificación y tiempo, pero también generan un sentido de orgullo al ver cómo ciudades como Santo Domingo y Santiago empiezan a contar con infraestructuras que hace pocos años parecían lejanas.

La clave, como insistieron los expertos convocados por Unapec, será que estas obras se inserten en una estrategia integral: menos dependencia del vehículo privado, más transporte público de calidad, mejor educación vial, fiscalización efectiva y una cultura de respeto a la vida en las calles. En ese camino, la academia, el Estado y la ciudadanía tienen un rol compartido que, bien asumido, puede transformar el tránsito en República Dominicana de un problema crónico a un símbolo de modernización y compromiso con el bienestar colectivo.

¿Qué cambios estás dispuesto a hacer en tu forma de moverte y conducir para que las calles dominicanas sean más seguras para todos?


Referencias

Unapec reúne a especialistas para debatir los desafíos del transporte en República Dominicana – El Nuevo Diario
Se plantea reducción de vehículos particulares – El Día
Informe Parque Vehicular 2024 – DGII
Informe Nacional de Seguridad Vial 2023 – Opsevi–Intrant
Violación a ley de tránsito entre principales causas de muertes por accidentes en RD – Defensor del Pueblo


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