Diputado Pedro Martínez impulsa ley para eliminar exoneraciones en importación de vehículos a legisladores

Pedro Martínez

El diputado Pedro Martínez del Partido Alianza País ha presentado formalmente ante la Cámara de Diputados un ambicioso proyecto de ley que busca transformar la relación entre el Estado dominicano y sus legisladores, eliminando el régimen de exoneraciones impositivas para la importación de vehículos de uso privado y sustituyéndolo por un modelo de transparencia y austeridad. La iniciativa propone derogar la Ley No. 57-96 y la Ley No. 50, eliminando definitivamente un sistema que ha generado preocupaciones legítimas entre la ciudadanía dominicana. Durante años, las exoneraciones han permitido la importación de vehículos de alta gama, suntuosos y deportivos, incluyendo marcas de lujo como Bentley, Ferrari, Porsche y Lamborghini, que poco tienen que ver con las funciones legislativas y que frecuentemente terminan siendo comercializados en mercados secundarios.

El costo fiscal de este sistema ha sido considerable. Según datos de la Dirección General de Aduanas, el sacrificio fiscal por exoneraciones a legisladores y otros funcionarios ha superado los 3,690 millones de pesos en los últimos cinco años. Estos recursos representan dinero que el Estado deja de percibir y que podría destinarse a sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura.

La propuesta establece un modelo fundamentalmente diferente, basado en la asignación de vehículos utilitarios oficiales a cada senador y diputado durante el período de su mandato. Martínez enfatizó que el objetivo central es detener el drenaje de recursos públicos mientras se garantiza que los congresistas cuenten con las herramientas necesarias para ejercer sus funciones de representación, fiscalización y servicio social en las provincias que representan.

Características principales del proyecto
Los elementos centrales de esta iniciativa reflejan un compromiso genuino con la transparencia y la eficiencia fiscal:

Un plan de implementación ordenada
La propuesta establece un plan de dos fases que demuestra responsabilidad fiscal y administrativa. El Congreso deberá presupuestar la compra de la flota con un año de anticipación a la toma de posesión, asegurando que el cien por ciento de los legisladores cuenten con su herramienta de trabajo oficial en los primeros seis meses de su mandato. Este enfoque garantiza una transición ordenada sin sorpresas presupuestarias.

Para los legisladores que ya han importado vehículos bajo el régimen anterior, la ley establece disposiciones transitorias. Los vehículos importados previamente mantendrán su estatus jurídico hasta cumplir el plazo de restricción de transferencia. Sin embargo, una vez vencido ese plazo, no podrán optar por una nueva exoneración y quedarán sujetos al nuevo régimen de asignación de vehículos oficiales. Las solicitudes de exoneración en trámite al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley serían canceladas automáticamente, excepto aquellas que ya cuenten con manifiesto de carga en puerto dominicano.

El diputado Martínez ha recibido apoyo de diversos sectores legislativos. El senador Antonio Marte, entre otros congresistas, ha respaldado la iniciativa, reconociendo que la medida busca reducir privilegios y enviar una señal contundente de austeridad ante la ciudadanía. En las redes sociales y espacios públicos, personalidades como Roselvis Vargas han expresado su apoyo a la propuesta.

Es hora de que el Congreso Nacional dé ejemplo de racionalización y eficiencia del gasto público, ha sostenido el diputado Martínez. Su propuesta representa una sustitución equilibrada: un privilegio personal por una herramienta de trabajo regulada, transparente y adecuada a la geografía de las demarcaciones que los legisladores representan.

Esta iniciativa refleja la creciente demanda ciudadana por mayor transparencia y responsabilidad en la gestión de los recursos públicos. Al eliminar un régimen que ha permitido abusos y desvíos de recursos, el proyecto abre el camino para que el Estado dominicano invierta estratégicamente en áreas que impacten directamente la calidad de vida de todos los dominicanos y dominicanas. La propuesta de Martínez demuestra que es posible modernizar las instituciones públicas priorizando el bien común sobre los privilegios individuales.


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