El Poder Judicial Dominicano Avanza en la Protección contra el Acoso Laboral y Sexual
En un esfuerzo por fortalecer el entorno laboral y social, el Poder Judicial de la República Dominicana ha implementado varias iniciativas para combatir el acoso laboral y sexual. Estas medidas reflejan el compromiso de la institución con la creación de un ambiente de trabajo saludable, libre de hostigamiento, discriminación y acoso.
Protocolo de Actuación contra la Violencia, Discriminación y Acoso
Las comisiones para la Igualdad de Género del Poder Judicial y del Protocolo de Actuación contra la Violencia, Discriminación y Acoso, en colaboración con la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ), han llevado a cabo charlas de sensibilización sobre el "Protocolo de Actuación contra la Violencia, Discriminación y Acoso del Poder Judicial". El objetivo principal de estas actividades es fomentar un entorno laboral saludable, donde se aplican medidas preventivas y se brindan respuestas efectivas a los casos de acoso y discriminación que puedan surgir[3][4][5].
Liderazgo y Compromiso
La magistrada Nancy Salcedo, jueza de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y coordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género, y la magistrada Vanessa Acosta, jueza de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia y presidenta de la Comisión del Protocolo, han sido figuras clave en la promoción de estas iniciativas. Ambas magistradas han destacado la importancia de garantizar un entorno laboral seguro, respetuoso e inclusivo para todos, y han enfatizado la urgencia de abordar el acoso sexual laboral, calificado por expertos como una de las problemáticas más urgentes del siglo XXI[3][4].
Impacto Emocional y Psicológico
La psicóloga María Magdalena Lugo Liriano, en el panel principal de la charla, abordó el tema de las "Afecciones emocionales y psicológicas del acoso laboral y sexual". Lugo Liriano describió al acosador laboral como un "mentiroso profesional" y advirtió sobre la necesidad de establecer límites y tomar distancia. También detalló las consecuencias emocionales, psicológicas y físicas que el acoso genera, incluyendo miedo, ansiedad, depresión, desesperanza y daños a la salud física. Estas consecuencias no solo afectan a la víctima, sino también a su entorno familiar, pareja e hijos[3][4].
Mecanismos de Denuncia y Supervisión
La Inspectoría General del Poder Judicial se encarga de recibir y gestionar denuncias relacionadas con discriminación, violencia y acoso laboral o sexual en el ámbito judicial. Además, el Poder Judicial ha establecido un buzón electrónico exclusivo para denuncias de acoso y discriminación, facilitando a las víctimas un canal seguro y confidencial para reportar estos incidentes[2][3].
Compromiso Internacional
La Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial supervisa e informa sobre el cumplimiento de las acciones del Protocolo y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Dominicano. Este enfoque garantiza que las medidas adoptadas estén alineadas con los estándares internacionales de derechos humanos y género[3][4].
En resumen, el Poder Judicial Dominicano está avanzando significativamente en la protección contra el acoso laboral y sexual, demostrando un compromiso sólido con la justicia, la igualdad de género y el bienestar de todos los miembros de la comunidad judicial. Estas iniciativas no solo mejoran el entorno laboral, sino que también refuerzan la confianza en la institución y su papel en la sociedad dominicana.