Santiago amanece otra vez con voces que no se resignan. Desde el Cibao hasta la frontera con Haití, organizaciones populares y ambientales están trazando una línea clara: el país no puede seguir apostando a proyectos extractivos mientras sus comunidades viven sin agua, con caminos destruidos y obras básicas abandonadas. La denuncia ya no es aislada; forma parte de una ola nacional de resistencia social que, en los últimos años, ha ganado fuerza y legitimidad.
Un país que se moviliza contra el extractivismo
Las organizaciones que integran el Movimiento Unidos Somos Más, junto con la Coalición Ambiental del Noroeste y la Coalición de Organizaciones Populares del Cibao, han puesto sobre la mesa una crítica frontal al modelo de desarrollo que opera en la República Dominicana: un modelo que abre puertas a la minería y otros proyectos extractivos mientras cierra los ojos ante las carencias más elementales de las comunidades rurales y urbanas.
Esta denuncia se inserta en una dinámica que viene escalando. En 2025, por ejemplo, el conflicto en torno a la expansión de las operaciones de Barrick en Pueblo Viejo reactivó protestas en Sánchez Ramírez, donde residentes de Cotuí y comunidades vecinas advirtieron que el proyecto de modernización y extensión de la mina significaba reubicaciones forzosas, riesgos ambientales y una amenaza directa a su forma de vida, según relató un líder comunitario al diario español El País sobre el verdadero coste del oro en República Dominicana. La historia se repite en distintos puntos del mapa: avance de concesiones, falta de consulta real y comunidades convertidas en último muro de contención.
Comunidades entre la falta de servicios y el avance minero
Las organizaciones populares que se articularon en la rueda de prensa reseñada por La Tierra de Mis Amores describen un escenario conocido por muchas familias dominicanas: mientras se anuncian proyectos millonarios, las comunidades siguen esperando agua potable, caminos transitables y electricidad estable.
Entre las principales demandas que se repiten de provincia en provincia están:
- Acceso a agua potable segura y continua.
- Caminos vecinales y calles en buen estado, con aceras y contenes adecuados.
- Servicio eléctrico confiable, sin apagones constantes ni redes precarias.
- Conclusión de obras públicas esenciales, que suelen quedar paralizadas por años.
Este contraste entre inversión para proyectos de extracción y abandono de infraestructura básica no es un mero discurso. En diferentes zonas del país, desde La Vega y Pedro Brand hasta San Juan, las protestas por deforestación, manejo de residuos y minería comparten la misma anatomía: iniciativas de “desarrollo” que avanzan sin consulta comunitaria y comunidades obligadas a salir a las calles para exigir que se protejan sus territorios, como ha documentado el medio digital Acento sobre conflictos ambientales que movilizan comunidades.
📊 Carencia básica vs. proyectos millonarios: mientras se discuten expansiones mineras que prolongan operaciones hasta 2040 en Pueblo Viejo, residentes de zonas rurales continúan reclamando agua potable y caminos dignos, dos demandas que llevan décadas sin respuesta concreta, según reportes de medios nacionales e internacionales.
Santiago Rodríguez, Dajabón y Restauración: territorios en la mira
La voz de la dirigente Raquel Rivera, citada en el reportaje de La Tierra de Mis Amores, recoge una preocupación específica: la expansión de proyectos mineros y extractivos en provincias como Santiago Rodríguez, Dajabón y el municipio de Restauración, así como en áreas de las cordilleras Septentrional y Central.
Estas zonas no son cualquier lugar del mapa. El área fronteriza norte, que incluye parte de Dajabón y alrededores, ha sido señalada por estudios oficiales como un territorio especialmente vulnerable. Un informe sobre explotación minera y gestión de aguas del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo advierte que la frontera dominico-haitiana enfrenta problemas generalizados de contaminación del agua, manejo inadecuado de residuos sólidos y débil gobernanza para enfrentar los desafíos ambientales y del cambio climático, lo que aumenta el riesgo de conflictos por acceso al agua si se intensifican actividades extractivas en la zona, de acuerdo al documento técnico del MEPyD sobre minería y gestión de aguas disponible en su página institucional.
💡 ¿Sabías que? un estudio del propio Estado dominicano advierte que la minería en la franja fronteriza podría agravar la contaminación del agua y generar conflictos de uso del recurso, debido a la baja protección de cuencas y la débil gobernabilidad en esa región, según un informe del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo.
En la cordillera Septentrional, la tensión también es palpable. En los últimos años, unas 70 comunidades se han movilizado contra planes de exploración minera impulsados por el Ministerio de Energía y Minas, por temor a la destrucción de tierras agrícolas, bosques y redes hídricas clave para el Cibao. Líderes comunitarios han denunciado que se han explorado decenas de posibles sitios de extracción de oro sin consulta pública, lo que consideran una violación de sus derechos ambientales y comunitarios, según recogió el portal Business & Human Rights Resource Centre sobre rechazo a la exploración minera en el Cibao.
Un modelo de desarrollo que prioriza el oro sobre el agua
La crítica de las organizaciones populares va más allá de proyectos específicos: cuestiona el modelo de desarrollo que pone el énfasis en atraer inversiones extractivas, aun cuando ello implique riesgos para el agua, los bosques y la vida campesina.
En San Juan de la Maguana, por ejemplo, el proyecto minero Romero, impulsado por la empresa canadiense Goldquest, se convirtió en símbolo de esta tensión. Durante años, comunidades campesinas y sectores religiosos y ambientales protestaron bajo la consigna “Agua sí, oro no”, argumentando que la explotación metálica amenazaría la cuenca que abastece de agua a una región agrícola crucial. La presión social fue tan intensa que, en mayo de 2026, el presidente Luis Abinader anunció la suspensión del proyecto, destacando que, aunque no se había rechazado técnicamente, ya había perdido legitimidad social, como reseñó El País sobre la consigna “Agua sí, oro no” y el modelo minero dominicano.
Este caso ilustra un punto central de la denuncia de los movimientos sociales: cuando la población se organiza y defiende el agua, el bosque y la tierra, puede hacer retroceder proyectos que parecen inevitables sobre el papel. También desnuda la falta de integración de la minería en estrategias de desarrollo que realmente consideren las necesidades de las comunidades. Una evaluación internacional sobre la preparación de la República Dominicana para vincular minería y desarrollo sostenible concluyó que la actividad extractiva no está adecuadamente articulada a las políticas nacionales y locales, lo que impide optimizar beneficios sociales y económicos y genera una fuerte demanda de transparencia, según un estudio publicado por el International Institute for Sustainable Development.
Transparencia y participación: demandas que se vuelven bandera
Frente a este panorama, las organizaciones que se pronuncian desde Santiago y el Cibao plantean dos exigencias que se están volviendo comunes en todo el país: transparencia y participación ciudadana efectiva en las decisiones ambientales.
Transparencia implica abrir al escrutinio público:
- Los procesos de concesión y permisos ambientales.
- Las evaluaciones de impacto social y ambiental.
- La distribución de ingresos y beneficios de proyectos extractivos.
- Los acuerdos entre gobierno y empresas.
Participación efectiva significa que las comunidades:
- Sean consultadas de forma previa, informada y vinculante.
- Tengan acceso a información técnica en lenguaje comprensible.
- Puedan plantear alternativas y condiciones.
- Posean mecanismos reales para rechazar proyectos que amenacen su modo de vida.
Una muestra concreta de esta exigencia se ve en las acciones legales emprendidas por comunidades afectadas por Barrick Gold en Sánchez Ramírez. Con el apoyo de organizaciones como INSAPROMA, han presentado recursos de amparo para detener la construcción de una nueva presa de relaves, demandando revisión independiente de la seguridad de las presas, divulgación pública de resultados y moratoria de actividades que impacten el río Naranjo y sus ecosistemas, tal como reportó la organización MiningWatch Canadá sobre preocupaciones por la nueva presa de relaves de Barrick.
Lucha social, derechos fundamentales y el nuevo Código Penal
La denuncia contra proyectos extractivos no está aislada de otras formas de activismo. En el mismo ecosistema de organizaciones que defienden el agua, la tierra y la vida comunitaria se ha desarrollado una preocupación creciente por el impacto del nuevo Código Penal en la libertad de expresión y la protesta.
Integrantes del Movimiento Popular Los Peregrinos de Moca, un colectivo conocido por su participación en luchas sociales y ambientales, realizaron una vigilia en rechazo a disposiciones del nuevo Código Penal que consideran lesivas para el derecho a manifestarse y expresarse libremente, según el reportaje de La Tierra de Mis Amores. Esta acción se suma a los cuestionamientos de diversos sectores que temen que normas penales más restrictivas puedan utilizarse para criminalizar la protesta social, justo en momentos en que las comunidades se están organizando con más fuerza para enfrentar proyectos extractivos y exigir servicios básicos.
No se trata solo de minas o carreteras; es una defensa integral de derechos fundamentales:
- Derecho al agua y al medioambiente sano.
- Derecho a la tierra y al territorio.
- Derecho a participar en decisiones que afectan a la comunidad.
- Derecho a la libertad de expresión y protesta sin represalias.
La Comisión de Ecología Integral de Latinoamérica y el Caribe (Ceilac), vinculada al Celam, ha expresado su solidaridad con las comunidades de Cotuí y ha denunciado la violencia y represión en zonas mineras, pidiendo el retiro de tropas y el respeto a los derechos humanos. Esta voz regional reconoce que la lucha dominicana contra el extractivismo es parte de una resistencia más amplia en América Latina frente a proyectos que consumen enormes recursos naturales y dejan graves daños sociales y ambientales, según comunicó la plataforma ADN Celam sobre violencia y represión en comunidades mineras.
Orgullo por la resistencia dominicana
En este contexto, las denuncias que hoy surgen desde Santiago, el Cibao, el Noroeste y la frontera no son solo una lista de problemas: son expresión de una tradición de lucha comunitaria que se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Desde campesinos que caminan más de cien kilómetros hasta Santo Domingo para exigir reubicación digna lejos de una mina de oro, como documentó MiningWatch Canadá sobre la exigencia de reubicación inmediata de comunidades, hasta las consignas “Agua sí, oro no” en San Juan y las vigilias contra el Código Penal, la sociedad dominicana está demostrando que no se queda de brazos cruzados cuando siente amenazados sus derechos.
El reto ahora es que esa energía colectiva se traduzca en cambios estructurales: un modelo de desarrollo que ponga primero a la gente y a los ecosistemas, que garantice agua potable, caminos dignos y electricidad de calidad antes de abrir nuevas concesiones extractivas; y un marco legal que proteja, en lugar de limitar, la participación y la protesta social.
La lucha de estas comunidades no solo denuncia; también inspira. Es un recordatorio de que el futuro de la República Dominicana se juega en cada río defendido, en cada bosque que se preserva, en cada camino que se exige pavimentar y en cada derecho que se reclama en la calle, en una vigilia o en una rueda de prensa.
¿Qué papel crees que deben jugar las comunidades de Santiago Rodríguez, Dajabón y Restauración en decidir el futuro de los proyectos extractivos que se quieren instalar en sus territorios?
Referencias
El País: “Agua sí, oro no”: la consigna que puso en jaque el modelo minero de República Dominicana
MiningWatch Canadá: Comunidades en la República Dominicana exigen al gobierno reubicación inmediata
Acento: Deforestación, residuos y minería: conflictos ambientales que movilizan comunidades en el país
MEPyD: Minería y gestión de aguas internacionales en la República Dominicana
Business & Human Rights Resource Centre: Comunidades rechazan exploración minera en el Cibao
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