En las mañanas claras de la línea noroeste, cuando la bruma se levanta sobre las lomas de la cordillera Septentrional y el sol comienza a dibujar los contornos de Diego de Ocampo, cuesta imaginar que este paisaje de ríos, cafetales y pinares sea también escenario de una de las batallas ambientales más intensas de la República Dominicana. Pero es precisamente ahí, entre Santiago y Puerto Plata, donde comunidades, sacerdotes y ambientalistas han decidido trazar una línea firme: “aquí no se negocia el agua”.
Una cordillera clave para el agua y la vida
La cordillera Septentrional recorre el norte del país casi paralela a la costa atlántica y funciona como una gigantesca fábrica de agua para comunidades rurales y ciudades como Santiago y Puerto Plata. En sus laderas nacen numerosos arroyos y ríos secundarios que alimentan cuencas mayores, y de esa red hídrica dependen sistemas de acueductos, agricultura de montaña y pequeños sistemas de riego, según ha explicado el geólogo Osiris de León en entrevistas recogidas por medios nacionales como este reportaje de Diario Libre.
Uno de los puntos más emblemáticos de esta cadena montañosa es el área protegida de Diego de Ocampo, en la parte norte de Santiago. Se trata de un monumento natural creado para salvaguardar un ecosistema de bosque húmedo muy vulnerable, pero estratégico, que funciona como zona de recarga hídrica y refugio de flora y fauna endémica, según detalla el inventario de áreas protegidas del Ministerio de Medio Ambiente disponible en el portal oficial del Gobierno dominicano.
💡 ¿Sabías que? Diego de Ocampo, además de mirador natural de Santiago, forma parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y está bajo la categoría de monumento natural, lo que implica un régimen especial de protección según la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04.
Esa combinación de biodiversidad, producción de agua y función de escudo verde frente a la expansión urbana de Santiago explica por qué cualquier intento de introducir minería en la zona despierta tantas alarmas.
El conflicto: minería vs. defensa del territorio
El punto de partida del conflicto reciente en la cordillera Septentrional es la concesión de exploración minera otorgada a la empresa Vertrixi Holding SRL, autorizada por el Ministerio de Energía y Minas bajo la figura de permisos de exploración, de acuerdo con documentos oficiales citados por medios como la nota institucional de la Presidencia de la República. Las autoridades insisten en que estos permisos se limitan a estudios geológicos para identificar posibles yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, amparados en la Ley Minera 146-71, que faculta al Estado a autorizar exploraciones sin que ello implique automáticamente explotación.
Sin embargo, para las comunidades de la cordillera, esa diferencia entre exploración y explotación no es un detalle técnico, sino una línea de defensa. Acciones de amparo interpuestas ante los tribunales señalan que esos permisos afectan la zona de amortiguamiento del área protegida de Diego de Ocampo, lo que los opositores consideran violatorio de la Constitución dominicana, de la Ley General de Medio Ambiente 64-00 y de la propia Ley Sectorial de Áreas Protegidas, según ha explicado el abogado y ambientalista Winston Vásquez en declaraciones citadas por el portal local La Tierra de Mis Amores.
Los comunitarios sostienen que cualquier intervención minera en esa área podría representar una amenaza seria para los recursos naturales, especialmente las fuentes de agua que abastecen comunidades rurales entre Santiago y Puerto Plata, posición recogida por medios como el análisis de Diario 55 sobre el proceso judicial.
Marco jurídico: lo que la ley dice sobre minería y áreas protegidas
La lucha en la cordillera Septentrional no se limita a consignas; se sostiene en un entramado legal que las comunidades han aprendido a usar como herramienta de defensa:
- Constitución dominicana: consagra el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y obliga al Estado a prevenir la contaminación y proteger los recursos naturales, según el texto constitucional disponible en el portal de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.
- Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales: establece que la protección de las cuencas hidrográficas y de la biodiversidad es de interés nacional y exige evaluaciones de impacto ambiental rigurosas para proyectos que puedan afectar áreas frágiles.
- Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202-04: define categorías, límites y regímenes de uso para áreas protegidas como Diego de Ocampo, y restringe actividades que puedan comprometer sus valores ecológicos.
- Ley Minera 146-71: permite conceder permisos de exploración y explotación, pero subordinados al cumplimiento de la normativa ambiental vigente, como recuerdan los análisis legales publicados por el Banco Virtual del Ministerio de Energía y Minas.
De este cruce de normas surge el argumento central de los opositores: un permiso minero no puede estar por encima de la jerarquía de protección de un área declarada monumento natural ni del derecho fundamental al agua.
El rol de los tribunales y la ciencia
La batalla también se libra en los tribunales. Ante la acción de amparo interpuesta por comunitarios y ambientalistas, un tribunal de Santiago ordenó la realización de un peritaje técnico independiente a cargo de la Academia de Ciencias de la República Dominicana para evaluar el impacto potencial de la exploración minera en la cordillera Septentrional, según reseñó Diario Libre en su cobertura sobre el peritaje ordenado.
📊 Punto clave: el tribunal apoderado decidió no limitarse a los informes oficiales, y requirió una evaluación técnica de la Academia de Ciencias, reconociendo la complejidad ambiental de la cordillera Septentrional.
Esa decisión refleja algo más profundo: que en la República Dominicana la discusión sobre minería ya no es solo económica o política; es también científica y jurídica, y se apoya en instituciones académicas reconocidas para respaldar o cuestionar decisiones del Estado.
Unidos Somos Más: fe, campo y ciudadanía organizada
En la primera línea de esta defensa se encuentra el movimiento ciudadano Unidos Somos Más, que reúne a sacerdotes, campesinos y activistas ambientales de la región del Cibao. Este colectivo ha liderado vigilias, marchas, ruedas de prensa y campañas informativas, centrando su demanda en la anulación de la resolución del Ministerio de Energía y Minas que autoriza la exploración en la cordillera, de acuerdo con las crónicas de La Tierra de Mis Amores sobre la movilización comunitaria.
Uno de los rostros más visibles de ese movimiento es el del sacerdote Ramón Ramos, conocido como el padre Nino, quien ha encabezado reuniones con autoridades y ha insistido en que “la cordillera no se vende”, reclamando que se priorice el agua y la agricultura sobre una posible renta minera, según reseñó la nota de prensa de la Presidencia sobre el encuentro con el ministro de Energía y Minas.
La presencia de la Iglesia católica, junto a juntas de vecinos y asociaciones campesinas, le da a esta lucha un carácter profundamente comunitario. No se habla solo de minas, sino del futuro de las fincas de café y cacao, de los conucos heredados, de los ríos donde se bañan los niños y de los caminos rurales que sostienen una cultura campesina viva.
La posición oficial: “no hay intención de explotación”
Del lado del Gobierno, el mensaje ha sido insistente: “no hay intención de explotación minera en la cordillera Septentrional”. El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, ha reiterado que las actividades autorizadas se limitan a exploración científica preliminar, sin contratos de explotación ni procedimientos administrativos vigentes para pasar a una fase extractiva, según recoge la nota oficial publicada en el portal de la Presidencia.
El geólogo Osiris de León ha enfatizado en declaraciones a Diario Libre sobre la diferencia entre exploración y explotación que la fase actual es de estudios y que “exploración no es explotación”, aunque reconoce que la preocupación de las comunidades por el agua es legítima.
Esa tensión entre la explicación técnica y el temor de las comunidades sintetiza el corazón del conflicto: el miedo a que una puerta entreabierta —la exploración— termine conduciendo, más adelante, a una explotación a gran escala, como ha ocurrido en otros puntos del país.
Riesgos percibidos: agua, biodiversidad e identidad
Para los habitantes de las comunidades entre Santiago y Puerto Plata, el riesgo principal es claro: las fuentes de agua. La cordillera Septentrional es una especie de “esponja verde” que captura la humedad y la devuelve en forma de manantiales, arroyos y ríos. La posibilidad de que una actividad minera —aunque comience como exploración— afecte esa dinámica hídrica se percibe como una amenaza directa a la vida cotidiana: agua para beber, regar, criar animales y sostener la economía rural.
En segundo lugar está el impacto sobre la biodiversidad. En el área de Diego de Ocampo se han identificado bosques de montaña donde conviven especies de aves y plantas endémicas, y que forman parte de corredores biológicos que conectan diferentes ecosistemas del norte del país, según informes de biodiversidad publicados por el Ministerio de Medio Ambiente en sus reportes técnicos de áreas protegidas. Alterar esos corredores puede fragmentar hábitats y debilitar aún más ecosistemas que ya se encuentran presionados por la deforestación y la expansión urbana.
Pero quizás el tercer elemento, menos visible y no por eso menos importante, es el impacto sobre la identidad comunitaria. En la cordillera Septentrional, la relación con la tierra no es abstracta: es el cafetal del abuelo, la parcela ganada a fuerza de machete, la capilla en la loma, las fiestas patronales que giran en torno al ciclo agrícola. La minería, aún en su fase exploratoria, es percibida como una irrupción extraña en ese tejido social.
Precedentes y memoria ambiental en RD
La resistencia a la minería en la cordillera Septentrional no surge en un vacío. La República Dominicana tiene una memoria compleja en materia minera, especialmente a partir de experiencias como Pueblo Viejo en Cotuí, una de las minas de oro a cielo abierto más grandes de América Latina, que ha generado debates intensos sobre contaminación de aguas y responsabilidad ambiental de las empresas, documentados por investigaciones de organizaciones como Oxfam y reportajes de medios nacionales como Acento y Listín Diario.
Esa memoria colectiva influye en la forma en que las comunidades del norte miran cualquier proyecto minero: no como una página en blanco, sino como un capítulo más en una historia donde muchas veces el costo ambiental ha recaído sobre los territorios rurales mientras los beneficios económicos se concentran en otros espacios.
Por eso, la lucha en la cordillera Septentrional se ha convertido en un símbolo: el de un país que discute abiertamente qué tipo de desarrollo quiere, cuánto está dispuesto a arriesgar de sus montañas y ríos, y quién decide sobre el destino de los territorios.
Una lucha representativa de la defensa ambiental dominicana
Lo que ocurre entre las lomas de Diego de Ocampo y las comunidades rurales del Cibao norte es más que un conflicto local. Resume varios rasgos de la defensa ambiental contemporánea en la República Dominicana:
- Ciudadanía informada que usa la Constitución y las leyes ambientales para exigir protección efectiva de sus territorios.
- Articulación entre fe y ecología, con sacerdotes y parroquias sumándose a una defensa del agua como don de Dios y bien común.
- Protagonismo de comunidades rurales, que ya no aceptan decisiones unilaterales sobre sus montañas y fuentes de agua.
- Intervención de la ciencia, con instituciones como la Academia de Ciencias respaldando con peritajes el debate público.
- Respuesta institucional más abierta, con autoridades obligadas a explicar, matizar y someter sus decisiones al escrutinio de tribunales y opinión pública.
En ese sentido, la cordillera Septentrional se ha convertido en un aula abierta donde el país discute, a plena luz del día, cómo equilibrar cualquier interés minero con la protección de ecosistemas frágiles y el derecho al agua de las generaciones presentes y futuras.
Al final, más allá del fallo que emitan los tribunales o de los informes técnicos que se acumulen en los expedientes, quedará un legado intangible pero poderoso: comunidades que han aprendido a defender su territorio con argumentos, fe y dignidad, y un país que se mira en ese espejo para decidir qué lugar quieren ocupar sus montañas en el proyecto de nación.
Esa cordillera de lomas verdes no es solo un relieve en el mapa: es memoria, agua y futuro. Y la lucha por protegerla dice mucho, y muy bueno, de lo que los dominicanos están dispuestos a hacer por la tierra de sus amores.
¿Qué significa para ti, como dominicano, saber que hay gente en las lomas de la cordillera Septentrional dispuesta a arriesgarlo todo para que no falte agua limpia en tu mesa?
Referencias
Peritaje en la cordillera Septentrional por posible impacto de la exploración minera (Diario Libre)
Geólogo aclara sobre la exploración minera en cordillera Septentrional (Diario Libre)
Ministerio de Energía y Minas reitera que no hay intención de explotación minera en la cordillera Septentrional (Presidencia de la República Dominicana)
Preocupación por retraso en fallo judicial sobre minería en la cordillera Septentrional (La Tierra de Mis Amores)
Tribunal ordena peritaje técnico sobre exploración minera en la cordillera Septentrional (Diario 55)
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