Imagen: Arecoa
El Plan de Ordenamiento Territorial de Verón–Punta Cana es el instrumento que busca organizar el uso del suelo, las vías, los asentamientos y la expansión turística en uno de los principales destinos de República Dominicana. Su aplicación resulta clave porque el crecimiento hotelero, residencial y comercial avanza mientras persisten disputas institucionales y una planificación urbana aún incompleta.
Verón–Punta Cana concentra una intensa actividad turística, inmobiliaria y de servicios, pero también enfrenta las consecuencias de crecer más rápido que sus infraestructuras. El POT procura convertir esa expansión en un proceso coordinado, con reglas para el suelo, la movilidad, los asentamientos humanos y la protección ambiental.
Para los dominicanos que viven fuera del país, el tema tiene una dimensión adicional: Punta Cana es una de las principales puertas de entrada a República Dominicana y un espacio donde se cruzan inversión, empleo, migración interna, vivienda y servicios públicos. Lo que ocurra con su planificación influirá tanto en la experiencia del visitante como en la vida cotidiana de quienes residen allí.
¿Qué es el plan de ordenamiento territorial de Punta Cana?
El POT de Verón–Punta Cana es una herramienta de planificación destinada a definir cómo puede utilizarse el territorio y hacia dónde debe orientarse su desarrollo. No se limita a autorizar construcciones: también relaciona el crecimiento urbano con las carreteras, los servicios, los asentamientos, la actividad turística, los recursos naturales y la gestión de riesgos.
La Ley 368-22 establece el marco nacional para ordenar el territorio, regular el uso del suelo y formular planes en los distintos niveles de gobierno. La norma incorpora criterios ambientales, culturales, económicos y sociales, además de principios de desarrollo sostenible y gestión de riesgos, según el reglamento de aplicación oficial.
En la práctica, un plan de esta naturaleza debe establecer zonas con diferentes funciones y condiciones de ocupación. Puede determinar áreas destinadas a hoteles, viviendas, comercio, servicios, infraestructura vial, equipamientos públicos y protección ambiental, junto con parámetros para evitar que cada proyecto se apruebe de manera aislada.
El territorio de Verón–Punta Cana forma parte del municipio de Higüey, en la provincia La Altagracia. El Plan Municipal de Desarrollo de Higüey identifica al distrito municipal como una de las cuatro demarcaciones que integran el municipio y le atribuye una superficie de 458.75 kilómetros cuadrados.
El POT, por tanto, no es un proyecto vial ni un documento exclusivo del sector hotelero. Es una estructura de decisiones que debería orientar los permisos, la localización de nuevas actividades y la relación entre el crecimiento turístico y las necesidades de la población.
¿Qué busca organizar el POT en Verón–Punta Cana?
El objetivo central es ordenar un territorio donde la construcción turística, los proyectos inmobiliarios, los comercios y los asentamientos residenciales se han expandido de forma simultánea. Para que ese crecimiento sea funcional, el plan debe conectar las decisiones sobre suelo con la capacidad de las calles, el transporte, el agua, el saneamiento, la energía y los servicios comunitarios.
Uno de los componentes más relevantes es la malla vial. El presidente de la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este, Ernesto Veloz, afirmó que el plan contempla intersecciones y conexiones para enfrentar la movilidad del destino. También expresó preocupación porque las intervenciones aisladas en las vías no resolverían de manera estructural la congestión si no se aplican las previsiones generales del ordenamiento, según Arecoa.
El plan también debe ofrecer previsibilidad a los desarrolladores. Cuando las reglas territoriales no están claramente definidas, los proyectos pueden avanzar sin una visión común sobre densidad, accesos, compatibilidad de usos o impacto sobre comunidades cercanas.
La planificación tiene además una dimensión ambiental. La legislación nacional vincula el ordenamiento territorial con la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad. En un destino costero y de alta presión turística, esa relación abarca la ocupación del suelo, los ecosistemas, la disponibilidad de agua, el manejo de residuos y la exposición a riesgos naturales.
El POT tampoco puede reducirse a las zonas hoteleras. Los trabajadores del turismo necesitan vivienda, transporte y servicios próximos a sus lugares de empleo. La organización de barrios, áreas comerciales, escuelas, centros de salud y espacios públicos forma parte de la misma pregunta: cómo hacer que el destino funcione para quienes lo visitan y para quienes lo habitan.
¿Por qué es importante para el turismo y la comunidad local?
El turismo necesita un territorio ordenado para sostener su competitividad. La calidad de un destino no depende únicamente de sus hoteles y playas; también está relacionada con la facilidad para desplazarse, la seguridad de los servicios, la gestión de residuos, el acceso a infraestructura y la convivencia entre actividades distintas.
Cuando una zona crece sin coordinación, los problemas pueden trasladarse de un proyecto a otro. Una nueva urbanización puede aumentar la presión sobre una vía; un centro comercial puede generar tráfico sin transporte público suficiente; y la expansión hotelera puede elevar la demanda de agua, energía y trabajadores sin que la vivienda o el saneamiento avancen al mismo ritmo.
Para la comunidad local, el ordenamiento define condiciones que afectan la vida diaria. La ubicación de las viviendas, el precio y disponibilidad del suelo, la distancia hasta los empleos, el acceso a servicios y la posibilidad de contar con espacios públicos dependen, en buena medida, de cómo se organiza el territorio.
La seguridad jurídica también es un componente económico. La Ley 368-22 fue publicada en la Gaceta Oficial número 11092 el 22 de diciembre de 2022; posteriormente, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo confirmó que entró en vigencia el 24 de diciembre de ese año, según Diario Libre. Esa confirmación resulta relevante porque la aplicación de la norma ha estado relacionada con la discusión sobre quién gestiona el planeamiento urbano y los permisos de uso de suelo en Verón–Punta Cana.
Un destino con reglas claras puede coordinar mejor las inversiones públicas y privadas. En cambio, la falta de definición puede producir proyectos desconectados, conflictos por competencias y decisiones de corto plazo que luego requieren costosas correcciones.
¿Quiénes participan en la planificación territorial?
El ordenamiento de Verón–Punta Cana involucra a varios niveles de gobierno. La Ley 368-22 distribuye funciones dentro de un sistema nacional que incluye instrumentos de alcance nacional, regional y municipal, mientras que los gobiernos locales intervienen en la gestión del uso de suelo y el planeamiento urbano conforme a las condiciones previstas por la legislación.
El Ayuntamiento de Higüey ha sostenido una posición distinta a la de la Junta Distrital de Verón–Punta Cana sobre la gestión de los arbitrios y las oficinas de planeamiento urbano. En un comunicado, el ayuntamiento pidió a los desarrolladores abstenerse de efectuar determinados pagos mientras los tribunales definían cuál entidad tenía competencia para recibirlos, según el comunicado oficial del Ayuntamiento de Higüey.
La Junta Distrital, por su parte, creó una oficina de planeamiento urbano mediante una resolución de 2023 y aprobó en 2025 un protocolo para su funcionamiento, según reportes sobre el conflicto institucional. La controversia se relaciona con la interpretación del artículo 24 de la Ley 368-22 y con los límites de las competencias entre el municipio y el distrito.
El sector hotelero participa porque sus inversiones dependen directamente de la disponibilidad de suelo, la conectividad y la capacidad del destino. Asoleste ha expresado preocupación por el retraso del plan y por la falta de una definición territorial que acompañe la expansión turística.
La comunidad local también es un actor indispensable. Residentes, trabajadores, comerciantes y organizaciones sociales conocen los efectos cotidianos del crecimiento y deben formar parte de los mecanismos de consulta y participación previstos en los procesos de planificación. Sin esa dimensión, el ordenamiento podría concentrarse en los proyectos de inversión y dejar en segundo plano las necesidades urbanas de la población.
¿Cuáles son los principales obstáculos para implementar el POT?
El primer obstáculo es institucional. La existencia de competencias distribuidas entre el Ayuntamiento de Higüey, la Junta Distrital de Verón–Punta Cana y entidades nacionales ha generado una disputa sobre la autorización del uso de suelo, los permisos de construcción y el cobro de arbitrios.
El Ayuntamiento de Higüey argumentó que la ley todavía requería instrumentos y reglamentos para su ejecución plena. En contraste, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo afirmó en 2025 que la Ley 368-22 estaba vigente desde diciembre de 2022, aunque reconoció que algunos aspectos debían precisarse mediante su reglamento de aplicación.
Ese desacuerdo tiene consecuencias prácticas. Mientras se discute cuál oficina debe actuar, los desarrolladores enfrentan incertidumbre sobre los trámites y las instituciones reciben presiones para definir sus atribuciones. La planificación territorial pierde eficacia si sus reglas no se traducen en procedimientos claros y coordinados.
El segundo obstáculo es la velocidad del crecimiento. La expansión de hoteles, viviendas y comercios puede superar la capacidad de las autoridades para actualizar mapas, aprobar normas, fiscalizar obras y construir infraestructura. Un POT aprobado sobre el papel no basta si no existen presupuesto, personal técnico, información territorial y mecanismos de seguimiento.
El tercer desafío es coordinar intereses distintos. El sector turístico busca continuidad para la inversión; las autoridades necesitan ordenar los permisos y recaudar conforme a la ley; las comunidades reclaman servicios y movilidad; y las instituciones ambientales deben proteger recursos sometidos a presión.
La diferencia entre aprobar y aplicar
Un plan puede definir zonas y objetivos, pero su efectividad depende de que esas decisiones se incorporen a los permisos, presupuestos y obras públicas. También requiere inspección, actualización de datos y sanciones cuando se incumplan las reglas.
La experiencia del conflicto entre Higüey y Verón–Punta Cana muestra que la discusión no es solamente técnica. También abarca la distribución de competencias, los ingresos municipales y la autoridad para tomar decisiones que afectan directamente el valor del suelo y el futuro de las inversiones.
¿Qué problemas busca resolver el ordenamiento?
El POT pretende responder a varios problemas asociados con el crecimiento acelerado: congestión vial, falta de conexiones entre zonas, expansión urbana desarticulada, presión sobre los servicios y ocupación del territorio sin una relación clara entre usos.
La congestión es uno de los asuntos más visibles. El transporte de trabajadores, turistas, residentes y mercancías ocurre dentro de una red que debe conectar hoteles, comunidades, áreas comerciales, aeropuerto y otras zonas productivas. Si las nuevas construcciones se aprueban sin prever accesos y conexiones, el tráfico puede aumentar incluso cuando se amplían tramos específicos de carretera.
Otro problema es la separación entre el destino turístico y la ciudad cotidiana. Los complejos hoteleros pueden disponer de servicios internos, mientras los trabajadores y residentes dependen de barrios, rutas y equipamientos que necesitan planificación propia. El ordenamiento debe integrar ambas realidades, no tratar una como secundaria frente a la otra.
La presión ambiental constituye otro frente. El desarrollo de infraestructura modifica el suelo y aumenta la demanda de agua, energía y manejo de residuos. La ley nacional incluye el interés ambiental y la gestión de riesgos entre los criterios que deben guiar el ordenamiento, por lo que las decisiones territoriales no pueden limitarse a la rentabilidad de cada parcela.
También está el riesgo de decisiones fragmentadas. Cada proyecto puede cumplir requisitos individuales y, aun así, producir un resultado colectivo deficiente si no existe una visión de conjunto. El POT intenta precisamente establecer esa visión común.
Contexto para los dominicanos fuera del país
Punta Cana suele ser conocida en la diáspora como un destino de vacaciones, pero también es un territorio de residencia y trabajo para miles de personas. La forma en que se construyan sus barrios, carreteras, comercios y servicios afectará a familias dominicanas que mantienen vínculos económicos y personales con la zona.
El ordenamiento territorial ayuda a entender que el turismo no es una actividad aislada. Detrás de cada hotel hay trabajadores, proveedores, transportistas, comercios y comunidades que necesitan conectividad y servicios. La sostenibilidad del destino depende de que esa cadena pueda desarrollarse sin deteriorar las condiciones que hacen atractivo el territorio.
La Ley 368-22 ofrece una base nacional para organizar esas decisiones y crear instrumentos de información territorial. Sin embargo, el caso de Verón–Punta Cana evidencia que la existencia de una ley no elimina por sí sola los conflictos de competencia ni garantiza la aplicación inmediata de un plan.
El debate también muestra por qué la planificación debe ser pública y comprensible. Cuando las reglas sobre el suelo no están claras, la incertidumbre alcanza a inversionistas, autoridades, residentes y trabajadores. Cuando están definidas y se aplican de forma coordinada, el crecimiento puede evaluarse con criterios que incluyan movilidad, vivienda, ambiente, servicios y actividad económica.
El futuro del principal polo turístico dominicano no depende únicamente de cuántas habitaciones o proyectos se construyan. También depende de si el territorio consigue conectar esas inversiones con una estructura urbana capaz de sostenerlas.
Un POT funcional permitiría que Verón–Punta Cana deje de reaccionar obra por obra y pase a tomar decisiones con una perspectiva territorial. La discusión pendiente combina planificación, autoridad local, inversión, protección ambiental y calidad de vida; resolverla definirá cómo se verá y cómo funcionará el destino en los próximos años.
Preguntas frecuentes sobre el plan de ordenamiento territorial de Punta Cana
¿Qué es el plan de ordenamiento territorial de Punta Cana?
Es el instrumento que organiza el uso del suelo y orienta el crecimiento de Verón–Punta Cana. Relaciona la expansión turística, residencial y comercial con las vías, los servicios, los asentamientos humanos, la protección ambiental y la gestión de riesgos.
¿Por qué es importante el POT para el desarrollo turístico?
Porque el turismo necesita movilidad, infraestructura, servicios y reglas claras. El plan busca evitar que los proyectos se desarrollen de manera aislada y procura que la expansión hotelera e inmobiliaria sea compatible con la capacidad del territorio y con las necesidades de la comunidad local.
¿Qué problemas busca resolver el plan?
Busca enfrentar la congestión vial, la falta de conexiones, el crecimiento urbano desarticulado, la presión sobre los servicios y los impactos ambientales asociados con la expansión. También procura establecer una visión común para orientar permisos, inversiones y nuevas construcciones.
¿Cuáles son los principales obstáculos para implementarlo?
Los principales obstáculos son la disputa de competencias entre autoridades municipales y distritales, la necesidad de completar instrumentos y procedimientos de aplicación, la rapidez del crecimiento y la coordinación entre hoteleros, autoridades, residentes y entidades nacionales.
¿Qué opinan los hoteleros y las autoridades?
Asoleste ha expresado preocupación por el estancamiento del plan y ha señalado la necesidad de una red vial estructurada. El Ayuntamiento de Higüey y la Junta Distrital de Verón–Punta Cana han sostenido posiciones diferentes sobre la gestión del planeamiento urbano y los arbitrios, mientras las autoridades nacionales han confirmado la vigencia de la Ley 368-22.
Referencias
Arecoa – preocupación en hoteleros del Este (2026)
Reglamento de aplicación Ley 368-22 – BVEARMB (s.f.)
Diario Libre – confirmación de vigencia Ley 368-22 (2025)
Comunicado oficial – Ayuntamiento de Higüey (s.f.)
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