En Santiago, la inclusión social empieza a tomar forma cuando una transferencia económica se convierte en acompañamiento, una institución pública encuentra aliados en la comunidad y una adolescente recibe no solo protección, sino también una oportunidad para continuar estudiando y construir su futuro. Esa visión fue planteada durante un conversatorio que reunió a representantes del Estado, autoridades locales y organizaciones sociales alrededor de una meta concreta: hacer de la provincia un referente nacional en prevención del embarazo adolescente y protección de las familias vulnerables.
Santiago como territorio de oportunidades
La directora general de Desarrollo Social Supérate, Mayra Jiménez, presentó a Santiago como un territorio con condiciones para convertirse en un emblema dominicano de inclusión social. Su planteamiento parte de una realidad esencial: las políticas públicas no producen los mismos resultados cuando se aplican de espaldas a las características de cada comunidad.
La educación, los ingresos familiares, el acceso a servicios de salud, las dinámicas familiares y la capacidad de respuesta de las organizaciones comunitarias varían entre provincias, municipios y barrios. Por eso, la protección social requiere una mirada territorial que permita identificar riesgos específicos y conectar las respuestas institucionales con quienes viven diariamente esas dificultades.
En el encuentro participaron el senador de Santiago, Daniel Rivera; la vicealcaldesa Mariana Moreno; la presidenta de la Fundación Red Misericordia, Olga Noboa de Arocha; y representantes de distintas entidades públicas, comunitarias y religiosas. La actividad se desarrolló en La Otra Banda, donde la fundación mantiene programas dirigidos a poblaciones en situación de vulnerabilidad.
La presencia de instituciones como Infotep, Senasa, Inabie, Cedimujer, el Ministerio de Educación, la Alcaldía, Conadis y el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes reflejó la diversidad de actores que pueden intervenir en una estrategia integral. La protección de una adolescente o de una familia no depende de una sola oficina: exige coordinación entre educación, salud, capacitación, asistencia social, justicia y comunidad.
Menos embarazos adolescentes, pero un desafío todavía vigente
República Dominicana ha registrado avances en la reducción del embarazo adolescente, aunque el fenómeno continúa siendo un desafío social y de desarrollo. Los datos de la Oficina Nacional de Estadística muestran que durante el primer trimestre de 2025 se registraron 4,286 embarazos en adolescentes, un 4.42 % menos que en el mismo período de 2024, cuando se reportaron 4,484 casos, según la actualización oficial de la ONE sobre embarazos en adolescentes.
La información suministrada para el conversatorio señala, además, una reducción de la fecundidad adolescente desde una línea de base de 90 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años establecida en 2021, hasta 46 por cada 1,000 en la actualización 2025-2026. Esa comparación debe interpretarse con cuidado, porque procede de mediciones y fuentes estadísticas distintas; aun así, apunta a una tendencia favorable que necesita sostenerse mediante políticas continuas.
📊 Dato clave: La ONE reportó 4,286 embarazos en adolescentes durante el primer trimestre de 2025, frente a 4,484 en el mismo período de 2024, una reducción interanual de 4.42 %.
La disminución no elimina las causas que producen el embarazo temprano. Jiménez vinculó el problema con las desigualdades sociales y señaló que las adolescentes de hogares con menores recursos y niveles educativos más bajos enfrentan mayores riesgos. Esa relación obliga a superar los enfoques limitados a la atención médica o a la entrega de ayudas: prevenir implica mantener a las adolescentes en la escuela, ampliar sus oportunidades de formación y garantizar que sus familias puedan acceder a servicios confiables.
Uniones tempranas: una reducción que aún exige respuesta
Las uniones tempranas constituyen otro componente decisivo de la protección de niñas y adolescentes. La información presentada durante el encuentro indica que más del 27 % de las jóvenes inicia una vida de pareja antes de cumplir la mayoría de edad, frente al 31.5 % registrado en 2019.
Aunque el descenso representa un avance, la cifra muestra que persisten prácticas sociales capaces de limitar la autonomía, la educación y las oportunidades de muchas adolescentes. Jiménez sostuvo que la respuesta debe incluir servicios de prevención y protección, pero también una transformación de las creencias que normalizan esas uniones.
Ese cambio no puede descansar exclusivamente en las jóvenes. Requiere conversaciones con madres, padres, docentes, líderes comunitarios, iglesias y autoridades; educación integral; detección temprana de riesgos y mecanismos de protección que actúen antes de que una adolescente abandone la escuela o quede aislada de las redes de apoyo.
La protección social más allá del subsidio
Supérate define sus subsidios como instrumentos de protección social orientados a reducir la pobreza, mitigar vulnerabilidades y fortalecer el capital humano de los hogares, según la descripción institucional de los subsidios sociales. En ese marco, Aliméntate contribuye a la compra de alimentos; Bonogas y Bonoluz apoyan gastos básicos del hogar; mientras Aprende y Avanza buscan incentivar la permanencia escolar en los niveles primario y secundario.
La concepción defendida por Jiménez amplía esa lógica. Una transferencia puede aliviar una necesidad inmediata, pero el acompañamiento sociofamiliar, la conexión con los servicios públicos y la formación para el trabajo son los componentes que ayudan a convertir el alivio en movilidad social.
En Santiago, los datos compartidos en el conversatorio registran 107,296 familias beneficiarias de Aliméntate, 92,861 de Bonogas y 56,306 de Bonoluz. También reportan 5,048 hogares que reciben Aprende y 5,842 jóvenes vinculados a Avanza. En conjunto, el artículo fuente cifra en 254,371 los beneficiarios canalizados mensualmente en la provincia.
Estas cantidades no deben leerse únicamente como un inventario administrativo. Representan una plataforma desde la cual pueden organizarse acciones de prevención, orientación familiar, educación, capacitación laboral y acceso a oportunidades. Para que ese potencial se materialice, los programas deben complementarse con seguimiento y articulación local.
Red Misericordia: el valor de la comunidad organizada
La Fundación Red Misericordia representa, de acuerdo con lo expuesto en el encuentro, uno de los aliados comunitarios con capacidad para acercar las políticas sociales a las familias. Su trabajo en La Otra Banda permite que la respuesta institucional tenga un espacio concreto, reconocible y próximo a las personas que necesitan apoyo.
Entre sus iniciativas figura, junto con PROCIGAR, la Escuela Laboral para Madres Adolescentes “Misericordia y Vida”. El programa ofrece acompañamiento, capacitación y oportunidades a adolescentes embarazadas y madres adolescentes, un grupo que con frecuencia enfrenta simultáneamente la interrupción de sus estudios, la dependencia económica y la responsabilidad del cuidado de sus hijos.
La fundación también desarrolla servicios de óptica, un centro de segundo nivel de atención y escuelas laborales para mujeres vulnerables, según la información del conversatorio. Estas iniciativas muestran por qué las organizaciones comunitarias pueden complementar la acción estatal: conocen el territorio, mantienen contacto cotidiano con las familias y pueden identificar necesidades que no siempre aparecen en los registros institucionales.
La alianza no sustituye la responsabilidad del Estado. La fortalece cuando permite coordinar recursos, derivar casos, compartir información dentro de los límites legales y evitar que una familia tenga que recorrer múltiples instituciones sin recibir una respuesta integral.
El liderazgo público y la continuidad de las políticas
El papel de Mayra Jiménez en la promoción de una protección social articulada y el de Daniel Rivera en la representación de los intereses de Santiago convergen en una misma tarea: convertir la coordinación institucional en resultados sostenibles para la población.
La participación de la vicealcaldesa Mariana Moreno y de Olga Noboa de Arocha amplía esa responsabilidad hacia el gobierno local y la sociedad civil. El enfoque territorial necesita precisamente esa combinación: dirección nacional, capacidad legislativa, gestión municipal y experiencia comunitaria.
La continuidad será determinante. La reducción del embarazo adolescente y de las uniones tempranas no se consolida con una actividad aislada ni con una campaña de corta duración. Exige presupuesto, indicadores, evaluación, personal capacitado y programas que sobrevivan a los cambios administrativos.
También requiere escuchar a las propias adolescentes. Sus experiencias pueden revelar barreras de transporte, falta de información, violencia, presión familiar, dificultades escolares o ausencia de servicios cercanos. Una política pública territorial es más eficaz cuando combina los datos estadísticos con la realidad cotidiana de sus beneficiarias.
Un modelo que puede documentarse y replicarse
Santiago cuenta con una combinación valiosa de instituciones públicas, autoridades locales, organizaciones sociales, centros de formación, servicios de salud y redes comunitarias. Esa capacidad no convierte automáticamente a la provincia en un modelo, pero sí ofrece las condiciones para construir uno, siempre que la experiencia sea documentada, evaluada y corregida cuando sea necesario.
La posibilidad de replicar este enfoque en otras provincias dependerá de identificar qué elementos son transferibles y cuáles responden a las particularidades de Santiago. La coordinación interinstitucional, el acompañamiento sociofamiliar, la permanencia escolar y la formación laboral pueden adaptarse; las estrategias concretas deberán responder a la realidad de cada territorio.
El orgullo dominicano también se expresa en esa capacidad de organizar respuestas colectivas. Cuando el Estado y la comunidad trabajan en la misma dirección, la inclusión deja de ser una declaración y se convierte en una red de oportunidades para niñas, adolescentes, madres y familias.
Santiago tiene ante sí la oportunidad de demostrar que la protección social puede ser cercana, articulada y humana. El avance será duradero si las instituciones mantienen el compromiso, las comunidades participan y cada reducción estadística se traduce en más adolescentes protegidas, más jóvenes en las aulas y más familias conectadas con un futuro posible.
Referencias
Subsidios sociales y programas de Supérate
Informe estadístico institucional Supérate 2025
Actualización de la ONE sobre embarazos en adolescentes, primer trimestre 2025
Infografía ONE: embarazos adolescentes, tercer trimestre 2025
Reporte Diario Libre: 12,000 adolescentes dan a luz cada año en RD
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