La indignación que hoy generan las denuncias sobre la privatización encubierta de áreas protegidas no es solo un asunto técnico: toca directamente la identidad, la soberanía y el futuro ambiental de la República Dominicana. Cuando universidades, científicos y organizaciones ambientales levantan la voz ante lo que consideran una vulneración del patrimonio común, están defendiendo algo más que parques y paisajes; están defendiendo la posibilidad de que el país siga siendo habitable y digno para las próximas generaciones.
Qué están denunciando la UASD y la Academia de Ciencias
La Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Academia de Ciencias han advertido públicamente sobre una tendencia peligrosa: la facilitación de espacios dentro de áreas protegidas para proyectos privados de inversión, promovidos o avalados por autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin la transparencia ni las garantías que exige la ley. Así lo recoge el comunicado difundido por medios nacionales como el reportaje de Hoy sobre Valle Nuevo y otras áreas protegidas.
Según estas entidades académicas, tres casos recientes ilustran el patrón:
- La gestión de la zona de uso público del Parque Nacional Valle Nuevo.
- El plan de manejo del Monumento Natural Cabo Samaná.
- La transformación turística del Monumento Natural Isla Catalina.
En los tres ejemplos, el eje de preocupación es el mismo: el uso de figuras de concesión o acuerdos con privados dentro de áreas protegidas sin un debate público robusto, sin trazabilidad clara de las negociaciones y con riesgo de que se desvirtúe el propósito primario de conservación.
El marco legal: Constitución y Ley 202-04
El artículo 16 de la Constitución
El artículo 16 de la Constitución dominicana establece que las áreas protegidas son parte del dominio público y están sujetas a un régimen especial de protección. Aunque su redacción exacta no se reproduce aquí, la jurisprudencia y análisis legales coinciden en que este artículo consagra que estos territorios forman parte del patrimonio nacional, cuya gestión debe orientarse al interés colectivo y a la preservación de los recursos naturales.
Diversos análisis sobre derecho ambiental dominicano señalan que ese artículo fue diseñado para blindar jurídicamente parques nacionales, monumentos naturales y otras categorías frente a procesos de mercantilización o uso impropio, reforzando la idea de que se trata de bienes públicos sometidos a un régimen especial de protección, no de activos transaccionables.
La Ley Sectorial 202-04 de Áreas Protegidas
La Ley 202-04, denominada Ley Sectorial de Áreas Protegidas, es el instrumento central que organiza el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) y define sus categorías, usos permitidos y principios rectores. De acuerdo a la propia publicación del Ministerio de Medio Ambiente, el objeto de esta ley es garantizar la conservación y preservación de muestras representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural del país, asegurando la permanencia de los servicios ambientales y económicos que brindan a la sociedad dominicana en el presente y futuro, según el texto disponible en el portal oficial del Ministerio de Medio Ambiente.
Uno de los principios más citados por la UASD y la Academia de Ciencias es el que establece que:
- Las áreas protegidas y la vida silvestre que contienen son bienes patrimoniales de la nación.
- Estos bienes son inalienables, inembargables e imprescriptibles.
- Los terrenos de las áreas protegidas no pueden ser transferidos en propiedad a ningún individuo, Estado, nación o ciudadano, bajo ninguna circunstancia.
Este principio es clave: permite distinguir entre la eventual concesión de servicios específicos dentro de un área protegida (por ejemplo, administración de un camping o servicios de guía) y la transferencia de la propiedad del terreno o la pérdida del control público sobre la orientación del uso.
📊 Bajo la Ley 202-04, el SINAP incluye más de un centenar de unidades de conservación, cifra que el Ministerio de Medio Ambiente sitúa en 131 áreas protegidas clasificadas en seis categorías y trece subcategorías, según datos actualizados de su propia plataforma institucional sobre áreas protegidas.
Valle Nuevo: entre la concesión ecoturística y el temor a la privatización
Un parque clave para el agua y la biodiversidad
El Parque Nacional Valle Nuevo, ubicado entre las provincias de La Vega, Monseñor Nouel, Azua y San José de Ocoa, es uno de los sitios más estratégicos del país desde el punto de vista hídrico y ecológico. Estudios de organizaciones ambientales y del propio Estado lo describen como una “fábrica de agua”, por la gran cantidad de cuencas que nacen allí y abastecen a una parte importante de la población y la agricultura nacional.
Su altitud y clima frío, así como sus bosques de pino criollo y pajón, albergan especies endémicas y ecosistemas frágiles, lo que explica que haya sido declarado parque nacional desde hace décadas. Por eso, cualquier cambio en su modelo de gestión genera debate intenso entre técnicos y ciudadanía.
El modelo de concesión en la zona de uso público
La controversia reciente se centra en la llamada zona de uso público, particularmente en el área de acampar conocida como Jardín del Edén. En esa zona se construyeron facilidades con fondos públicos —como áreas de camping, servicios sanitarios y espacios de recepción— que luego fueron colocadas bajo la administración de un operador privado mediante un esquema de concesión.
La Comisión Ambiental de la UASD y la Academia de Ciencias cuestionan que esa entrega se haya realizado sin explicaciones claras sobre el contexto, las condiciones económicas y ambientales, y la trazabilidad del proceso, como recoge el reportaje de Hoy sobre la posible privatización de Valle Nuevo. Lo que preocupa no es solamente que un privado administre servicios turísticos, sino que se consolide una tendencia a la externalización de la gestión de espacios clave de áreas protegidas sin un debate amplio.
El Ministerio de Medio Ambiente, por su parte, ha llegado a aclarar en comunicados oficiales que “Valle Nuevo no ha sido privatizado” y que la concesión ecoturística para la acampada en Jardín del Edén no implica transferencia de propiedad, sino un permiso regulado en una zona de uso público delimitada, manteniendo el control estatal sobre el parque, según una nota institucional difundida en su portal en abril de 2026.
Este choque de percepciones —entre lo que el ministerio presenta como gestión moderna del uso público y lo que académicos ven como una puerta a la privatización gradual— está en el centro del debate nacional sobre el futuro de Valle Nuevo.
Cabo Samaná: un monumento natural bajo presión
El Monumento Natural Cabo Samaná, ubicado en la península del mismo nombre, forma parte de uno de los paisajes costeros más emblemáticos del país. Sus acantilados, bosques costeros y vistas hacia la bahía lo convierten en un atractivo turístico de alto potencial, pero también en un ecosistema vulnerable.
La Comisión Ambiental de la UASD y la Academia de Ciencias denuncian que se ha elaborado recientemente un plan de manejo bajo el cual se buscaría facilitar la construcción y desarrollo de infraestructuras privadas con fines de negocio en la zona núcleo del área protegida, según el comunicado recogido por medios como el reportaje de Hoy sobre la situación de Cabo Samaná.
Además, alertan que se pretende zonificar la franja de amortiguamiento desconociendo una resolución institucional previa (No. 0010/2018), en la que estaban definidos de manera taxativa los usos permitidos. El temor es que, al cambiar el ordenamiento de esa zona de amortiguamiento, se abra espacio para proyectos inmobiliarios y turísticos que fragmenten el hábitat, afecten la conectividad ecológica y desplacen comunidades locales o formas tradicionales de uso del territorio.
En un país donde el litoral ha sido sometido a intensas presiones por desarrollos turísticos, las decisiones sobre Cabo Samaná son vistas como un termómetro de hasta qué punto se respetará el carácter de monumento natural frente a la lógica de negocios.
Isla Catalina: destino privado sobre un monumento natural
De área protegida a destino de ocio de alta gama
La Isla Catalina, frente a la costa de La Romana, es reconocida como Monumento Natural por su valor ecológico y paisajístico: playas coralinas, arrecifes, fauna marina, y un entorno que ha sido promocionado durante años para el turismo de playa y buceo. Precisamente por esa riqueza, está sujeta al régimen de protección del SINAP.
Las entidades académicas han denunciado que el Monumento Natural Isla Catalina ha sido transformado en un centro hotelero y de facilidades turísticas por inversionistas privados, y que esta iniciativa de desarrollo habría avanzado sin informar a la ciudadanía, conociéndose solo cuando estaba prácticamente concluida, como recoge el comunicado difundido por medios nacionales y reseñado por el reportaje de Hoy sobre Isla Catalina.
En paralelo, el sector turístico internacional ha anunciado proyectos como “Catalina Sugar Beach”, presentado por el Grupo MSC como un nuevo destino privado de ocio en la isla, desarrollado junto a empresas como CTL Maritime y Casa de Campo Resort & Villas, con una remodelación profunda de las infraestructuras del monumento natural, según una reseña publicada por Infobae sobre el proyecto Catalina Sugar Beach.
El acuerdo de turismo sostenible y el rol del Estado
El Ministerio de Medio Ambiente ha suscrito acuerdos con actores privados para el manejo de operaciones de turismo sostenible en Isla Catalina. Uno de ellos es el convenio con Costasur Dominicana, mediante el cual se autorizan servicios ecoturísticos como caminatas, observación de flora y fauna, buceo y actividades acuáticas no motorizadas, bajo la Autorización Temática Ambiental VAPB-14647 y en cumplimiento de la Ley 64-00, de acuerdo con el comunicado oficial del ministerio sobre turismo sostenible en Isla Catalina.
Ese tipo de acuerdos se presenta como un modelo de cooperación público–privada para impulsar el turismo sostenible y garantizar la viabilidad de los ecosistemas. Sin embargo, la línea entre turismo sostenible y mercantilización excesiva es delgada. Diversos estudios de planificación turística han identificado en Isla Catalina proyectos de inversión privada como Flamingo Bay Inc. actuando bajo modalidades de concesión, según un informe de cooperación internacional de JICA sobre desarrollo turístico.
💡 ¿Sabías que? Documentos técnicos sobre el desarrollo turístico dominicano describen Isla Catalina como uno de los pocos proyectos de inversión privada dentro de áreas protegidas, resaltando la necesidad de criterios estrictos para evitar que la lógica de negocio desplace la función ecológica (ver informe de JICA).
Privatización vs concesión: la línea que preocupa
El corazón del debate no es si puede haber o no servicios turísticos dentro de áreas protegidas. La propia Ley 202-04 contempla categorías de manejo que permiten un cierto nivel de uso público y recreativo, bajo condiciones de control estatal y primacía del objetivo de conservación. Tampoco es nuevo que empresas privadas operen instalaciones o servicios específicos en coordinación con el Estado, como ocurre en muchos países.
Lo que la UASD y la Academia de Ciencias denuncian es otra cosa: la posibilidad de que figuras de concesión, acuerdos de cooperación y planes de manejo se utilicen para otorgar a empresas privadas un control efectivo sobre espacios significativos de áreas protegidas, sin transparencia ni participación ciudadana, y con decisiones tomadas desde una lógica de negocio más fuerte que la lógica de conservación. Según su comunicado recogido por medios como el reportaje de Hoy sobre privatización encubierta, esos procesos podrían violar tanto el artículo 16 de la Constitución como los principios de la Ley 202-04.
El uso del término “privatización” por parte de los académicos no se refiere necesariamente a una venta formal del terreno —algo prohibido por la ley— sino a una forma de privatización funcional: que el acceso, la organización del espacio y los beneficios económicos queden subordinados al diseño de actores privados con poco control social.
Impacto potencial en biodiversidad, comunidades y turismo sostenible
Biodiversidad y servicios ecosistémicos
Las áreas protegidas dominicanas —incluyendo Valle Nuevo, Cabo Samaná e Isla Catalina— son pilares de la biodiversidad nacional. Allí se concentran especies endémicas, corredores biológicos y sistemas de recarga hídrica que sostienen ciudades, campos y costas. Alterar el uso del suelo con infraestructuras intensivas, fragmentar hábitats o saturar de visitantes zonas sensibles puede:
- Reducir poblaciones de fauna y flora vulnerables.
- Afectar la calidad y cantidad de agua disponible.
- Aumentar la erosión, la contaminación y el riesgo de desastres.
La propia Ley 202-04 se justifica por la necesidad de preservar esos servicios ambientales para las generaciones presentes y futuras, como detalla su exposición de motivos disponible en la Gaceta Oficial y reproducida por la Biblioteca Virtual del Ministerio de Medio Ambiente.
Comunidades y acceso al patrimonio común
Las decisiones sobre uso público y concesiones también afectan a las comunidades y al sentido de pertenencia al territorio. Si el acceso se vuelve más costoso, más limitado o más condicionado por la lógica de productos turísticos de alta gama, sectores populares pueden quedar excluidos del disfrute de espacios que, por mandato constitucional, son patrimonio de toda la nación.
A la vez, proyectos mal diseñados pueden desplazar pescadores, campesinos, pequeños prestadores de servicios o formas tradicionales de turismo comunitario. Por eso, la discusión sobre privatización encubierta es también una discusión sobre equidad y justicia territorial.
Turismo sostenible: oportunidad y riesgo
El turismo sostenible, bien entendido, puede ser un aliado de la conservación: genera recursos para vigilancia, educación ambiental y restauración; crea empleos de calidad y posiciona al país internacionalmente como un destino responsable. La propia narrativa del Ministerio de Medio Ambiente insiste en que los acuerdos con empresas como Costasur en Isla Catalina buscan precisamente ese equilibrio entre desarrollo económico y protección ecológica, como se explica en su comunicado oficial de 2026.
Pero cuando el discurso de sostenibilidad no se acompaña de transparencia, límites claros al número de visitantes, evaluaciones de impacto ambiental serias y participación de universidades y comunidades, corre el riesgo de convertirse en un sello verde al servicio de proyectos de alta rentabilidad y baja responsabilidad.
Defender las áreas protegidas como parte de la dominicanidad
Para la UASD, la Academia de Ciencias y muchos sectores sociales, la defensa de las áreas protegidas no es solo una tarea técnica de abogados y biólogos: es un acto de afirmación nacional. Que Valle Nuevo siga siendo fábrica de agua y bosque de altura, que Cabo Samaná conserve sus acantilados intactos y que Isla Catalina mantenga su riqueza coralina es tan parte de la dominicanidad como el merengue, la pelota o el café de campo.
Respetar la Constitución y la Ley 202-04 no es una formalidad; es la condición mínima para que el país pueda decir que cuida su casa común. Y que cualquier alianza público–privada en esos territorios se decida desde el interés colectivo, con información pública, participación social y la humildad de saber que la naturaleza no negocia con la letra pequeña.
Referencias
Texto íntegro de la Ley 202-04 de Áreas Protegidas – Ministerio de Medio Ambiente
Panorama y cifras del Sistema Nacional de Áreas Protegidas – Ministerio de Medio Ambiente
Valle Nuevo en el centro del debate: advierten sobre posible privatización – Diario Hoy
Acuerdo de turismo sostenible en Isla Catalina – Ministerio de Medio Ambiente
Informe JICA sobre desarrollo turístico y áreas protegidas en RD
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