Tras casi diez horas de intensa jornada judicial, el juez de Atención Permanente Rigoberto Sena recesó este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los diez imputados en la presunta estructura criminal que operó dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa). La audiencia, que continuó el viernes y sábado, representa un hito importante en la lucha contra la corrupción administrativa en República Dominicana, con revelaciones que exponen cómo funcionarios y empresarios conspiraron para desfalcar fondos públicos destinados a garantizar la salud de más de siete millones de dominicanos.
La magnitud del fraude: Sobornos por miles de millones
La Procuraduría General de la República ha presentado pruebas contundentes que demuestran la existencia de un entramado delictivo complejo dentro de Senasa. Según el Ministerio Público, los imputados captaron miles de millones de pesos a través de sobornos, utilizando como excusa recaudaciones con fines políticos para enmascarar fondos que destinaban a la adquisición de propiedades, creación de empresas y diversas inversiones de carácter ilícito. Este caso ha sido profundamente documentado en cobertura periodística especializada.
Durante la audiencia de medida de coerción, tres de los imputados —Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heydi Mariela Pineda— tomaron la decisión de admitir su participación en los hechos irregulares, confesando ante el tribunal que pagaron sobornos a Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector de Senasa, y otros funcionarios de la institución estatal. Los montos involucrados en estas transacciones ilícitas ascienden aproximadamente a RD$2,000 millones, según las declaraciones presentadas por la Dirección General de Persecución y ampliadas en testimonios judiciales claves.
Confesiones que exponen la red criminal
Eduardo Read Estrella, empresario del sector sanitario, confesó haber entregado más de RD$1,600 millones al exdirector Hazim a través de su empresa Grupo Read. Estos pagos se realizaron mediante múltiples empresas contratistas de Senasa entre noviembre de 2020 y agosto de 2025. Específicamente, los fondos se transferían a través de empresas como Khersum, Servicios Médicos del Este y Farmacar. Todo esto fue detalladamente expuesto en declaraciones como las de Acosta Sención y Pineda.
Las confesiones de Read Estrella coinciden con las declaraciones de Acosta Sención y Pineda, quienes corroboraron la existencia de un sistema sistemático de sobornos dirigido al entonces director de Senasa. Estas admisiones voluntarias han proporcionado al Ministerio Público elementos probatorios adicionales que fortalecen significativamente la acusación contra los diez imputados formalmente identificados en la investigación.
Una estructura delictiva compleja y coordinada
El expediente de la acusación revela que la estructura criminal que operó en Senasa fue diseñada de manera sofisticada para eludir controles administrativos. El Ministerio Público sostiene que Santiago Hazim lideró un esquema que combinaba fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos. La operación incluía un "comité operativo" integrado por gerentes cercanos al director ejecutivo, cuya función era centralizar las decisiones sensibles de la institución. El mecanismo permitía negociar aprobación, ampliación o habilitación de prestadores de servicios a cambio de sobornos, vulnerando los requisitos regulatorios y facilitando beneficios económicos ilícitos para un pequeño grupo de funcionarios y sus allegados, según lo detallado en análisis como el funcionamiento interno de la estructura.
Este sistema coordinado permitía desviar recursos que debían utilizarse para mejorar la cobertura y calidad de los servicios de salud.
Fortaleza probatoria de la acusación
La Dirección General de Persecución ha presentado un expediente robusto que incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimonios y diversas pruebas periciales que demuestran la dimensión del fraude. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, enfatizó que el Ministerio Público cuenta con elementos suficientes para que el caso sea declarado de tramitación compleja, dado que las acciones investigadas afectaron a millones de ciudadanos dominicanos.
Reynoso declaró que todo funcionario o persona que "tocó un peso" del Seguro Nacional de Salud debe responder ante la justicia. La Procuraduría ha solicitado medidas de coerción que incluyen 18 meses de prisión preventiva contra los imputados, así como el decomiso de los bienes adquiridos con fondos ilícitos para su restitución al Estado.
Implicaciones para la salud dominicana
El impacto de este esquema de corrupción trasciende lo meramente económico. El Ministerio Público ha señalado que las acciones investigadas no solo causaron un perjuicio patrimonial significativo al erario público, sino que comprometen la sostenibilidad del seguro público y la protección social de millones de dominicanos, especialmente aquellos en situación de mayor vulnerabilidad que dependen de los servicios que ofrece Senasa.
La investigación también ha identificado que médicos y otros profesionales del área de la salud participaron en estos procedimientos, lo que sugiere la complicidad de actores dentro del sector sanitario. Múltiples centros de salud se encuentran bajo investigación como parte de la indagación ampliada que lleva adelante la Procuraduría.
Promesa de mayor responsabilidad judicial
La procuradora Reynoso ha asegurado que habrá más personas imputadas conforme avance la investigación. El equipo de la Dirección General de Persecución, liderado por el procurador adjunto Wilson Camacho, ha trabajado sin descanso para desmantelar esta red de corrupción. Bajo las disposiciones de la recién promulgada Ley núm. 97-25, que crea el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana, el Ministerio Público ha decidido judicializar el caso en partes separadas para facilitar a los tribunales el conocimiento del proceso.
Tal como ha señalado la Procuraduría, el objetivo no es únicamente lograr sanciones penales ejemplarizadoras contra los responsables, sino también asegurar que el Estado decomise y restituya cada peso sustraído de las arcas del Seguro Nacional de Salud. Esta operación, denominada Operación Cobra, representa un esfuerzo integral de las instituciones dominicanas por preservar la integridad de un sistema de salud crucial para la población.
El proceso judicial continúa en marcha, con audiencias que se extienden a lo largo de varios días, permitiendo que tanto la acusación como la defensa presenten sus argumentos ante la justicia. Las decisiones que emita el juez Rigoberto Sena en las próximas etapas definirán el destino judicial de los imputados y establecerán un precedente importante en la lucha nacional contra la corrupción administrativa.
Referencias usadas en Artículo
- MP: Red estructura en Senasa captó miles de millones de pesos en sobornos para lucrarse
- 3 imputados de la Operación Cobra confesaron en el tribunal que pagaron sobornos a funcionarios del Senasa
- Caso Senasa: ¿Cómo operó la estructura de corrupción?
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