El periodismo dominicano enfrenta momentos cruciales que ponen a prueba los pilares fundamentales de la democracia. Recientemente, la agresión e intimidación sufrida por el periodista Sauro Scalella del Listín Diario ha reavivado la necesidad urgente de defender los derechos de la prensa, ese vehículo indispensable para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro país.
El pasado viernes, durante un almuerzo navideño encabezado por el presidente de la República en el Polideportivo Club San Carlos, el Mayor del Ejército Manuel Alejandro Fernández Tavares, oficial de seguridad presidencial encargado de la Subdirección de Seguridad Estática de la Dirección de Avanzada Presidencial, confrontó al periodista Scalella de manera agresiva. El militar no solo lo intimidó, sino que le amenazó directamente con impedirle acceso a futuras actividades oficiales del mandatario.
Este acto representa una violación flagrante del artículo 49 de la Constitución de la República Dominicana, que garantiza explícitamente la libertad de expresión y el derecho a informar. Asimismo, contraviene la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento, legislación que protege el derecho fundamental de los comunicadores a ejercer su profesión sin temor a represalias, como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa exigió, mediante su Secretario General Manuel Ureña Ángeles, una investigación exhaustiva y sanciones contra el oficial Fernández Tavares. Aunque la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia presentó disculpas por el incidente, la organización gremial fue claro: el acto de violencia contra un periodista es inaceptable y representa un atentado directo contra la libertad de prensa y la democracia dominicana, un asunto que ha sido señalado también por SIP: República Dominicana.
El caso de Sauro Scalella no es aislado. En las últimas semanas, los periodistas que cubren la fuente presidencial han enfrentado obstáculos recurrentes para acceder a eventos convocados por el mismo Departamento de Prensa del Palacio Nacional.
Hace poco, durante un almuerzo de la Cámara Americana de Comercio con asistencia del Jefe del Estado, se impidió el acceso a los medios cuando el mandatario llegó a la actividad. Los periodistas, camarógrafos y fotógrafos aguardaban afuera mientras el protocolo del evento bloqueaba su entrada, a pesar de la convocatoria oficial. Tras la indignación expresada por los comunicadores, los organizadores solicitaron disculpas, pero algunos periodistas ya habían abandonado la cobertura en protesta.
De igual manera, el 23 de diciembre anterior, en el Palacio Nacional, la Dirección de Prensa prohibió sin previo aviso el acceso a los medios acreditados para cubrir una reunión entre el presidente y promociones de oficiales de las Fuerzas Armadas. A pesar de que el evento estaba programado en la agenda presidencial para cobertura, se negó a los periodistas acceso al salón para fotografiar y videos durante la actividad, argumentando la "gran cantidad" de oficiales presentes.
Lo más grave de esta situación es la censura descarada de tres periodistas veteranos que cubren la fuente presidencial. La Dirección de Prensa, bajo la dirección de Daniel García Archivald, negó la renovación de los carnets de acreditación y envió fotografías de estos comunicadores a los guardias que custodian el Palacio Nacional con instrucciones claras de prohibirles la entrada, tratando a profesionales del periodismo como si fueran delincuentes.
Los periodistas afectados incluyen a Miguel Morillo Abreu, quien ha cubierto la fuente presidencial desde 1988 —acumulando 37 años de profesionalismo—, Héctor Danilo Sánchez Rodríguez, corresponsal especial con 31 años de trayectoria cubriendo el Palacio Nacional, y Héctor Zapata, director del periódico digital Diariopaisrd.com.
La razón de esta represalia resulta particularmente preocupante: estos comunicadores cometieron el "crimen" de formular preguntas al presidente en el programa "La Semanal Con el Presidente Luis Abinader". Sánchez Rodríguez, específicamente, cuestionó al mandatario sobre presuntas invasiones de propiedades en Boca Chica, involucrando en sus denuncias personas cercanas al Ejecutivo, incluyendo a su Jefa de Despacho y al Mayor General Celín Rubio Terrero.
Como señalaron acertadamente los periodistas afectados, aunque la Dirección de Prensa tiene oficinas en el Palacio Nacional, el edificio es la casa de gobierno de toda la República Dominicana. Ningún funcionario tiene la autoridad para prohibir la entrada a ciudadanos que cumplen con la ley, y menos aún para utilizar a militares como herramienta de represión. Hacerlo representa una violación gravísima de derechos ciudadanos que puede derivar en procesos legales contra quienes las ordenan, como advierte el INFORME CIDH 2021.
Dos de los periodistas censurados enviaron sendas cartas al Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, así como a las autoridades del Colegio Dominicano de Periodistas y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, solicitando intervención ante esta medida sin precedentes. La dirección del periódico norteamericano El Sol De La Florida envió también comunicación al mandatario, requiriendo no solo la investigación de la censura y la reposición de su corresponsal, sino también seguridad para el periodista, considerando que mafias de invasores de propiedades han enviado emisarios a amenazarlo en sus oficinas de Florida.
La libertad de prensa es el pilar fundamental de cualquier democracia auténtica. Sin ella, la corrupción florecería sin control, los abusos de poder quedarían impunes, y los ciudadanos perderían su derecho fundamental a estar informados. Los periodistas dominicanos, con su trabajo incansable durante décadas, han sido guardianes de la verdad y la transparencia en la República Dominicana.
El Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar que los medios de comunicación y sus profesionales puedan ejercer su labor sin intimidación, agresiones ni represalias. Cuando esto no ocurre, se erosiona la confianza institucional y se compromete el futuro democrático del país.
La población dominicana, heredera de una tradición de lucha por la libertad y la dignidad, debe alzar su voz en defensa de los derechos fundamentales de los periodistas. Estos profesionales no son enemigos del estado; son sus vigilantes, garantizando que el poder actúe dentro del marco legal y en beneficio del pueblo.
Si las instituciones competentes no actúan con prontitud investigando estos hechos y sancionando a los responsables, los gremios de prensa han indicado que llevarán los casos ante la Sociedad Interamericana de Prensa, exponiendo internacionalmente la situación de vulnerabilidad que enfrentan los comunicadores dominicanos. Es hora de que las autoridades reconozcan que defender la libertad de prensa es defender la democracia misma, ese bien supremo que los dominicanos han conquistado a través de años de sacrificio y resistencia.
Referencias usadas en Artículo
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre libertad de expresión
- SIP: República Dominicana
- INFORME CIDH 2021
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