Una tragedia que expone las grietas del sistema
El trágico caso de Stephora Anne-Mircie Joseph continúa resonando en la conciencia nacional. El 14 de noviembre de este año, la niña de 11 años salió de una excursión escolar organizada como "premio académico" por el Instituto de Desarrollo Integral Leonardo Da Vinci y nunca regresó con vida. Lo que debería haber sido un día de celebración terminó en una hacienda con piscina ubicada en Gurabo, Santiago, transformándose en la mayor indignación que ha experimentado recientemente el país.
Esta joven dominico-haitiana era brillante. Hablaba tres idiomas, era meritoria, y llevaba apenas cuatro años viviendo en República Dominicana con la esperanza que sus padres albergaban de proporcionarle una educación de calidad mientras esperaban que la crisis en su país de origen pudiera resolverse. Su madre trabaja de manera remota y su padre reside en Estados Unidos. La familia había tomado la decisión consciente de confiar sus hijos al sistema educativo dominicano.
Las irregularidades que rodean la muerte
Lo que ha surgido tras las primeras semanas es una cadena preocupante de anomalías. El colegio no notificó la excursión al Distrito Educativo de Santiago, incumpliendo así con la Orden Departamental 09-2009, que precisamente fue emitida en 2009 tras la muerte de dos estudiantes del Colegio La Unión mientras se bañaban en el Salto de Baiguate en Jarabacoa durante una gira escolar.
La Hacienda Los Caballos, donde ocurrió la tragedia, no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad establecidos por la ley. Carecía de salvavidas profesionales, equipos de rescate, botiquines, camillas y otros sistemas de seguridad elemental. El director provincial de la Defensa Civil confirmó estas graves deficiencias antes de proceder a clausurar el establecimiento.
En la piscina ese día había 86 estudiantes y apenas 3 maestros. Pese a la aglomeración y las rudimentarias medidas de seguridad, el colegio da Vinci continúa operando sin sanciones mientras se desarrolla la investigación.
El silencio ensordecedor
Lo más perturbador es el hermetismo que ha rodeado este caso. Durante más de dos semanas, el colegio guardó silencio. Luego emitió un comunicado expresando condolencias sin explicar absolutamente nada, amparándose en que "la investigación es secreta". Padres y personal del centro parecen haber recibido instrucciones uniformes: no hablar.
La madre de Stephora esperó cuatro horas en las afueras de la hacienda sin poder entrar. Luego le dijeron, de manera fría e inesperada, que pasara a retirar el cuerpo sin vida de su hija y buscara información en la Fiscalía de Santiago. Posteriormente, fue rechazada cuando intentó presentar su denuncia inicial, y solo semanas después le permitieron ver videos que, según sus abogados, no están completos.
Ningún alumno ha sido interrogado hasta el momento. Solo los tres profesores fueron cuestionados, y únicamente después de que la Procuradora General Yeni Berenice Reynoso recibiera a la madre a finales de noviembre —dos semanas después de la tragedia— y ordenara reforzar la investigación.
El contexto invisible: discriminación y acoso escolar
Detrás de esta muerte hay otra violencia que el Instituto Leonardo Da Vinci aparentemente prefirió ignorar. Edwind Paraison, director ejecutivo de la Fundación Zile, confirmó que Stephora sufría acoso escolar constante por su color de piel y su origen haitiano. La madre había reportado esta situación en dos o tres ocasiones a la dirección del centro educativo, sin que se adoptaran medidas para enfrentar el problema. Experiencias similares han sido relatadas por otras familias y exalumnos del colegio.
La niña incluso se inscribió en un programa de modelaje para fortalecer su autoestima y enfrentar el bullying, consciente de que necesitaba generar "anticuerpos" contra las críticas. Su madre le sugirió que estudiara modelaje para que cogiera más confianza. Sin embargo, la inseguridad que el acoso le había generado era profunda. Llegó a expresarle a su madre el deseo de cambiarse el color de la piel para dejar de ser discriminada. Sus compañeros la insultaban con términos despectivos y racistas.
El bullying en el Instituto Da Vinci no es caso aislado. Madres y exalumnos han compartido relatos similares en redes, exponiendo la normalización de la discriminación y violencia dentro del centro.
Patrones de encubrimiento sistemático
Lo que emerge de los testimonios es un patrón sistémico que va más allá del bullying simple. Existe discriminación no solo por nacionalidad o color de piel, sino también favoritismo hacia aquellos con apellidos prestigiosos o conexiones políticas.
Un caso de años recientes es particularmente revelador. Un exalumno sufrió acoso escolar severo, incluidas amenazas de muerte enviadas por teléfono. Cuando la madre del joven buscó justicia a través de la vía legal, se topó con la protección que reciben quienes ostentan poder en el país. A pesar de presentar denuncias y evidencias, las autoridades escolares y policiales ignoraron los reclamos. A la larga, el caso fue archivado sin investigación exhaustiva.
El contexto del centro educativo
El Instituto Leonardo Da Vinci opera como "asociación sin fines de lucro", aunque cobra más de 22 mil pesos mensuales a casi 1,900 alumnos, generando una facturación mensual estimada de 30 millones de pesos. Fundado en 1985, goza de fama en ciertos círculos como institución de clase media-alta.
"El colegio es muy reconocido. Sí, hay clase alta, clase media. De bajos recursos no hay, porque ellos no becan a nadie. O sea, todos los padres que están ahí o estuvimos ahí, pagábamos igual que todos. Lo que pasa es que tú llegas con un apellido de cierto nivel y ya ellos encumbran a ese muchacho", señaló una madre en referencia al trato desigual según la posición social.
La administración plantea como lema "Crear líderes para el futuro", pero muchas madres cuestionan: "¿Cuál líder tú me estás hablando de crear para el futuro si tú lo estás oprimiendo a que tape o que deje que le pasen cosas malas por poder?"
Respuestas débiles del Estado
El Ministerio de Educación asegura que se toman muy en serio las denuncias de bullying, clasificado en sus normas de convivencia como una falta muy grave. La viceministra de Asuntos Pedagógicos y Técnicos, Ancell Scheker, aseguró que llevan a cabo una estrategia de "cultura de paz".
Sin embargo, al ser consultada si jamás recibieron denuncias específicas del Instituto Da Vinci sobre acoso escolar, la funcionaria indicó que no. Explicó que el protocolo establece que primero se detecta la situación en la escuela, se trabaja con estudiantes y familias, se reporta al Distrito Educativo, y este a su vez actúa con su equipo de orientadores y psicólogos.
Al referirse a sanciones para instituciones que hayan ignorado denuncias, la respuesta fue vaga; la acción del ministerio se ha enfocado más en la intervención y en cursos de seguimiento, sin precisar consecuencias drásticas.
La viceministra admitió que, para el caso Stephora, no hubo notificación al Distrito Educativo, aunque confirmó que el colegio contaba con permisos firmados por los padres. Ante la tragedia, el Ministerio prometió revisar protocolos y preparar una nueva orden departamental más específica sobre seguridad y supervisión para excursiones escolares.
El silencio institucional como mecanismo
Lo notable es cómo la institución ha manejado la crisis comunicacional. La Asociación de Padres y Amigos del Da Vinci (APADAVI) aparentemente instruye a sus miembros a no brindar declaraciones públicas. Su presidenta, Natalia Reyes, alegó no tener derecho a entrevistas y se negó a dar detalles, marcando así una estrategia de silencio.
Consultas sobre la gestión directiva del colegio encuentran evasivas similares: “No hay un director, es un equipo directivo”. Incluso exdirectoras y miembros del consejo eluden contestar quiénes toman decisiones actualmente.
Mientras tanto, algunos padres han retirado stickers del colegio de sus vehículos y los docentes se cambian de uniforme dentro de la institución, evidenciando el clima de miedo y autocensura que reina tras la tragedia.
Ecos de tragedias anteriores
El caso de Stephora no es el primero. Años antes, una menor perdió la vida ahogada en una piscina durante un evento social, desenmascarando luego los videos de seguridad que probaron que la situación no fue un simple accidente sino un homicidio. Dieciséis personas estuvieron presentes y ninguna intervino. Ejemplos como este subrayan la urgencia de supervisión efectiva y presencia de personal capacitado en lugares recreativos.
En otro episodio sin resolver, la desesperación llevó a una madre a exhumar el cuerpo de su hija y llevarlo a la Fiscalía para demandar justicia tras la muerte de la joven en un balneario.
La dimensión del racismo antihaitiano
Esta tragedia resalta temáticas que la sociedad frecuentemente prefiere ocultar: racismo, discriminación y negación de derechos humanos hacia haitianos en República Dominicana. El fallecimiento de Stephora revive casos históricos que fueron silenciados para proteger la imagen nacional, como el emblemático hallazgo del joven haitiano Henri Claude Jean (Tulile), cuyo caso quedó irresuelto y cayó en el olvido institucional pese a su fuerte carga simbólica.
Edwind Paraison hace eco de este trato insensible, señalando la discriminación por nacionalidad. Mientras la sociedad reacciona con dolor, en las redes afloran mensajes cargados de xenofobia y manipulación de la tragedia, fomentando miedo y rechazo en lugar de empatía.
El clamor por justicia y cambio