La mañana de este domingo, bajo el imponente Monumento a los Héroes de la Restauración en Santiago, se congregaron familias dominicanas unidas por un dolor común y un reclamo que resuena en cada rincón del país: justicia. Los parientes de José Vladimir Valerio Estévez, el joven peluquero de 25 años que perdió la vida el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita, alzaron su voz en una vigilia que se convirtió en símbolo de la dignidad de un pueblo que no permanecerá en silencio ante la injusticia. La manifestación, que atrajo a familiares de otras víctimas de presuntos abusos policiales procedentes de Santo Domingo, transformó el emblemático monumento en un espacio de memoria y resistencia pacífica. Las pancartas portadas por madres, hermanos e hijos reflejaban no solo el dolor de pérdidas irreparables, sino también la determinación inquebrantable de quienes se niegan a que sus seres queridos sean olvidados o sus nombres manchados injustamente.
Un clamor por justicia que trasciende fronteras regionales
La vigilia en Santiago representó mucho más que un acto de protesta local. Se trató de una manifestación del espíritu dominicano que, fiel a su historia de lucha y resistencia, se levanta cuando las circunstancias lo demandan. Familias que nunca se habían conocido encontraron en este espacio un punto de encuentro común, demostrando que la búsqueda de justicia no conoce divisiones geográficas ni sociales en territorio dominicano. Rafael Valerio, abogado y pariente del joven asesinado, expresó con firmeza el sentir de los presentes al manifestar su desacuerdo con las medidas judiciales impuestas a los once policías imputados en el caso. Su intervención destacó una preocupación que muchos dominicanos comparten: la necesidad de que el sistema de justicia opere con equidad, sin distinciones ni privilegios que erosionen la confianza ciudadana en las instituciones. Valerio denunció lo que calificó como una estructura de poder que ampara actuaciones indebidas dentro de ciertas instituciones policiales. Su llamado fue contundente: exhortó a todos los dominicanos comprometidos con la justicia a mantenerse firmes en la defensa de los valores que sustentan una sociedad democrática. Recordó que el silencio cómplice de hoy puede convertirse en el llanto impotente del mañana, y que la evidencia disponible, incluyendo material videográfico, respalda la versión de que lo ocurrido en La Barranquita no fue un enfrentamiento, sino una ejecución.
El dolor de una madre que reclama la verdad
Entre las voces más conmovedoras de la jornada estuvo la de Elena Estévez, madre de Vladimir, quien acompañada de su hija Gabriel Espinal, hizo un llamado desgarrador pero esperanzador a las autoridades. Con lágrimas en los ojos pero firmeza en sus palabras, esta madre dominicana pidió que se restablezca la dignidad del nombre de su hijo, a quien describió como un joven trabajador, estudioso y profundamente religioso. Su testimonio reveló detalles que humanizan a la víctima más allá de las cifras y los expedientes judiciales. Vladimir no era simplemente una estadística más; era un barbero apreciado en su comunidad, un joven de fe que portaba un rosario, alguien con sueños y proyectos que fueron truncados violentamente. La súplica de su madre resonó con particular fuerza: que la justicia dominicana y la justicia divina coincidan en mostrar la verdad sobre su hijo. Gabriel Espinal, hermana del occiso, expresó su inconformidad con la decisión judicial que, tras declarar el caso como complejo, impuso apenas tres meses de prisión preventiva a solo cuatro de los once imputados. Su argumentación jurídica fue clara: cuando un caso es calificado como complejo, la legislación dominicana contempla medidas de coerción que pueden extenderse hasta dieciocho meses. La disparidad entre lo que dicta la ley y lo que se aplicó en este caso generó indignación no solo en la familia, sino en amplios sectores de la opinión pública que siguen de cerca el desarrollo de este proceso.
Solidaridad que fortalece la lucha por los derechos
La vigilia en Santiago demostró que el caso La Barranquita ha tocado fibras sensibles en todo el territorio nacional. Madres que han experimentado pérdidas similares viajaron desde Santo Domingo para expresar su solidaridad con la familia Valerio, creando una red de apoyo que trasciende las circunstancias individuales y se convierte en un movimiento colectivo por la dignidad y los derechos humanos. Joselín Alcántara, madre de Steven de Jesús Zapata, quien fue ultimado en Sabana Perdida, compartió su propia historia de dolor y frustración ante la falta de respuestas judiciales. Su testimonio reveló que lleva nueve meses solicitando apoyo sin obtener resultados concretos, evidenciando que el caso La Barranquita no es un hecho aislado, sino parte de una problemática más amplia que requiere atención urgente y soluciones estructurales. Angelina Sánchez Reinoso, integrante del grupo Madres de Fe en Busca de Justicia, recordó el asesinato de su hija Yoanca Natalí Montero Sánchez en Los Mina durante 2024. Su presencia en la vigilia y su reclamo por la reapertura de expedientes y el fin de la impunidad subrayan la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y persistir en la búsqueda de verdad y justicia.
Los hechos que conmovieron a la nación
El 10 de septiembre de 2025, en el estacionamiento de una plaza comercial del sector La Barranquita en Santiago, ocurrió un suceso que ha sido catalogado por el Ministerio Público como una ejecución extrajudicial. Ese día perdieron la vida cinco dominicanos: José Vladimir Valerio Estévez, Elvis Antonio Martínez Rodríguez, Julio Alberto Gómez, Carlos Enrique Guzmán Navarro y Edward Bernardo Peña Rodríguez. La investigación preliminar del Ministerio Público, dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, estableció que los once policías imputados llegaron al lugar en tres vehículos y, según testigos presenciales, abrieron fuego contra las víctimas sin mediar palabra. Uno de los elementos más graves de la investigación reveló que, tras cometer el hecho, los imputados desarrollaron acciones destinadas a ocultar evidencias y entorpecer la investigación, incluyendo la sustracción de un teléfono móvil a un testigo que logró grabar parte de los acontecimientos. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó desde el primer momento una investigación exhaustiva para determinar las circunstancias objetivas del caso. Este compromiso institucional desde las más altas esferas del Ministerio Público representa un avance significativo en la cultura de rendición de cuentas que el país necesita consolidar.
Las medidas judiciales que generaron controversia
El pasado 14 de octubre, tras más de seis horas de audiencia con dos recesos, la jueza Yerixa Cabral de la Cruz, de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santiago, dictó medidas de coerción diferenciadas para los once policías imputados. La decisión judicial declaró el proceso como de tramitación compleja e impuso tres meses de prisión preventiva a cuatro agentes: el raso José Octavio Jiménez Peña, el sargento mayor Sócrates Fidel Féliz Féliz, el sargento Hairo Mateo Morillo y el cabo Yohandy Encarnación, quienes fueron enviados al Centro de Operaciones Especiales de Manoguayabo. Para los otros siete imputados, los mayores Álvaro Paredes Paniagua y Hansel Michel Cuevas Carrasco, el capitán José Ignacio Gómez Rodríguez, el segundo teniente Domingo de Los Santos Vargas, los cabos Geyser Francisco Álvarez Rodríguez y César Augusto Martínez Trinidad, y el raso Adrián Miguel Villalona Pineda, el tribunal impuso una garantía económica de un millón de pesos a través de compañía aseguradora, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. El tribunal también acogió la solicitud del Ministerio Público de autorizar una orden de protección en favor de las víctimas y testigos del proceso, además de imponer una orden de alejamiento que prohíbe a los agentes acercarse a las familias de los occusos. Estas medidas, aunque representan un paso en la dirección correcta, fueron consideradas insuficientes por los familiares y sus representantes legales.
El compromiso del Ministerio Público
El procurador adjunto Wilson Camacho enfatizó, al salir de la audiencia de medidas de coerción, el firme compromiso del Ministerio Público con la investigación y el procesamiento del caso. Sus palabras fueron claras: desde el principio se comprometieron a investigar y procesar los hechos que produjeron cinco muertes, porque es necesario que se haga justicia. Camacho también señaló la importancia de que, como sociedad dominicana, se aprenda de estos hechos para prevenir que situaciones de esta naturaleza se repitan. Este enfoque preventivo, además del punitivo, representa una visión integral que busca no solo castigar las conductas indebidas, sino también transformar las estructuras y protocolos que pudieran permitir su ocurrencia. El caso recibió la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario. Esta calificación jurídica