El jurista y reconocido abogado penalista Miguel Valerio defendió enfáticamente la aprobación del nuevo Código Penal dominicano, destacando que la legislación anterior databa de 1884 y ya no respondía a las necesidades actuales de la sociedad dominicana. Esta posición cobra especial relevancia tras la promulgación histórica realizada por el presidente Luis Abinader en agosto de 2025, marcando el fin de una espera de más de un siglo por una modernización integral del sistema penal del país, como se destacó en la cobertura de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal.
Un Avance Histórico para la Justicia Dominicana
La promulgación del nuevo Código Penal representa un punto de inflexión en la historia jurídica de República Dominicana. Valerio resaltó el papel preponderante del presidente Abinader, junto a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, en impulsar esta trascendental iniciativa que había enfrentado décadas de intentos fallidos.
El nuevo marco normativo introduce una estructura más robusta y detallada, con avances significativos que posicionan a República Dominicana como un referente regional en materia de justicia penal moderna. La legislación contempla la tipificación de delitos contemporáneos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying, la violencia económica y la difusión de deepfakes con fines de chantaje, respondiento así a realidades criminales que antes permanecían sin regulación específica, según señala el balance realizado por Revista Mercado sobre los principales cambios del Código Penal.
Innovaciones que Fortalecen la Seguridad Ciudadana
Entre las principales innovaciones del nuevo Código Penal se destaca la incorporación de figuras delictivas modernas que incluyen la estafa piramidal, la intermediación financiera no regulada, la instigación al suicidio, y la tipificación completa de todos los supuestos convencionales de crímenes de lesa humanidad y genocidio. Asimismo, se contemplan la desaparición forzada, los delitos con dolo eventual y culpa consciente, el autosecuestro, la falsa denuncia y la obstrucción de justicia.
Un aspecto particularmente significativo es el endurecimiento de las sanciones, con penas de prisión que pueden alcanzar hasta cuatro décadas, extendiéndose incluso hasta seis décadas en casos de concurso de infracciones graves. Esta medida refleja el compromiso del Estado dominicano con la protección efectiva de los ciudadanos y la disuasión de actividades criminales.
Protección Integral y Responsabilidad Corporativa
El nuevo marco legal establece una protección integral a las víctimas, fortaleciendo las órdenes de restricción y creando un registro de agresores sexuales. Además, amplía significativamente el plazo de prescripción para delitos sexuales contra menores, permitiendo que las víctimas puedan denunciar hasta tres décadas después de alcanzar la mayoría de edad.
Por primera vez en la historia jurídica dominicana, las personas jurídicas (empresas u organizaciones) podrán ser penalmente responsables por actos ilícitos cometidos en su nombre, estableciendo un precedente importante en la lucha contra la corrupción corporativa. En este sentido, se endurecen las sanciones contra la corrupción, incluyendo la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos.
Desafíos Futuros y Modernización Judicial
Valerio identificó como el próximo gran reto de la justicia criminal dominicana la modificación del Código Procesal Penal, que fue prorrogado en años recientes por mandato constitucional. Esta reforma ayudaría significativamente en la agilización de los procesos judiciales y formaría parte de una segunda ola de reformas del sistema de justicia.
El jurista reconoció los esfuerzos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien ha asumido reformas pendientes desde hace décadas, poniendo como ejemplo exitoso la digitalización de la justicia dominicana. Esta modernización tecnológica representa un avance crucial para enfrentar el colapso de los tribunales y los problemas de espacios físicos que afectan tanto al Distrito Nacional como a las provincias.
Hacia una Justicia Digital y Eficiente
Ante la realidad de tribunales colapsados y la limitación de espacios físicos, Valerio propone continuar ampliando la justicia virtual como solución innovadora. Aunque existe la Ley 339-22 sobre uso de medios digitales, esta excluye actualmente el ámbito penal, por lo que su expansión podría contribuir significativamente a descongestionar las salas de audiencias.
El nuevo Código Penal, que entrará en vigencia en agosto de 2026, representa más que una simple actualización legislativa; constituye un símbolo de progreso que coloca a República Dominicana a la vanguardia regional en materia de justicia penal. Esta transformación histórica demuestra la capacidad del país para evolucionar y adaptarse a los desafíos contemporáneos, fortaleciendo el estado de derecho y garantizando mayor protección para todos los ciudadanos dominicanos.
La modernización del sistema penal dominicano marca el inicio de una nueva era en la administración de justicia, donde la protección de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la persecución efectiva del delito se conjugan para construir una sociedad más justa y segura para las futuras generaciones.
Referencias usadas en Artículo
- Entrada en vigencia del nuevo Código Penal en República Dominicana
- El nuevo Código Penal de República Dominicana: ¿qué cambió y qué se quedó afuera?
- Miguel E. Valerio Jiminian – Chambers and Partners
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