Ley 47-25 de Contrataciones Públicas: Un paso decisivo hacia la transparencia y eficiencia en la República Dominicana

Ley 47-25 Contrataciones Públicas

La promulgación de la Ley 47-25: Un hito en la transformación estatal y la lucha contra la opacidad

La República Dominicana dio un paso histórico al promulgar la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, un marco jurídico que redefine cómo el Estado administra recursos y garantiza transparencia en procesos clave. El presidente Luis Abinader firmó esta normativa en la sede de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en un acto que simboliza el compromiso de su administración por modernizar las instituciones según se destaca en la promulgación de la nueva ley de contrataciones públicas.

Principios fundamentales de la nueva ley

La Ley 47-25 introduce cambios estructurales para combatir prácticas opacas y priorizar el desarrollo sostenible:

Carlos Pimentel, director de la DGCP, destacó que esta ley fortalece las capacidades de la institución, dotándola de instrumentos modernos para fiscalización y supervisión, alineando sus funciones con estándares internacionales, tal y como relata el informe de Diario Libre sobre el inicio de la implementación.

Mecanismos para agilizar decisiones

La normativa introduce procesos innovadores:

Plan de implementación

En los próximos seis meses, se desarrollarán reglamentos y actualizaciones tecnológicas, incluyendo ajustes al Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP). Esta modernización se realizó en dos etapas: primero, mejoras inmediatas para interoperabilidad con otras plataformas, y luego incorporación de módulos nuevos que faciliten la participación ciudadana, marco que se describe en las estrategias que lidera la DGCP.

Abinader enfatizó que esta legislación "no es un eslogan, sino un mensaje claro de que cada peso del pueblo se invierte en su bienestar". Subrayó que detrás de cada contrato amparado por esta ley habrá obras concretas: hospitales, carreteras y escuelas que transformarán comunidades, reflejo del espíritu plasmado en la cobertura de la promulgación de la ley.

La Ley 47-25 como herramienta contra la corrupción

La normativa introduce sanciones penales por irregularidades y amplía los mecanismos de control interinstitucional, coordinando esfuerzos entre la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) y la Unidad Antifraude de la Contraloría. Este marco acaba con espacios de discrecionalidad, garantizando que procesos de contratación no solo cumplan normas, sino que generen confianza en los inversionistas y equidad para los proveedores, en sintonía con lo expuesto en los avances de gobierno y las declaraciones en El Nuevo Diario.

La entrada en vigor de esta ley representa un giro que proyecta a la República Dominicana como un referente en gestión pública. Como señaló Abinader, esto es gobernar con claras reglas y manos limpias, un cambio esencial para construir instituciones que honren la próceres herencia de lucha por un país más justo.

(Imagen: El presidente Luis Abinader firmando la Ley 47-25, acompañado por autoridades de la DGCP. Foto: Cortesía Presidencia)

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