Luis Abinader y el Decreto 105-25: Un paso hacia la eficiencia y transparencia en el gasto público
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha consolidado su compromiso con la transparencia y la eficiencia en la gestión estatal mediante la implementación del Decreto 105-25, una herramienta jurídica diseñada para optimizar el uso de los recursos públicos en todas las instituciones del Poder Ejecutivo durante el año 2025. Esta medida, firmada el 28 de febrero, representa un hito en la continuidad de políticas iniciadas desde el primer mandato de Abinader, enfocadas en eliminar gastos superfluos y fortalecer la rendición de cuentas. El decreto establece restricciones específicas en áreas clave como la compra de vehículos oficiales, los viajes al exterior de funcionarios y el financiamiento de actividades consideradas no esenciales, al tiempo que refuerza los mecanismos de control administrativo. Estas acciones se enmarcan dentro de una estrategia gubernamental más amplia que busca consolidar una cultura de responsabilidad fiscal, aunque han generado reacciones contrastantes entre sectores políticos y analistas.
Contexto histórico de las medidas de austeridad
La administración Abinader ha mantenido como eje transversal de su gestión la racionalización del gasto público, una política que se remonta a sus primeros años de gobierno. En 2021, el Decreto 396-21 sentó las bases para reducir costos operativos mediante la limitación de viajes internacionales, la restricción en adquisiciones vehiculares y la eliminación de gastos suntuarios en remodelaciones de oficinas. Dos años después, en 2023, el mandatario amplió este enfoque al sector energético mediante el Decreto 158-23, que impulsó programas de eficiencia energética en dependencias estatales como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. Estas iniciativas convergen en el actual Decreto 105-25, que actualiza y profundiza las disposiciones anteriores bajo un marco integral de control presupuestario.
Mecanismos centrales del Decreto 105-25
El artículo 2 del decreto establece la prohibición absoluta de compra de vehículos de motor para instituciones gubernamentales, permitiendo excepciones únicamente con autorización expresa del Ministerio Administrativo de la Presidencia y bajo estrictos criterios de necesidad operativa. Paralelamente, se restringe el uso de flotas oficiales durante fines de semana y días feriados, excepto para servicios esenciales vinculados a seguridad nacional, salud pública y atención de emergencias. En el ámbito de movilidad internacional, la normativa limita a dos representantes por institución en eventos oficiales en el exterior, eliminando además la posibilidad de adquirir boletos en primera clase para funcionarios públicos.
Uno de los aspectos más innovadores del decreto radica en su enfoque preventivo contra el gasto discrecional. Se prohíbe expresamente la asignación de fondos públicos para publicaciones promocionales, eventos sociales institucionales, donaciones no autorizadas y remodelaciones de espacios que no cumplan con criterios de funcionalidad comprobada. Estas disposiciones se complementan con protocolos estrictos para la liquidación de viáticos, exigiendo la devolución de remanentes a la Cuenta Única del Tesoro en plazos no mayores a 15 días hábiles.
Arquitectura institucional para la implementación
La aplicación del decreto recae principalmente en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, entidad que coordina con la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y la Dirección General de Contabilidad Gubernamental para establecer mecanismos de auditoría continua. Un avance significativo en esta edición normativa es la integración de sistemas tecnológicos de monitorización en tiempo real, que permiten rastrear las transacciones presupuestarias desde su origen hasta su ejecución final. Como parte de esta estrategia digital, se ha implementado una plataforma de datos abiertos donde los ciudadanos pueden consultar el destino de los fondos públicos en formatos accesibles y actualizados.
El decreto también refuerza las competencias de la Cámara de Cuentas, facultándola para realizar inspecciones sorpresa en cualquier institución del Poder Ejecutivo. En casos de presuntas irregularidades, los funcionarios involucrados podrían enfrentar suspensiones inmediatas mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Estas medidas se alinean con el Plan Nacional contra la Corrupción, presentado por Abinader en 2020, que buscaba crear un nuevo modelo de gestión pública basado en la prevención de la corrupción.
Impacto en la operatividad gubernamental
Desde su implementación, el decreto ha generado transformaciones notables en los patrones de gasto institucional. Reportes preliminares de la DIGEPRES indican una reducción del 34% en asignaciones vehiculares durante el primer trimestre de 2025, junto con un descenso del 28% en gastos de representación internacional. Los ahorros generados se han redirigido hacia programas sociales focalizados en seguridad alimentaria, infraestructura educativa y atención primaria en salud, particularmente en provincias con mayores índices de pobreza multidimensional.
En el sector defensa, la racionalización del personal militar y policial asignado a funcionarios ha permitido redistribuir más de 1,200 efectivos hacia labores de vigilancia comunitaria y prevención del delito. Esta reasignación estratégica forma parte de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana "Mi País Seguro", que busca fortalecer la presencia policial en zonas históricamente marginadas. Adicionalmente, las restricciones en remodelaciones de oficinas han derivado en la optimización de espacios públicos subutilizados, generando ahorros estimados en 450 millones de pesos dominicanos durante los primeros meses de vigencia del decreto.
Reacciones y debate político
Las medidas han recibido el respaldo de organizaciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana y el Foro Socioeducativo, que destacan su potencial para fortalecer la confianza en las instituciones públicas. Sin embargo, sectores de la oposición política han cuestionado el timing y alcance real del decreto. Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) argumentan que la proliferación de normas similares desde 2021 evidencia fallas estructurales en el control presupuestario previo, mientras que legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) señalan que estas críticas obvian los avances concretos en reducción de pobreza y transparencia fiscal.
Analistas independientes han llamado la atención sobre el contexto político de la medida, dado que Abinader no puede optar a la reelección en 2028. Algunos interpretan el decreto como un intento de consolidar su legado reformista ante las pugnas internas dentro del PRM por la sucesión presidencial. No obstante, defensores de la medida subrayan que su implementación técnica a través de DIGEPRES y organismos autónomos garantiza continuidad más allá de los ciclos electorales.
Sinergias internacionales y sostenibilidad
La racionalización del gasto público se complementa con iniciativas de cooperación internacional como el programa de Eficiencia Energética apoyado por Estados Unidos, que incluye asistencia técnica para modernizar sistemas de alumbrado público y optimizar el consumo energético en edificios gubernamentales. Estos esfuerzos multinivel buscan posicionar a la República Dominicana como referente regional en gestión pública innovadora, combinando austeridad fiscal con inversiones estratégicas en tecnología y capital humano.
El Decreto 105-25 representa un eslabón fundamental en la construcción de un Estado moderno y eficiente, donde cada peso invertido genere beneficios tangibles para la ciudadanía.
Referencias usadas en Artículo
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