Más de la mitad de los dominicanos vive hoy en una casa que no es de su propiedad. El dato impresiona, pero también revela la magnitud del reto y, al mismo tiempo, la fuerza de un país que ha decidido tomarse en serio el derecho a una vivienda digna como política de Estado.
El derecho a una vivienda digna y la creación del MIVED
El punto de partida jurídico de esta discusión está en la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a una vivienda digna con servicios básicos esenciales, y manda al Estado a crear las condiciones para que ese derecho se haga efectivo, incluyendo planes de vivienda y asentamientos de interés social, así como acceso legal a la propiedad titulada, como recoge la propia Ley 160-21 que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVED), citando el artículo 59 constitucional según el texto disponible en la recopilación legal de vLex.
La Ley 160-21, promulgada en 2021, establece que el MIVED debe formular y ejecutar las políticas, programas y estrategias en materia de vivienda, hábitat y asentamientos humanos dignos en todo el territorio nacional, además de encargarse de la construcción de edificaciones públicas y del mejoramiento masivo de viviendas, como detalla un resumen jurídico de FC Abogados.
En esa misma línea, la ley subraya que el Estado debe priorizar los asentamientos informales empobrecidos y las zonas con alta vulnerabilidad ambiental y fomentar mecanismos innovadores de acceso a vivienda social, incluyendo cooperativas, ayuda mutua y financiamiento asequible, de acuerdo con el texto legal difundido por vLex.
Más que un simple ministerio constructor, el MIVED fue concebido como el ente rector de toda la política habitacional del país: regula permisos, supervisa edificaciones públicas y privadas y fija criterios técnicos de construcción, según la descripción de sus atribuciones sistematizada por FC Abogados.
Ese marco institucional es clave para entender por qué los nuevos datos de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples ENHOGAR-MICS 2025 preocupan, pero también orientan el trabajo futuro del Estado.
ENHOGAR-MICS 2025: la radiografía más reciente de los hogares dominicanos
La Oficina Nacional de Estadística (ONE) y UNICEF presentaron recientemente los primeros resultados de la ENHOGAR-MICS 2025, una encuesta especializada sobre condiciones de vida y bienestar que se basa en una muestra probabilística de 35,238 viviendas en todo el territorio nacional, con información efectiva de 29,676 hogares y una tasa de respuesta de 98.6 %, como destacó la ONE en la difusión del informe básico a través de su cuenta institucional en Instagram.
Esta encuesta, parte de la serie ENHOGAR que la ONE viene desarrollando desde hace años, se ha consolidado como la principal fuente oficial para medir condiciones de vivienda, acceso a servicios básicos y características de los hogares dominicanos, como se explica en la documentación del “Informe de Resultados Básicos de la ENHOGAR-2024” disponible en el portal de la ONE.
📊 Dato clave: La ENHOGAR-MICS 2025 se levanta sobre 35,238 viviendas en todo el país, con 29,676 hogares encuestados y una tasa de respuesta de 98.6 %, según comunicó la ONE a través de Instagram.
Con esa base estadística sólida, el informe permite analizar con precisión dónde están las brechas habitacionales y qué tan lejos estamos de hacer realidad el mandato de la Ley 160-21.
Propiedad de la vivienda: más de la mitad vive en casas ajenas
El dato que más llama la atención es contundente: el 55.7 % de los encuestados declaró que la vivienda donde reside no es propiedad de ningún miembro del hogar, mientras que el 44.3 % indicó que sí vive en una casa propiedad de alguien de la familia, según recoge el reporte difundido por el portal dominicano La Tierra de Mis Amores a partir de ENHOGAR-MICS 2025.
En términos simples, más de la mitad de la población vive alquilada, en casas prestadas, en propiedades de terceros o bajo arreglos informales, lo que limita su seguridad residencial de largo plazo y su capacidad de acumular patrimonio.
Esta realidad se vuelve más compleja si se compara con la región. Aunque no hay un único valor estándar, estudios regionales recogidos por organismos como la CEPAL y el BID han señalado históricamente que América Latina tiene tasas relativamente altas de vivienda propia, con importantes brechas de calidad y formalidad; los nuevos datos dominicanos confirman que el desafío ya no es solo construir casas, sino garantizar propiedad segura y asequible para las familias de ingresos bajos y medios, un enfoque que la Ley 160-21 reconoce cuando prioriza el acceso legal a la propiedad titulada, según el texto reproducido en vLex.
Urbano vs. rural: dos países en uno
El contraste territorial es uno de los hallazgos más reveladores de ENHOGAR-MICS 2025. En las zonas urbanas, el 60.7 % de los encuestados señaló que la vivienda donde reside no es propiedad de ningún miembro del hogar, y solo el 39.3 % vive en casa propia, de acuerdo con el análisis publicado por La Tierra de Mis Amores.
En cambio, en las zonas rurales ocurre lo contrario: el 57.3 % declaró que la casa donde vive sí pertenece a algún miembro del hogar, mientras que el 42.7 % dijo que no es de su propiedad, según la misma fuente.
Esta diferencia habla de dos realidades: en la ciudad, el suelo es más caro, la vivienda formal tiene precios más altos y el alquiler se vuelve la opción dominante, mientras que en el campo es más frecuente que las familias posean terrenos heredados o viviendas autoconstruidas, aunque muchas veces con problemas de titulación o de calidad constructiva.
La Ley 160-21, consciente de estas desigualdades, manda al Estado a priorizar territorialmente los asentamientos humanos informales empobrecidos y las zonas con alta vulnerabilidad ambiental, promoviendo producción pública de vivienda y mecanismos para mejorar el acceso de los hogares de ingresos bajos a viviendas sostenibles, tal como se recoge en los considerandos del texto legal difundido por vLex.
Cómo son los hogares: tamaño, composición y jefatura
La ENHOGAR-MICS 2025 también permite mirar hacia dentro de los hogares. Del total de entrevistados, el 22.6 % dijo vivir solo, y el 26.5 % señaló que su hogar estaba compuesto por padre, madre y uno o más hijos, mientras que un 21.8 % indicó que, además de padres e hijos, residía en la vivienda algún otro familiar, según el resumen de datos publicado por La Tierra de Mis Amores.
Los datos muestran, por un lado, la presencia importante de hogares unipersonales, fenómeno que suele crecer con la urbanización, y por otro, la persistencia de familias extendidas que comparten vivienda, lo que en muchos casos responde a estrategias de supervivencia económica y apoyo mutuo.
En cuanto a la jefatura del hogar, el 55.3 % de quienes se identificaron como jefes de hogar son hombres, y el 44.7 % son mujeres, según el mismo análisis basado en ENHOGAR-MICS 2025 difundido por La Tierra de Mis Amores.
Esta alta proporción de mujeres jefas de hogar refleja, al mismo tiempo, el liderazgo femenino en la gestión del presupuesto familiar y la carga adicional que muchas asumen para garantizar vivienda, comida y educación en contextos de ingresos limitados.
Condiciones sanitarias: inodoro vs. letrina
Uno de los avances más visibles de las últimas décadas en República Dominicana ha sido la expansión del acceso a servicios sanitarios mejorados. Según ENHOGAR-MICS 2025, el 91.0 % de los hogares declaró tener inodoro, mientras que un 6.7 % indicó que usa letrina, de acuerdo con el reporte recogido por La Tierra de Mis Amores.
La brecha urbano-rural vuelve a aparecer: en las ciudades, solo el 2.9 % de los hogares usa letrina, mientras que en las zonas rurales el porcentaje sube a 16.7 %, según la misma fuente.
💡 ¿Sabías que? Aunque el 91 % de los hogares dominicanos reporta tener inodoro, todavía 1 de cada 6 hogares rurales usa letrina, según datos reseñados a partir de ENHOGAR-MICS 2025 por La Tierra de Mis Amores.
Estas cifras indican que el país ha logrado avances significativos en cobertura sanitaria, pero aún enfrenta desafíos importantes en el campo, donde la falta de sistemas de alcantarillado, drenaje y saneamiento integral impacta en la salud de las comunidades.
La Ley 160-21 concibe la vivienda digna como parte de un hábitat adecuado, lo que incluye servicios básicos esenciales; por tanto, cerrar esta brecha sanitaria rural se alinea directamente con el mandato del MIVED, según subraya el propio texto de la ley reproducido en vLex.
El agua potable: entre la tubería y el botellón
El acceso al agua potable es otro pilar para entender la calidad del hábitat. Según ENHOGAR-MICS 2025, el 85.1 % de los hogares declaró que su principal fuente de agua para beber es el agua embotellada, y un 5.7 % usa agua procesada de los llamados “camioncitos”, como señala el artículo basado en el informe de la ONE publicado por La Tierra de Mis Amores.
En cuanto al suministro de agua para uso doméstico, solo el 57.8 % de los hogares dijo tener tuberías dentro de la vivienda, mientras que el 18.3 % reportó contar con tubería en el patio, solar o terreno, según los mismos datos.
📊 Dato clave: Menos de 6 de cada 10 hogares dominicanos tienen tubería de agua dentro de la vivienda, según datos reseñados de ENHOGAR-MICS 2025 por La Tierra de Mis Amores.
El hecho de que la gran mayoría de los hogares compre agua embotellada para beber, mientras que una parte significativa no tiene tubería interna, revela una paradoja: las familias dominicanas han encontrado maneras de proteger su salud, aun cuando la infraestructura pública de agua potable continúa siendo insuficiente en muchos sectores. Este esfuerzo cotidiano tiene un costo económico importante, especialmente para los hogares de menores ingresos.
La propia ONE ha venido señalando en informes previos de ENHOGAR la importancia de mejorar el acceso a fuentes seguras de agua para reducir desigualdades, como se plantea en el “Informe de Resultados Básicos de la ENHOGAR-2024” disponible en la página de la ONE.
Religión y tejido social en los hogares
Aunque no parece un dato habitacional en sentido estricto, la religión ayuda a entender el tejido social que sostiene muchos hogares y comunidades. ENHOGAR-MICS 2025 muestra que el 47.5 % de los encuestados se identifica como católico, el 23.9 % como evangélico, el 24.9 % declara no practicar ninguna religión y el 4.0 % pertenece a otra confesión, según el resumen del informe reseñado por La Tierra de Mis Amores.
Estas cifras ilustran cómo las iglesias y comunidades de fe siguen jugando un rol en la organización barrial, el acompañamiento de familias vulnerables y, en no pocos casos, en iniciativas de vivienda cooperativa o de apoyo comunitario, un enfoque que la Ley 160-21 reconoce al mencionar el cooperativismo y la ayuda mutua como herramientas válidas para ampliar el acceso a vivienda social, según el texto legal difundido en vLex.
Un problema histórico que sigue presente
El déficit habitacional en República Dominicana no es nuevo. Desde hace décadas, el crecimiento urbano acelerado, la migración interna del campo a la ciudad y la informalidad laboral han impulsado el surgimiento de barrios sin planificación, viviendas autoconstruidas y ocupaciones de terreno, especialmente en grandes centros urbanos.
Aunque los datos específicos de ENHOGAR-MICS 2025 se enfocan en la situación actual, informes anteriores de la ONE y estudios de organismos internacionales han insistido en que el déficit no se mide solo en “falta de casas”, sino también en viviendas inadecuadas, hacinamiento, falta de títulos y carencias de servicios básicos, visión que se alinea con el enfoque integral de “asentamientos humanos dignos” recogido en la Ley 160-21, según se aprecia en el documento legal publicado por vLex.
Lo novedoso del momento actual es que, por primera vez, el país cuenta con un ministerio especializado, un marco legal moderno y encuestas periódicas detalladas como ENHOGAR-MICS que permiten monitorear en el tiempo si las políticas públicas están reduciendo las brechas.
El papel del MIVED frente a los nuevos datos
A la luz de las cifras de ENHOGAR-MICS 2025, el rol del MIVED se vuelve aún más estratégico. La Ley 160-21 le asigna la responsabilidad de dirigir y coordinar la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas de vivienda y hábitat, así como ejecutar programas de construcción, mejoramiento de viviendas y acceso a vivienda social, de acuerdo con el resumen de funciones compilado por FC Abogados.
El propio texto legal indica que el Estado debe impulsar mecanismos novedosos para que las familias de ingresos bajos y medios accedan a vivienda sostenible mediante financiamiento asequible, cooperación, ayuda mutua y fondos solidarios, especialmente para sectores empobrecidos que han quedado fuera del mercado hipotecario tradicional, según los considerandos recogidos en vLex.
La combinación de un marco normativo claro y datos actualizados abre la puerta a políticas más focalizadas: programas específicos para inquilinos urbanos de bajos ingresos, proyectos de titulación masiva en barrios consolidados, inversión en agua y saneamiento en comunidades rurales, y alianzas público-privadas que incluyan criterios de asequibilidad y sostenibilidad.
Recientemente, el poder Ejecutivo depositó en el Senado un anteproyecto para modificar la Ley 160-21 buscando ajustar y fortalecer este marco institucional, según informó el diario Listín Diario, lo que demuestra que el tema vivienda sigue en el centro de la agenda pública.
Orgullo por la resiliencia… y por el esfuerzo institucional
Los números de ENHOGAR-MICS 2025 no son fáciles: más de la mitad del país viviendo en casas ajenas, millones de dominicanos sin tubería de agua dentro del hogar y miles de familias rurales aún usando letrinas. Pero la historia no se detiene ahí.
También hay motivos para el orgullo: un Estado que reconoce en su Constitución el derecho a la vivienda digna, una Ley 160-21 que crea un ministerio especializado con mandato claro, una ONE que produce estadísticas rigurosas y transparentes, y, sobre todo, un pueblo que, con creatividad y sacrificio, ha sabido levantar casas, barrios y comunidades enteras aun en medio de las dificultades.
El reto ahora es convertir esos datos en acción concreta: que cada porcentaje se traduzca en programas, cada brecha en una prioridad, cada carencia en una oportunidad para construir un país donde la casa propia o, al menos, una vivienda segura y adecuada, no sea un privilegio, sino una realidad alcanzable para la mayoría.