Un esquema sin precedentes de fraude y enriquecimiento ilícito
El Ministerio Público de la República Dominicana ha revelado un complejo entramado de corrupción y lavado de activos que habría causado daños por más de RD$1,666 millones al patrimonio público. Según la acusación formal depositada ante los tribunales, el Estado dominicano perdió recursos significativos a través de un sofisticado "doble esquema" que combinaba sobrecostos en contrataciones estatales con la apropiación de recaudaciones públicas.
La investigación, identificada como Operación Camaleón, apunta al empresario José Ángel Gómez Canaán como presunto líder de este entramado delictivo. Junto a él, la acusación incluye a otros 16 coimputados y varias empresas privadas que funcionaron como vehículos para desviar fondos hacia bolsillos privados.
El mecanismo del fraude estructurado
El esquema operó mediante dos estrategias claramente identificadas por el Ministerio Público. En primer lugar, se utilizaron sobrecostos en contrataciones estatales, ejecutados mediante licitaciones manipuladas y adendas fraudulentas que permitieron inflar los valores de los proyectos. En segundo lugar, se apropió indebidamente de recaudaciones públicas, ocultando ingresos legítimos y simulando obligaciones financieras que carecían de sustento legal.
Esta estructura permitió que el grupo presuntamente involucrado se enriqueciera ilícitamente a través de operaciones trianguladas entre diversas empresas controladas directa o indirectamente por los acusados. El patrón de actuación fue descrito por los fiscales como "estructurado y sostenido", lo que evidencia una planificación cuidadosa y una implementación deliberada del fraude a lo largo de varios años.
Las empresas utilizadas como vehículos del lavado
El expediente detalla la participación de al menos cinco compañías que actuaron como intermediarias financieras y canales de lavado de activos. Cada una de estas empresas desempeñó un rol específico dentro del engranaje delictivo.
OML Inversiones, S.R.L. fue identificada como una "sociedad de papel" que funcionó como vehículo patrimonial central. Durante el período 2020-2024, la empresa registró entradas que superaron los RD$1,348 millones, además de recibir US$14 millones y €113,000. El Ministerio Público la señala como el eje financiero central del esquema de lavado, donde convergían los fondos desviados de instituciones públicas.
Transcore Latam S.R.L. fue beneficiaria de un contrato fraudulento valorado en RD$1,317 millones con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). El presunto contrato fue adjudicado bajo el argumento de modernizar los sistemas de semáforos y equipos de control vial en la jurisdicción. Según la acusación, la licitación fue manipulada y la empresa movilizó cientos de millones de pesos y millones de dólares como parte del esquema ilícito.
PagoRD Xchange S.R.L. fue formalmente creada para gestionar cobros electrónicos del Intrant, pero habría funcionado como desviador de fondos públicos. La empresa presuntamente retuvo indebidamente las recaudaciones por licencias de conducir y tasas de servicios, utilizando el dinero para compras de bienes de lujo e inversiones personales de los acusados.
Dekolor S.R.L. se benefició mediante la manipulación de contratos y adendas con el Intrant, logrando la sobrevaluación de servicios prestados. La empresa funcionó como canal para lavar activos y, solo en una adenda, obtuvo más de RD$200 millones. Particularmente grave es el hecho de que el Intrant incluyó una "deuda proyectada" de RD$936 millones equivalente a ocho meses de facturación futura, sin que existiera sustento legal alguno para tal obligación.
Aurix S.A.S. e Industria Soltex aparecen como entidades receptoras de transferencias sin que figuren contratos formales ante la Contraloría General de la República ni el Ministerio de Defensa. OML Inversiones destinó más de RD$21 millones y US$2 millones a Industria Soltex, fondos presumiblemente utilizados para ocultar el origen ilícito del dinero.
Una estructura de control paralelo sobre los sistemas del Estado
Lo que hace especialmente grave este caso es que los acusados no solo habrían manipulado procedimientos administrativos, sino que instalaron "una estructura de control paralelo sobre sistemas tecnológicos del Estado". Este control se extendió desde la red semafórica del Gran Santo Domingo hasta las plataformas de recaudación digital, permitiendo sustraer recursos públicos y manipular información gubernamental con libertad.
Esta dimensión del fraude revela un nivel de sofisticación criminal que va más allá del simple desfalco. Los acusados habían penetrado la infraestructura tecnológica estatal, comprometiendo la integridad de sistemas críticos que afectan directamente a millones de ciudadanos dominicanos.
El expediente probatorio
El Ministerio Público ha compilado un expediente exhaustivo que contiene más de 300 páginas de pruebas documentales, peritajes financieros y registros electrónicos. Esta acumulación de evidencia refleja la complejidad de la investigación y la necesidad de documentar cada paso del flujo de fondos a través de las múltiples empresas involucradas.
Los cargos que enfrentan los acusados
De confirmarse las imputaciones en juicio, José Ángel Gómez Canaán enfrentaría cargos por coalición de funcionarios, asociación de malhechores, desfalco, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos. El Ministerio Público ha adelantado que solicitará penas ejemplares, así como la recuperación total de los fondos públicos desviados mediante los mecanismos de decomiso y extinción de dominio.
Con la solicitud de apertura de juicio, el expediente ha pasado a los tribunales para que determinen si existen méritos suficientes para enviar a los acusados al juicio de fondo. Este proceso representa un hito importante en la lucha contra la corrupción en la administración pública dominicana.
El compromiso institucional con la justicia
La presentación de esta acusación formal reafirma el compromiso del Ministerio Público con la investigación rigurosa de casos complejos de corrupción. En un contexto donde el fraude administrativo y el lavado de activos se han convertido en desafíos persistentes para la región, la capacidad de las autoridades judiciales dominicanas para desentrañar estructuras criminales sofisticadas demuestra que existe una voluntad institucional de establecer consecuencias reales para quienes atenten contra el patrimonio público.
La Operación Camaleón se suma a otros casos de envergadura que han sido llevados ante la justicia en los últimos años, consolidando un patrón de actuación firme contra la corrupción en todas sus formas. Para la ciudadanía dominicana, estos esfuerzos representan un avance significativo hacia una administración pública más transparente y responsable, donde el respeto por los bienes públicos se convierta en norma y no en excepción.
Referencias usadas en Artículo
- Gobierno recupera RD$6,500 millones en lucha contra corrupción
- Presidente Abinader continúa ofensiva total contra la corrupción; RD$6,500 millones
- En dos años casos de corrupción se llevan RD$16,700 millones
__
Nuestro portal, La Tierra de Mis Amores, se dedica a resaltar y promover los valores, virtudes y la identidad del pueblo dominicano. Nos enfocamos en noticias positivas y en artículos evergreen que, lejos de ser superficiales, aportan a la construcción de un valioso y duradero banco de información histórica sobre nuestra querida Quisqueya.