La justicia dominicana ha protagonizado una transformación histórica en los últimos años. La reducción de la mora judicial, ese problema que durante décadas mantuvo expedientes dormidos en los archivos, ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad tangible, aunque los desafíos persisten en territorios específicos del país.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha resaltado que en los últimos seis años se ha eliminado más de cuarenta años de mora estructural acumulada. Para dimensionar este logro es importante recordar que en 2019, la alta corte tenía 18,357 recursos pendientes de fallo, algunos de los cuales databan de 1982. Hoy, esa realidad es completamente diferente, como se detalla en la revisión de la memoria institucional sobre mora cero.
Resultados concretos de una estrategia sistemática
Entre junio de 2019 y septiembre de 2024, se resolvieron 46,070 expedientes de casación. El avance fue progresivo pero acelerado: en 2021, se resolvieron de manera definitiva 11,637 recursos; en 2022, se alcanzó el hito de resolver el cien por ciento de los recursos apoderados a las Salas de la Suprema Corte antes de 2019, reduciendo el tiempo de espera de los casos pendientes de cuarenta años a cuatro años.
En 2023, se logró resolver el cien por ciento de los recursos apoderados antes de 2022, disminuyendo así a dos años los casos con mayor antigüedad sin decisión. Para septiembre de 2024, la Suprema Corte había resuelto 46,070 recursos de casación, sin expedientes pendientes que hubieran ingresado antes de 2023. La Segunda Sala Penal, de particular importancia en un país donde la seguridad es preocupación ciudadana, logró un resultado extraordinario: ningún caso excedía los seis meses sin resolución.
A nivel nacional, el panorama también es alentador. Mientras que en enero de 2024 solo el treinta por ciento de los tribunales estaban al día, en diciembre de 2025 esta cifra ascendió al ochenta por ciento. El departamento de San Juan de la Maguana alcanzó el cien por ciento de sus tribunales sin mora, demostrando que es posible llegar a la eficiencia total, como recoge un análisis de avances y desafíos judiciales.
Herramientas tecnológicas al servicio de la justicia
El Plan contra la Mora Judicial, aprobado inicialmente en 2020 y actualizado para el período 2024-2026, no se basa únicamente en disciplina administrativa. La incorporación de tecnología ha sido fundamental. La Suprema Corte de Justicia implementó la Guía de Criterios Constantes para facilitar un acceso más ágil a los criterios jurisprudenciales necesarios para emitir decisiones. La Base de Conocimiento Judicial, conocida como JURITECA, integra jurisprudencia, doctrina jurídica y legislación en una única plataforma digital accesible.
El Boletín Judicial Automatizado ha mejorado significativamente la transparencia del sistema, permitiendo que los ciudadanos accedan a las decisiones judiciales de manera más amigable. A nivel de servicios generales, la digitalización continúa ampliándose, con portales institucionales que permiten a los usuarios acceder a distintos trámites en línea.
Innovaciones en la estructura organizativa
Más allá de la tecnología, se han implementado cambios estructurales profundos. La creación de Gabinetes Técnicos en cada Sala proporciona a los jueces las herramientas necesarias para reducir los tiempos de calificación de casos y facilitar la elaboración de proyectos de decisión. La optimización de procesos en la Secretaría General ha permitido estandarizar procedimientos, asegurando una mayor eficiencia en la gestión de expedientes.
Una iniciativa particularmente efectiva ha sido la promoción de una cultura de acuerdos en materia penal. Un programa piloto implementado en la provincia Hermanas Mirabal demuestra el potencial de este enfoque: el porcentaje de casos resueltos por acuerdo pasó de trece por ciento a setenta y cinco por ciento en el último trimestre del año.
Indicadores que ilustran el cambio
En la región norte, actualmente siete de cada diez casos se resuelven en menos de un año, con la meta de alcanzar nueve de cada diez. Ocho de cada diez tribunales se encuentran al día, con el objetivo de lograr el cien por ciento de tribunales sin mora. En la Suprema Corte de Justicia, ya se está fallando el cien por ciento de los casos que ingresan, con cerca del noventa por ciento resuelto en menos de un año.
El tiempo para la emisión de órdenes de libertad, aspecto crítico que afecta directamente a ciudadanos en situación de privación de libertad, se ha reducido considerablemente. En 2023 promediaba treinta días; en 2024 bajó a diecisiete días. En San Juan de la Maguana, el cambio fue aún más dramático: de 56.5 días en 2022 a menos de un día en 2024.
Desafíos pendientes en la geografía judicial
A pesar de estos avances, persisten desafíos en departamentos judiciales con alta congestión. Santo Domingo, siendo el departamento con mayor carga de casos, aún no alcanza el ochenta por ciento de tribunales al día, lo que representa el territorio donde se concentra el principal trabajo pendiente, como enfatizó una actualización del plan contra la mora judicial.
La Jurisdicción Inmobiliaria también ha sido objeto de atención especial. El Poder Judicial trabaja en la modernización de estos tribunales de tierras con la meta de tener el ochenta por ciento al día, reconociendo que los conflictos sobre propiedad requieren resolución ágil para evitar afectaciones económicas y sociales prolongadas.
La iniciativa de reducción del tiempo para la emisión de órdenes de libertad ha mostrado resultados significativos, aunque la meta es mantener estos estándares de manera consistente en todos los departamentos judiciales.
La visión del futuro: Plan Justicia 2034
El Poder Judicial ha presentado el Plan Justicia del Futuro 2034, una estrategia orientada a consolidar los avances logrados y enfrentar los desafíos pendientes. Este plan se construye sobre cimientos firmes: una justicia sin mora en todos los tribunales, servicios plenamente digitales e interoperables, eliminación de barreras geográficas y sociales, fortalecimiento de la carrera judicial y una justicia pensada para las ciudadanía.
Un componente importante de esta visión es la transformación de infraestructuras judiciales. El Poder Judicial proyecta la transformación del Palacio de Justicia de Santiago en un complejo judicial más amplio y moderno, permitiendo que las distintas instituciones del sistema de justicia cuenten con espacios adecuados para ofrecer un servicio más eficiente, según lo detallado en el nuevo plan estratégico judicial.
Fortalecimiento del acceso a la justicia
La ampliación de servicios de interpretación en los tribunales refleja un compromiso con la inclusión. Se trabaja para aumentar la disponibilidad de intérpretes en idiomas como inglés, francés y creole haitiano, garantizando que ciudadanos extranjeros tengan acceso efectivo a la justicia.
El fortalecimiento de los centros de mediación representa otra estrategia importante, promoviendo soluciones pacíficas de conflictos especialmente en asuntos familiares, lo que reduce significativamente la carga de los tribunales y permite que las personas resuelvan sus diferencias de manera menos adversarial.
En materia de justicia ágil, el setenta y cinco por ciento de las plazas estratégicas se cubren dentro del plazo establecido, con la meta de alcanzar el noventa y cinco por ciento. En el modelo de gestión penal, treinta y ocho de cada cien casos utilizan salidas tempranas, con proyección de llegar a noventa de cada cien.
El ámbito digital continúa expandiéndose: actualmente diez de cada cien trámites se realizan en línea, con la ambición de elevar esta cifra al ochenta por ciento, modernizando significativamente la experiencia del usuario en el sistema judicial.
Estos cambios reflejan una comprensión profunda de que la justicia no es una responsabilidad aislada, sino un esfuerzo colectivo donde cada componente del sistema, desde los juzgados hasta la Suprema Corte de Justicia, debe funcionar en armonía. La transformación de la justicia dominicana se construye día a día, mediante la disciplina, la innovación y el compromiso inquebrantable de los servidores judiciales con el derecho de los ciudadanos a una justicia oportuna, eficiente y accesible.
**Referencias usadas en Artículo**