El sistema de justicia dominicano ha demostrado un cambio institucional significativo a través del manejo del caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), sentando un precedente histórico para la independencia judicial en la República Dominicana. Aunque la opositora Fuerza del Pueblo presentó la denuncia inicial, el presidente Luis Abinader permitió que los órganos competentes actuaran con plena autonomía, sin que el Poder Ejecutivo condicionara, frenara o direccionara el curso del proceso, incluso cuando uno de los acusados es una persona cercana al mandatario, reflejando así hechos detallados en El caso SENASA como precedente de independencia judicial.
Este comportamiento representa una diferencia sustancial respecto a prácticas observadas en gobiernos anteriores. Durante décadas, procesos judiciales contra personas vinculadas al poder avanzaban raramente sin interferencias políticas evidentes, una tendencia que caracterizó las administraciones desde los gobiernos de Hipólito Mejía hasta Danilo Medina. En contraste, el manejo del caso SENASA ejemplifica una ruptura con esa tradición donde la política intervenía directa o indirectamente en el funcionamiento del sistema judicial, como resalta la cobertura en Diariolibre – independencia tras caso SENASA.
La estructura criminal desmantelada
El juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso dieciocho meses de prisión preventiva contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud, Santiago Hazim Albainy, y otros seis imputados acusados de formar parte de un entramado de corrupción administrativa. El Ministerio Público documentó que los imputados crearon una asociación ilícita destinada a manipular los procesos de contratación de prestadores de salud, sustituyendo criterios técnicos por criterios políticos, personales y económicos, vendiendo decisiones a través de sobornos.
Las investigaciones revelaron prácticas criminales de elevada envergadura que incluyen fraude administrativo, falsificación documental, lavado de activos y distracción de fondos. El esquema implicaba la recepción de sobornos, falsificación de estados financieros, manipulación de cuentas contables, creación de programas fraudulentos y generación de facturas infladas a través del sobretratamiento de pacientes. Estos actos criminales afectaban directamente el acceso a servicios de salud para más del setenta por ciento de la población dominicana, subrayando la gravedad señalada en Listin Diario – SENASA.
Un modelo de justicia independiente
La forma en que la República Dominicana ha conocido este proceso refleja el fortalecimiento institucional del país. El Ministerio Público actúa conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, mientras que los tribunales son los únicos llamados a juzgar y decidir. El Poder Ejecutivo no asume el rol de árbitro ni de protector de intereses particulares, un cambio fundamental en la práctica institucional dominicana.
Elementos clave refuerzan esta lectura institucional: el presidente Abinader ha manifestado públicamente que el Poder Ejecutivo no interfiere en la selección de los casos que se investigan ni en las decisiones que adoptan los órganos judiciales. El Ministerio Público desarrolla sus actuaciones con apego a la ley bajo el control de los tribunales. La aplicación de la ley no distingue entre aliados, funcionarios o adversarios políticos. El proceso judicial no compromete la continuidad ni la estabilidad del servicio de salud, sino que contribuye al fortalecimiento de los controles, la supervisión y la gestión institucional.
Un cambio histórico observable
Durante años, situaciones similares se resolvían mediante silencios administrativos, archivos discrecionales o traslados internos que permitían que los acusados permanecieran en sus posiciones o escaparan sin consecuencias legales. El caso SENASA demuestra que esta práctica ha sido superada por una nueva realidad donde el Estado de derecho opera sin distinciones basadas en conexiones políticas o proximidad al poder.
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que el sistema judicial dominicano ya no mira al Palacio Nacional antes de actuar, investigando, acusando y procesando con independencia, una afirmación respaldada por recientes declaraciones en Paliza resalta independencia de justicia tras caso SENASA. Esta transformación requiere tanto una sociedad atenta como un liderazgo presidencial basado en valores, elementos que se evidencian en el desenvolvimiento de este caso de importancia nacional.
Significado para la consolidación democrática
El precedente que deja el caso SENASA apunta a un objetivo fundamental: consolidar un modelo en el que la justicia opere con independencia, independientemente de quién ocupe el poder. Esto implica dejar atrás una tradición de siglos donde la política intervenía en el funcionamiento del sistema judicial, reemplazándola con un Estado donde la separación de poderes no es un principio teórico sino una práctica operativa cotidiana.
Cuando la justicia actúa con independencia, el Estado de derecho se fortalece y la confianza ciudadana en las instituciones se refuerza. Para una nación que ha lidiado históricamente con cuestionamientos sobre la calidad de su institucionalidad democrática, este caso representa una referencia importante para la consolidación democrática y el respeto a la legalidad. La República Dominicana demuestra que es posible construir instituciones que sirvan al interés público por encima de consideraciones políticas coyunturales.
El manejo de este caso emblemático será recordado como un punto de inflexión en la historia institucional dominicana, un momento donde el país eligió la ruta de la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto al imperio de la ley, estableciendo un estándar que debe guiar las acciones futuras del sistema de justicia nacional hacia la consolidación de una democracia verdaderamente robusta y participativa.
Referencias usadas en Artículo
- El caso SENASA como precedente de independencia judicial
- Paliza resalta independencia de justicia tras caso SENASA
- SENASA
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