El sistema de partidos políticos de la República Dominicana requiere una transformación profunda para consolidarse como cimiento legítimo de la democracia nacional. Esto exige el cumplimiento estricto de las leyes, particularmente la Ley Electoral, responsabilidad de la Junta Central Electoral (JCE) que actualmente presenta deficiencias en su aplicación. Estas debilidades socavan la credibilidad de los partidos y, por extensión, la solidez del régimen democrático. Es imperativo que la JCE se fortalezca como institución autónoma, confiable y técnicamente competente, libre de ataduras partidistas que comprometan su imparcialidad.
La crisis política y la degradación ética observada en algunos líderes contrastan con el alto financiamiento público que reciben los partidos. Según estudios recientes, el Estado dominicano destina 2.36 dólares por habitante anualmente para financiamiento ordinario de los partidos, cifra que se eleva a 6.40 dólares en años electorales. Este subsidio estatal, segundo más alto en América Latina, no se correlaciona con la calidad institucional de los partidos. En el primer trimestre de 2025, la Junta Central Electoral entregó más de 375 millones de pesos a 38 organizaciones políticas, concentrando el 80% de estos recursos en los tres partidos mayoritarios: PRM, PLD y Fuerza del Pueblo.
La permisividad ante violaciones normativas genera precedentes graves. Casos como la habilitación de candidaturas mediante creación exprés de partidos, pese a prohibiciones legales, demuestran la necesidad de controles más rigurosos. Estas prácticas erosionan la confianza ciudadana y equiparan la política con mecanismos de enriquecimiento personal. Durante décadas, ciertas estructuras partidarias operaron como empresas corporativas, permitiendo a sus dirigentes acumular fortunas mediante el control del Estado. El ejemplo más notorio fue la conversión del PLD en maquinaria clientelista que promovió industrias como el juego de azar, con consecuencias culturales devastadoras.
No obstante, la mayoría de los militantes son ciudadanos honestos que anhelan servir al país. Para rescatar la esencia de la política como vocación de servicio público, se propone:
- Convocatoria nacional a todos los partidos mediante el Consejo Económico y Social para establecer códigos éticos vinculantes
- Auditorías rigurosas del financiamiento electoral con sanciones ejemplares por incumplimiento
- Mecanismos de veto permanente para impedir infiltración de intereses ligados al narcotráfico, juego ilícito o crimen organizado
- Reforma integral de la Ley 33-18 sobre Partidos para limitar aportes privados y asegurar transparencia
La renovación del sistema de partidos es tarea urgente que demanda coraje cívico. Solo con instituciones fortalecidas, líderes íntegros y ciudadanía vigilante podrá la democracia dominicana alcanzar la plenitud que merece su pueblo trabajador y patriota. El futuro exige partidos al servicio de la nación, no al revés.
Referencias usadas en Artículo
- Financiamiento a partidos en República Dominicana es el 2do más alto de la región
- Partidos políticos de la República Dominicana
- Partidos reciben más de RD$300 millones en tres meses del 2025
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