En la República Dominicana existe, casi como un susurro que va ganando fuerza, una necesidad que la propia ley ya ha reconocido pero que el Estado sistemáticamente ha ignorado: la indexación salarial. Desde el año 2017, el gobierno ha dejado de ajustar por inflación la base exenta del Impuesto sobre la Renta (ISR), violando directamente lo que ordena el artículo 327 del Código Tributario. Esta omisión ha producido un efecto corrosivo y profundamente injusto: el salario nominal permanece congelado, pero su poder de compra se reduce año tras año. Los dominicanos y dominicanas trabajan igual o más, pero alcanzan menos.
Entender la indexación: una cuestión de justicia económica
Indexar, en términos sencillos, significa corregir mediante un ajuste por inflación la distorsión que genera el aumento de precios sobre el ingreso real de las personas. Es un mecanismo que protege a los trabajadores frente a la pérdida de capacidad adquisitiva. El economista Juan del Rosario lo explica con precisión: "Indexar una variable, en este caso el salario, no es más que corregir la distorsión que genera la inflación sobre el poder de compra de la gente" qué significa y cómo funciona la indexación salarial. Esta corrección es automática y anual según la ley dominicana, buscando que los ciudadanos no pierdan su poder adquisitivo en la medida que suben los precios.
Sin embargo, la realidad es dramáticamente diferente. La exención mensual del ISR permanece congelada en RD$34,685, cuando según cálculos técnicos debería rondar los RD$52,000 el derecho que la ley reconoce y el Estado ignora. El resultado es una transferencia silenciosa desde el bolsillo del trabajador hacia las arcas del Estado: más trabajadores pagan impuestos, quienes ya pagaban ahora pagan más, pero ninguno recibe compensación alguna en términos de poder adquisitivo real. Es un tributo oculto, un ajuste disfrazado de normalidad.
La inflación no es teoría: es la vida cotidiana de los dominicanos
Para comprender la magnitud del problema, es necesario confrontar las cifras con la realidad vivida. La inflación acumulada entre 2016 y septiembre de 2025 ha alcanzado aproximadamente el 48 por ciento. Entre 2020 y 2025 ronda el 31 por ciento inflación anual interanual medida hasta junio de 2025. Pero estas cifras no son abstracciones estadísticas: se sienten en cada compra de alimentos, en el costo del transporte, en el precio de las medicinas diarias.
La inflación interanual se situó en 3.76 por ciento en septiembre de 2025, permaneciendo dentro del rango meta establecido por el Banco Central inflación interanual septiembre 2025. Sin embargo, esta aparente estabilidad macroeconómica esconde una realidad microeconómica brutal: los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 4.40 por ciento interanual, restaurantes y hoteles subieron 5.56 por ciento, y la educación escaló 5.83 por ciento.
Es el profesor que ya no llega con liquidez a fin de mes. Es la enfermera que debe "buscarse algo más" para completar sus gastos. Es el médico que ve subir sus gastos operativos mientras sus ingresos permanecen estancados. Es el empleado público que, cada quincena, mira su salario y se pregunta dónde fue el poder de compra que alguna vez tuvo.
El marco legal que el Estado incumple
El Código Tributario dominicano es inequívoco. El artículo 296 establece de manera clara: "La escala establecida será ajustada anualmente por la inflación acumulada correspondiente al año inmediatamente anterior, según las cifras publicadas por el Banco Central de la República Dominicana". No hay ambigüedad. No hay discrecionalidad. La ley ordena. La ley manda. Pero desde 2017, cada año fiscal incluye una cláusula que suspende ese ajuste automático el derecho que la ley reconoce y el Estado ignora.
Lo paradójico es que este incumplimiento no es exclusivo del gobierno actual. Desde 2017, tanto gobiernos de la oposición como del oficialismo han aprobado, junto a la Ley de Presupuesto, cláusulas que suspenden la indexación. Sin embargo, esa historia no exime al presente. El presente tiene su propia responsabilidad.
La propuesta que reavivó el debate
Fue el senador Omar Fernández, del partido Fuerza del Pueblo, quien recientemente trajo el tema a la palestra nacional con una propuesta clara: aplicar la indexación del ISR para ingresos de hasta RD$52,000 mensuales, conforme al Código Tributario el Senado pone “pero” para que se cumpla la indexación salarial. Su demanda es que se actualice la escala exenta, elevando de RD$34,685 a RD$52,000 el salario exento de impuesto.
"Esto afecta directamente el poder adquisitivo de la clase media y trabajadora, que cada año paga más impuestos sin que aumente su salario real", expresó Fernández. "Cumplir la ley y actualizar el monto exento sería una medida de justicia social". Su intervención también criticó que el Proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026 vuelva a dejar sin efecto la indexación por sexto año consecutivo.
El dilema del Estado: entre la ley y la caja
El gobierno ha condicionado el cumplimiento de esta normativa, argumentando que aplicar la indexación anual del ISR aumentaría el déficit presupuestario. Según cálculos de algunos economistas, de cumplir con la disposición, el Estado dejaría de percibir aproximadamente 18,200 millones de pesos anuales, dinero que iría directamente a la clase laboral la respuesta del PRM a Omar Fernández.
Algunos miembros del Partido Revolucionario Moderno en el Senado apuntan hacia una reforma fiscal integral que permita compensar las captaciones PRM apoya indexación salarial pero no a expensas subsidios. La Secretaría Económica del PRM ha defendido que el debate debe abordarse con "criterios técnicos y realistas", priorizando una reforma que equilibre justicia tributaria y estabilidad fiscal.
El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, ha reconocido que el gobierno dominicano "ve como justo" el tema de la indexación salarial, pero advierte que no se puede ignorar el impacto en la economía nacional en caso de ser aplicada sin reflexión profunda ministro de Trabajo exhorta politizar tema indexación salarial. Sin embargo, esta postura genera una pregunta incómoda: ¿cuántos años más de "reflexión" son necesarios cuando la ley ya ha sido promulgada?
El silencio de quienes deberían gritar
Surge entonces una interrogante que merece ser formulada en voz alta: ¿por qué los grandes gremios del país —la ADP, el Colegio Médico Dominicano, las asociaciones de enfermeras, FAPROUASD, ASODEMU y otros— no están exigiendo con urgencia la aplicación inmediata de la indexación salarial? Estos organismos no solo negocian salarios: protegen dignidad. Y cuando la dignidad se posterga, se marchita.
Hay miedo a la confrontación política. Hay agendas fragmentadas. En algunos casos, existe una peligrosa normalización de la pérdida de derechos que ya estaban reconocidos por ley la indexación salarial enfrenta al gobierno con la oposición. Pero el silencio nunca ha sido herramienta de dignidad. El silencio, en casos como este, es cómplice de la injusticia.
El momento político es ahora
El país está discutiendo el presupuesto del próximo año. Allí se decide quién gana y quién pierde; quién avanza y quién retrocede. La indexación salarial no implica un aumento salarial directo. No exige nuevas cargas imposibles al Estado. No requiere una reforma fiscal revolucionaria, a pesar de la retórica que algunos emplean.
La indexación es simplemente aplicar la ley. Es cumplir. Es honrar el compromiso que el propio Estado asumió cuando promulgó el Código Tributario. Negar la ley es negar la ciudadanía.
