La protección de la agricultura dominicana entra en una nueva etapa con un proyecto de ley aprobado en segunda discusión por la Cámara de Diputados, orientado a prevenir y controlar las plagas que amenazan los cultivos, regular el uso de productos fitosanitarios y castigar las prácticas que provoquen daños a las personas, las plantaciones o el ambiente. La iniciativa, impulsada por el diputado Adelso Rubén Contreras, representante de Dajabón, deberá ser conocida ahora por el Senado de la República, según informó el Listín Diario sobre la aprobación del proyecto y sus sanciones.
Una ley para proteger algo más que los cultivos
El proyecto de Protección Fitosanitaria responde a una necesidad que va más allá del campo. La sanidad vegetal está vinculada con la disponibilidad de alimentos, la economía de los productores, el comercio agrícola y la protección de los ecosistemas dominicanos.
Las plagas pueden reducir el rendimiento de una cosecha, afectar la calidad de los productos y limitar el acceso a mercados. También pueden trasladarse mediante vegetales, vehículos, contenedores o materiales agrícolas, por lo que la vigilancia no se limita a una finca particular: involucra los puntos de entrada al país, los centros de distribución, los agroservicios y las explotaciones agrícolas.
El proyecto se concentra en las plagas capaces de afectar los recursos vegetales del territorio nacional, incluidos los cultivos destinados a la alimentación y otras actividades productivas. Su aprobación inicial procura fortalecer la prevención frente a organismos dañinos presentes en países con los que la República Dominicana mantiene relaciones comerciales.
La propuesta no busca impedir el uso de plaguicidas. Estos productos cumplen una función en la protección de los cultivos cuando se aplican de acuerdo con las instrucciones técnicas, las medidas de seguridad y las normas vigentes. El objetivo es establecer responsabilidades claras cuando su utilización se convierta en una amenaza para terceros o en una fuente de contaminación.
El Ministerio de Medio Ambiente explica que el país ya cuenta con normas relacionadas con el registro, el almacenamiento, la distribución y la comercialización de plaguicidas, entre ellas la Ley 311-68 y el Reglamento 322-88. El nuevo proyecto procura reforzar ese marco mediante un régimen de infracciones y sanciones más específico, de acuerdo con la guía oficial sobre uso y manejo de plaguicidas publicada por el Ministerio de Medio Ambiente.
📊 Sanción máxima propuesta: hasta cinco años de prisión, una multa de hasta RD$5 millones y las indemnizaciones correspondientes cuando el uso incorrecto de plaguicidas, nutrientes vegetales o coadyuvantes cause daños a terceros o contaminación ambiental.
El artículo 79 y la responsabilidad por el uso incorrecto
Uno de los puntos centrales aparece en el artículo 79 de la propuesta. Allí se considera una falta grave utilizar plaguicidas, nutrientes para vegetales o coadyuvantes sin respetar las indicaciones recomendadas cuando esa conducta produzca daños a otras personas o contamine el ambiente.
Los coadyuvantes son sustancias que se agregan para facilitar o mejorar la acción de un plaguicida. Por esa razón, el proyecto no limita la responsabilidad al producto principal: también contempla los componentes utilizados durante la preparación o aplicación de una sustancia fitosanitaria.
La pena propuesta incluye prisión de hasta cinco años, una multa de hasta RD$5 millones y la obligación de indemnizar a las personas afectadas. La sanción no sustituiría la reparación del daño: quien provoque una afectación podría enfrentar consecuencias penales y, además, responder por los perjuicios ocasionados.
La iniciativa también contempla castigos para quienes importen o comercialicen productos vencidos. La venta de plaguicidas caducados, adulterados o sin registro legal figura entre las conductas que el proyecto busca perseguir, junto con otras infracciones relacionadas con la sanidad vegetal, según la cobertura de Diario Libre sobre la discusión legislativa.
Inspecciones, información y deberes en el campo
La protección fitosanitaria depende de que las autoridades puedan inspeccionar los lugares donde se producen, almacenan o comercializan productos agrícolas y agroquímicos. Por eso, la propuesta sanciona la obstrucción de inspecciones en cultivos, explotaciones agrícolas, agroservicios, viviendas y otros establecimientos vinculados con la protección vegetal.
También se penalizarían la ocultación, la omisión deliberada o el suministro de información falsa sobre la presencia de plagas. Esta disposición es importante porque un brote no informado puede extenderse antes de que los técnicos adopten medidas de control.
El proyecto asigna responsabilidades a agricultores y silvicultores, quienes tendrían que colaborar con las autoridades y notificar el estado sanitario de sus cultivos. Informar oportunamente no representa una amenaza para el productor que actúa de buena fe; por el contrario, permite activar medidas de contención y reducir pérdidas.
La propuesta contempla para determinadas conductas penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta 300 salarios mínimos, equivalentes aproximadamente a RD$3 millones según la información difundida sobre la pieza legislativa. En el texto también aparecen sanciones de mayor alcance para infracciones graves, con multas de entre 300 y 500 salarios mínimos del sector público.
Entre las conductas sancionables se incluyen la violación de medidas de cuarentena, el ingreso de vegetales por puntos no autorizados y la comercialización de productos infestados con plagas cuarentenarias. El proyecto aprobado también concede facultades de inspección a los funcionarios competentes cuando existan sospechas de traslado de plagas o agroquímicos no autorizados.
La salud de los estudiantes expone el costo de la imprudencia
La discusión sobre el uso de plaguicidas adquirió mayor urgencia después de varios episodios de intoxicación en centros educativos cercanos a zonas agrícolas. Cuando una fumigación se realiza sin respetar las distancias, los horarios o las condiciones de seguridad, la exposición puede alcanzar a estudiantes, docentes y residentes que no participan en la actividad agrícola.
En febrero de 2025, alrededor de 22 estudiantes y cinco maestros de la escuela Max Henríquez Ureña, en Cenoví, provincia Duarte, resultaron afectados después de la fumigación de una parcela próxima al plantel, de acuerdo con la información publicada por CDN sobre intoxicaciones en escuelas.
El Ministerio de Salud informó en otro episodio ocurrido en la provincia Duarte que 12 estudiantes del liceo Hernán José Sánchez fueron referidos a centros de salud por una probable intoxicación por plaguicidas. Siete quedaron ingresados y uno fue llevado a una unidad de cuidados intensivos por presentar convulsiones, según el reporte oficial citado por el Ministerio de Salud Pública.
También se han registrado casos en otras comunidades. El Ministerio de Educación informó que 34 estudiantes y profesores tuvieron que ser trasladados a centros de salud tras intoxicaciones por inhalación de insecticidas y herbicidas en las proximidades de centros educativos de La Vega y Padre de Las Casas, en Azua. En uno de esos incidentes se fumigó un corral de aves cercano a la escuela; en el otro, se aplicó un herbicida en un solar próximo.
💡 ¿Sabías que? El Ministerio de Educación ha señalado que las intoxicaciones en entornos escolares han estado relacionadas con fumigaciones aéreas y terrestres realizadas cerca de planteles, razón por la que varias instituciones anunciaron controles, permisos y horarios para estas labores.
La propia respuesta institucional refleja que el problema no corresponde a una sola entidad. Agricultura tiene responsabilidades en el control de las fumigaciones agrícolas; Medio Ambiente interviene en la regulación ambiental; Salud atiende los efectos sobre la población; Educación protege a las comunidades escolares y el Ministerio Público puede investigar posibles delitos.
En febrero de 2025, varios ministerios y organismos públicos anunciaron medidas conjuntas para sancionar y procesar penalmente a quienes realizaran fumigaciones ilegales que pusieran en peligro la salud, especialmente en entornos escolares. El anuncio incluyó la intención de establecer un perímetro de seguridad y prohibir fumigaciones durante el horario de clases, según el comunicado oficial del Ministerio de Educación sobre sanciones y controles.
El papel de Adelso Rubén Contreras
El diputado Adelso Rubén Contreras presentó la iniciativa con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención y control de plagas que pueden ingresar al país o afectar las plantaciones nacionales. Como legislador de Dajabón, una provincia con actividad agrícola y fronteriza, su participación coloca en el debate nacional una preocupación que tiene consecuencias directas en las comunidades productoras.
El proyecto fue aprobado en segunda discusión por la Cámara de Diputados. Ese paso no convierte la propuesta en ley: todavía debe ser conocida por el Senado y, si recibe aprobación, continuar con las etapas constitucionales correspondientes antes de su promulgación.
La revisión senatorial será una oportunidad para examinar el alcance de las sanciones, las facultades de inspección, las obligaciones de los agricultores y la coordinación entre las instituciones responsables. También permitirá evaluar que las disposiciones sean aplicables en la práctica y que protejan tanto a la población como a los productores que necesitan herramientas legítimas para controlar plagas.
Una defensa de la seguridad alimentaria dominicana
Una política fitosanitaria eficaz debe combinar vigilancia, capacitación, inspección, investigación y sanción. Castigar el daño después de ocurrido es necesario, pero prevenir una contaminación o detener a tiempo una plaga puede evitar pérdidas económicas, riesgos sanitarios y afectaciones ambientales mucho mayores.
La responsabilidad no recae únicamente en quien aplica el producto. Importadores, fabricantes, distribuidores, comerciantes, propietarios de terrenos y usuarios finales participan en una cadena que debe funcionar con información verificable y controles efectivos. La venta de productos vencidos o sin registro puede comprometer a quienes los utilizan y dificultar la identificación de los responsables.
Para los agricultores, la seguridad también depende de recibir orientación técnica, conocer las etiquetas, utilizar equipos de protección y respetar las condiciones de aplicación. La guía del Ministerio de Medio Ambiente recomienda leer las hojas de seguridad y cumplir las normas de salud y seguridad durante el manejo de estos productos.
La agricultura dominicana representa una parte esencial de la vida nacional: alimenta hogares, sostiene empleos y conserva conocimientos construidos por generaciones. Protegerla frente a plagas no significa aceptar prácticas peligrosas; significa defender la producción con reglas que permitan trabajar sin poner en riesgo a los vecinos, los estudiantes, los trabajadores ni los ecosistemas.
La aprobación en la Cámara de Diputados abre una conversación necesaria sobre el país que se quiere preservar. Una República Dominicana capaz de producir más y mejor necesita cultivos sanos, autoridades coordinadas, productores respaldados y una ciudadanía consciente de que el patrimonio agrícola también se protege cuidando el agua, el suelo y el aire.
La iniciativa impulsada por Contreras aún debe completar el proceso legislativo, pero coloca en primer plano una verdad concreta: la seguridad alimentaria y la salud pública comienzan mucho antes de que los alimentos lleguen al mercado, en cada finca, cada escuela y cada comunidad donde se decide cómo proteger la tierra dominicana.
Referencias
Diputados aprueban penar con multa de RD$5 millones a quienes causen daños utilizando plaguicidas — Listín Diario
Ministerio de Educación anuncia sanciones a quienes incumplan regulaciones en uso de plaguicidas
Ministerio de Salud Pública reporta intoxicaciones por plaguicidas en escuelas
Diario Libre: Cámara de Diputados aprueba protección fitosanitaria
Guía oficial sobre uso y manejo de plaguicidas — Ministerio de Medio Ambiente
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