Por quinto año consecutivo, Pellerano & Herrera y The Legal 500 reconocieron la trayectoria y el liderazgo de la comunidad jurídica corporativa dominicana. La edición 2026 del GC Powerlist República Dominicana distinguió a 111 profesionales cuya labor trasciende la asesoría legal para influir en decisiones empresariales, gestión de riesgos y estrategias de crecimiento.
Una comunidad legal cada vez más estratégica
La ceremonia de reconocimiento se celebró el 8 de septiembre de 2026 en el JW Marriott Santo Domingo, según informó el reporte oficial de The Legal 500 sobre el evento GC Powerlist 2026. El encuentro reunió a consejeros generales, abogados internos de alto nivel y representantes de la comunidad empresarial dominicana.
El GC Powerlist reconoce a profesionales que ejercen funciones jurídicas dentro de empresas y que se destacan por su liderazgo, innovación y contribución estratégica. En la República Dominicana, la iniciativa se ha convertido en un espacio para visibilizar una transformación profunda: el abogado corporativo ya no ocupa únicamente el lugar de asesor técnico, sino que participa cada vez más cerca de la dirección de las organizaciones.
La evolución del cargo de General Counsel —o consejero legal corporativo— responde a una realidad empresarial más compleja. Las compañías operan en entornos regulados, enfrentan riesgos reputacionales y tecnológicos, participan en transacciones nacionales e internacionales y deben adaptar sus procesos a cambios legislativos de gran alcance.
En ese escenario, la función legal está vinculada a asuntos como gobierno corporativo, cumplimiento normativo, prevención de riesgos, protección de datos, contratación, relaciones laborales y sostenibilidad. La asesoría jurídica deja de intervenir únicamente cuando surge un conflicto: acompaña la planificación, identifica posibles contingencias y ayuda a construir soluciones viables para el negocio.
Ricardo Pellerano, socio gerente de Pellerano & Herrera, resumió esa transformación al señalar que el General Counsel tiene una participación cada vez más cercana al negocio. Según su planteamiento, la función exige anticipar riesgos, ejercer criterio y preparar a las organizaciones para los cambios regulatorios que se avecinan.
El nuevo Código Penal eleva la importancia del cumplimiento
La conversación sobre el papel de los departamentos legales ocurre mientras las empresas dominicanas se preparan para un cambio relevante en materia de responsabilidad corporativa. La Ley 74-25, que modifica el Código Penal, reconoce por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de acuerdo con el análisis legal publicado por Pellerano & Herrera.
La modificación coloca bajo mayor escrutinio los mecanismos de dirección, control y supervisión de las compañías. En términos prácticos, una empresa podría enfrentar consecuencias cuando determinados delitos sean cometidos en su nombre o beneficio y exista una falla atribuible a la organización.
El nuevo marco también da mayor relevancia a los programas de cumplimiento. Estos sistemas deben responder a los riesgos propios de cada actividad y establecer políticas, controles, canales de denuncia, protocolos internos y mecanismos de revisión. La responsabilidad no se limita a tener documentos formales: las empresas deberán demostrar que sus controles son adecuados y funcionan en la práctica.
Una explicación publicada por LexLatin indica que el régimen de responsabilidad penal corporativa está previsto para entrar en vigor el 5 de noviembre de 2026, tras el período de transición contemplado por la legislación. El mismo análisis señala que las compañías deberán vincular sus programas de cumplimiento con el tamaño, el volumen de operaciones y los riesgos específicos de cada organización.
📊 Cambio clave: el nuevo Código Penal dominicano incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas y convierte la prevención, la supervisión y el control interno en asuntos centrales para la gestión empresarial.
Para los General Counsels, esta transformación implica participar desde etapas tempranas en las decisiones de la empresa. Deben colaborar con los directorios, las áreas financieras, operativas y de recursos humanos, además de promover una cultura institucional en la que el cumplimiento sea parte de la operación cotidiana.
El desafío no consiste solo en evitar sanciones. También supone diseñar estructuras que permitan tomar decisiones documentadas, detectar irregularidades, corregir fallas y demostrar que la organización actuó con diligencia.
Decisiones legales que también son decisiones de negocio
Alexandra Gärtner Mota, vicepresidenta Regional Legal y Corporativo de Grupo MARTÍ, intervino en representación de los profesionales reconocidos y destacó la cercanía entre la función jurídica y el liderazgo empresarial.
Su planteamiento apunta a una realidad que se repite en las grandes organizaciones: las decisiones más importantes rara vez son exclusivamente legales. Una adquisición, una expansión, una inversión tecnológica, una alianza comercial o una modificación operacional puede tener implicaciones financieras, regulatorias, laborales y reputacionales al mismo tiempo.
Por eso, el abogado corporativo necesita comprender cómo funciona la empresa, cuáles son sus objetivos y qué riesgos está dispuesta a asumir. El conocimiento jurídico sigue siendo indispensable, pero debe combinarse con visión empresarial y capacidad para traducir normas complejas en decisiones claras.
La participación del General Counsel en los espacios de liderazgo permite que las organizaciones incorporen el análisis legal antes de comprometer recursos o asumir obligaciones. También facilita que las áreas jurídicas contribuyan a identificar oportunidades, no solo a limitar riesgos.
Esta evolución fortalece la calidad de la gobernanza corporativa. Cuando el departamento legal participa en la estrategia, puede ayudar a definir responsabilidades, mejorar controles y establecer procesos más transparentes.
Sectores diversos, una misma responsabilidad
La lista de organizaciones representadas en el GC Powerlist 2026 refleja la amplitud de la economía dominicana y la diversidad de desafíos que enfrentan sus departamentos legales. Entre ellas figuran Banco Popular Dominicano, Banco BHD, Grupo Humano, AES Dominicana, InterEnergy Group, Arajet, Altice, Claro, Magna Motors, Cervecería Nacional Dominicana, Grupo Puntacana, Grupo SID, Samsung Electronics, Unilever Caribe, MLB y Meliá Hotels International.
La presencia de entidades financieras, empresas de energía, telecomunicaciones, aviación, turismo, consumo masivo, tecnología, salud, entretenimiento y servicios muestra que la función jurídica corporativa se ha extendido a prácticamente todos los sectores de actividad.
Cada industria opera con riesgos particulares. La banca y los seguros enfrentan exigencias de supervisión y protección al consumidor; las empresas energéticas y de infraestructura deben gestionar permisos, contratos y compromisos regulatorios; la aviación y el turismo dependen de marcos nacionales e internacionales; mientras que las compañías de tecnología y telecomunicaciones deben responder a desafíos relacionados con datos, conectividad y transformación digital.
Esa variedad da especial valor al reconocimiento. No se trata de una sola forma de ejercer la abogacía empresarial, sino de múltiples especialidades reunidas alrededor de una misma exigencia: contribuir a que las organizaciones operen con responsabilidad, previsión y capacidad de adaptación.
Un aporte al desarrollo económico y social
Margherita Birri, representante de The Legal 500, afirmó que la República Dominicana se ha consolidado como un centro legal cada vez más sofisticado en la región. También destacó que los profesionales reconocidos no solo gestionan riesgos o resuelven conflictos, sino que acompañan decisiones con efectos sobre el crecimiento económico y social del país.
La afirmación adquiere importancia en una economía donde las decisiones empresariales tienen impacto sobre el empleo, la inversión, la infraestructura, el comercio y la prestación de servicios. Un sistema corporativo con mejores estándares legales puede generar mayor confianza para inversionistas, socios comerciales y consumidores.
La labor de los abogados internos también contribuye a que las empresas comprendan mejor sus obligaciones y establezcan procesos más consistentes. En ese sentido, el cumplimiento funciona como una herramienta de estabilidad: reduce la improvisación, fortalece la rendición de cuentas y permite detectar problemas antes de que se conviertan en crisis.
El reconocimiento de 111 profesionales sirve además para ampliar la conversación sobre el talento dominicano. La sofisticación de la comunidad legal corporativa demuestra que el país cuenta con especialistas capaces de participar en decisiones complejas, operar en sectores altamente regulados y responder a los cambios de la economía regional y global.
El compromiso de Pellerano & Herrera
Para Pellerano & Herrera, acompañar por quinto año consecutivo el GC Powerlist reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector legal empresarial dominicano. La firma no solo participa como anfitriona de una ceremonia, sino que contribuye a crear un espacio de reconocimiento para quienes ejercen la abogacía desde el interior de las organizaciones.
La continuidad de la iniciativa permite observar cómo cambia el perfil del liderazgo jurídico. Cada edición pone en primer plano nuevas responsabilidades: anticipar riesgos, integrar el cumplimiento en la estrategia, comprender la operación empresarial y participar en debates que afectan la competitividad del país.
En la edición 2026, esa conversación adquiere una dimensión especial por la entrada en vigor del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas. La preparación frente al nuevo Código Penal exige que los departamentos legales trabajen de manera coordinada con los órganos de gobierno y con todas las áreas de la empresa.
El reconocimiento también invita a mirar la profesión con orgullo. Los 111 líderes distinguidos representan una comunidad que acompaña decisiones relevantes para la economía dominicana y que, desde sus organizaciones, ayuda a construir empresas más responsables, resilientes y preparadas para el futuro.
En la República Dominicana, el General Counsel dejó de ser una figura confinada a los contratos y los litigios. Hoy forma parte de la conversación sobre estrategia, inversión, reputación y sostenibilidad empresarial; una evolución que confirma la madurez alcanzada por el derecho corporativo dominicano.
Referencias
GC Powerlist Dominican Republic 2026 – Reporte oficial de The Legal 500
Análisis de la Ley 74-25 que modifica el Código Penal Dominicano – Pellerano & Herrera
LexLatin: Nuevo Código Penal y responsabilidad penal corporativa en RD
Reconocimiento a 111 líderes legales corporativos en el GC Powerlist 2026 – 7 Días
GC Powerlist República Dominicana 2026 – Lista oficial
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