La protección de los derechos humanos adquiere su verdadero sentido cuando llega a cada barrio, municipio y distrito municipal. Por eso, la incorporación de las alcaldías dominicanas al Sistema Nacional de Derechos Humanos representa un paso institucional de gran importancia: acerca las políticas públicas a las comunidades y reconoce que los gobiernos locales conocen, de primera mano, los desafíos que enfrenta la población.
Un diálogo para construir desde el territorio
El Ministerio de Justicia y la Liga Municipal Dominicana (LMD) organizaron un encuentro de consulta y validación con representantes de los gobiernos locales, como parte del proceso de elaboración del Reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos. La jornada reunió al ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero; al presidente de la LMD, Víctor D’Aza; a la viceministra de Asuntos Registrales y Servicios a la Ciudadanía, Delta Paniagua; y a representantes de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) y la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas (UNMUNDO), según informó la cobertura de El Nacional.
La composición del encuentro tuvo un significado particular. No se trató únicamente de presentar un documento elaborado desde la administración central, sino de abrir un espacio para escuchar a quienes trabajan diariamente en los territorios. Alcaldes, directores de distritos municipales y representantes del municipalismo pudieron compartir experiencias, dificultades y propuestas relacionadas con la aplicación de políticas de derechos humanos.
Ese método de consulta fortalece la legitimidad del reglamento. Las normas públicas alcanzan mejores resultados cuando toman en cuenta las capacidades institucionales existentes y las condiciones concretas de las comunidades donde deberán aplicarse. En este caso, el diálogo permitió examinar cómo articular las políticas nacionales con las realidades de cada municipio y distrito municipal.
📊 Dato clave: El proceso de construcción del reglamento ha incluido consultas con instituciones estatales, gobiernos locales y otros actores relevantes para definir el funcionamiento del Sistema Nacional de Derechos Humanos.
Antoliano Peralta: escuchar a los gobiernos locales
Durante la jornada, el ministro Antoliano Peralta Romero defendió la necesidad de incorporar el conocimiento acumulado por los gobiernos locales al diseño del sistema. Su planteamiento parte de una idea esencial: una política nacional de derechos humanos debe ser capaz de responder a situaciones concretas y no limitarse a formulaciones generales.
“Escuchar a los gobiernos locales es fundamental para construir un Sistema que responda a la realidad del país”, expresó Peralta Romero, de acuerdo con la reseña publicada por El Nacional en su portal digital.
La declaración coloca a las alcaldías en una posición activa dentro del proceso. Su función no sería únicamente recibir orientaciones desde el Gobierno central, sino aportar información, experiencia y capacidad de coordinación para que las políticas públicas sean más efectivas.
En los municipios se manifiestan de manera directa problemas vinculados con la convivencia, la inclusión, la igualdad, la atención a grupos vulnerables, el acceso a servicios y la participación comunitaria. Aunque muchas de estas materias requieren respuestas de instituciones nacionales, la gestión local puede facilitar la identificación de necesidades y el contacto cotidiano con la ciudadanía.
La incorporación municipal también puede contribuir a detectar brechas entre el diseño de una política y su aplicación práctica. Una medida concebida a escala nacional puede requerir ajustes cuando se implementa en comunidades con características sociales, económicas o geográficas distintas. La consulta permite que esas diferencias sean consideradas desde el inicio.
Víctor D’Aza y la garantía efectiva de los derechos
El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, subrayó que los gobiernos locales forman parte del Estado dominicano y cumplen una función esencial en el conocimiento y la atención de las problemáticas de la población.
Su argumento fue directo: “no hay derecho que se garantice plenamente si no se garantiza en el territorio”, según recogió la crónica publicada por El Nacional.
La afirmación resume el desafío central del nuevo sistema. El reconocimiento legal de un derecho es indispensable, pero su efectividad depende de que las personas puedan ejercerlo en su comunidad y encontrar instituciones capaces de responder cuando se vulnera.
Desde esa perspectiva, las alcaldías pueden desempeñar un papel de proximidad. Son instituciones que operan cerca de la ciudadanía y que, en muchos casos, constituyen el primer punto de contacto entre la población y el Estado. Su participación puede ayudar a canalizar demandas, identificar situaciones de riesgo y coordinar respuestas con las entidades responsables.
Esto no significa trasladar a los ayuntamientos competencias que corresponden a otras instituciones. Significa establecer mecanismos claros de colaboración, comunicación y referencia. Un sistema nacional sólido debe definir qué corresponde a cada actor, cómo se comparte la información y de qué manera se da seguimiento a las situaciones que afectan los derechos de las personas.
La consulta como ejercicio de gobernanza
El encuentro incluyó una presentación del viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate, sobre la propuesta del Sistema Nacional de Derechos Humanos. Posteriormente, la directora del sistema, Mildred Samboy, explicó los principales componentes del reglamento sometido a consulta.
La actividad incorporó además el espacio “Voces desde los Gobiernos Locales”, destinado a recoger observaciones y propuestas de los participantes. Ese formato convirtió la jornada en un ejercicio de deliberación institucional y no solamente en una exposición administrativa.
La participación de FEDOMU, FEDODIM y UNMUNDO amplió la representación del sector municipal. La presencia de la organización de mujeres municipalistas añadió una perspectiva relevante para examinar cómo las políticas de derechos humanos pueden responder a las desigualdades y necesidades específicas que se manifiestan en las comunidades.
La gobernanza democrática se fortalece cuando las instituciones públicas escuchan antes de decidir y cuando los sectores involucrados pueden contribuir a la elaboración de las reglas que orientarán su trabajo. La consulta municipal ofrece precisamente esa oportunidad: vincular la planificación nacional con la experiencia de quienes administran los territorios.
Una coordinación con responsabilidades definidas
La integración de las alcaldías debe traducirse en mecanismos prácticos. Entre los aspectos que el reglamento puede ayudar a ordenar se encuentran:
- Intercambio institucional: canales permanentes para comunicar necesidades, alertas y propuestas desde los municipios hacia las autoridades nacionales.
- Participación local: formas de incorporar a los gobiernos locales en la ejecución del Plan de Acción de Derechos Humanos.
- Coordinación territorial: procedimientos para vincular a ayuntamientos, juntas de distritos municipales y entidades nacionales con competencias específicas.
- Seguimiento: herramientas para evaluar los avances y detectar obstáculos en la aplicación de las políticas.
- Formación: fortalecimiento de las capacidades de los servidores municipales en materia de derechos humanos y atención ciudadana.
Estos elementos no sustituyen las obligaciones de las instituciones nacionales ni la responsabilidad del Estado en su conjunto. Más bien, pueden contribuir a que las respuestas sean más ordenadas, cercanas y verificables.
El marco de la Ley 80-25
El proceso se desarrolla bajo la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia. La normativa establece una arquitectura institucional permanente para coordinar las políticas públicas relacionadas con los derechos humanos, según informó el reportaje de Diario Libre sobre la nueva estructura.
La creación de este marco coloca la coordinación de los derechos humanos dentro de una estructura institucional definida. También abre la posibilidad de organizar con mayor claridad la relación entre los ministerios, los órganos del Estado, los gobiernos locales y las demás entidades que intervienen en la protección de derechos.
El reglamento tendrá la tarea de desarrollar esa arquitectura. Su importancia no dependerá únicamente de la redacción de sus disposiciones, sino de la claridad con que establezca responsabilidades, mecanismos de participación y formas de coordinación. Por eso, la consulta con las alcaldías resulta relevante: permite evaluar si las reglas proyectadas pueden aplicarse efectivamente en los territorios.
La Ley 80-25 también sitúa la política de derechos humanos dentro de una visión de Estado. Esto es importante porque la protección de derechos no debe depender de acciones aisladas ni de esfuerzos ocasionales. Requiere continuidad, coordinación institucional y capacidad para medir resultados.
Un avance con identidad dominicana
La integración de los gobiernos locales al Sistema Nacional de Derechos Humanos representa una oportunidad para construir una política pública conectada con la realidad dominicana. Cada municipio tiene características propias, pero todos forman parte de un mismo Estado y comparten la responsabilidad de proteger la dignidad de las personas.
El proceso también expresa una forma de hacer institucionalidad desde el diálogo. La participación de la LMD, FEDOMU, FEDODIM y UNMUNDO demuestra que el municipalismo puede contribuir a políticas nacionales de largo alcance, especialmente cuando estas dependen de su aplicación cotidiana en las comunidades.
Para la República Dominicana, este esfuerzo constituye un motivo de orgullo porque reconoce el valor de sus territorios y de las instituciones que trabajan en ellos. Un sistema nacional será más fuerte si consigue combinar la coordinación central con la capacidad de respuesta local; la orientación común con el conocimiento de cada comunidad; y la norma general con la atención cercana a la ciudadanía.
La protección de los derechos humanos no termina con la aprobación de un reglamento. Comienza, en buena medida, cuando las instituciones convierten sus disposiciones en servicios, respuestas y oportunidades concretas para la población. La participación de las alcaldías en este proceso puede ayudar a que esa promesa institucional tenga presencia real en todo el país.
Referencias
El Nacional: Ministro de Justicia y LMD abren mesa de trabajo para construcción del reglamento de derechos humanos
Diario Libre: Antoliano Peralta: Ministerio de Justicia centraliza defensa de Estado
El Día: El poderoso Ministerio de Justicia que asume Antoliano Peralta
Periódico Diáspora Dominicana: Ministerio de Justicia integra a instituciones del Estado en la construcción del Sistema Nacional de Derechos Humanos
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