La comisión designada para investigar la licitación de la termoeléctrica que Odebrecht levanta en Punta Catalina determinó que el proceso se hizo “mayormente conforme a la ley” y que su precio está en un rango “razonable”, pero recomienda modificar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Al presentar el informe elaborado a lo largo de seis meses, el consultor Jaime Aristy Escuder afirmó que “la comisión no dispone de pruebas que puedan concluir que el proceso se preparó para beneficiar al contratista que resultó ganador” frente a los otros aspirantes a ejecutar la planta de carbón en Punta Catalina.
Aún asi, reconoce que existieron “condicionantes que privaron al país de obtener un mejor resultado”, y señala que se incumplió el artículo 36 de la Ley de Compras y Contrataciones, norma que recomienda modificar porque “pone en desventaja al Estado en su capacidad de mejores condiciones y precios” frente a empresas privadas.
Precio “dentro de un rango razonable”
En cuanto al precio de la oferta y para determinar si fue razonable, la comisión complementó su trabajo con una auditoría externa encargada a la firma estadounidense FTI Consulting, que comparó la cuantía del proyecto de la planta con el precio de otras infraestructuras similares desarrolladas en América.
El análisis determina que la propuesta económica del contratista está dentro de un rango “razonable”, siendo un 6 por ciento inferior a los precios medios internacionales para la ejecución de obras similares, según el informe de la consultora.
Recomienda no se admitan ajustes
En cuanto al retraso de la obra, la comisión plantea que se determine el motivo para proceder en consecuencia, y recomienda que no se admitan ajustes de precio al alza con respecto a los 1.945 millones de dólares establecidos en el contrato.
En este sentido, al comité no le convencen las justificaciones manifestadas por la empresa contratista y por la Corporación Dominicana de Empresa Eléctricas Estatales (Cdeee) que achacan el retraso al supuesto incumplimiento del cronograma de pagos por parte del Estado.
El informe también señala que sus investigaciones son independientes de las que lleve a cabo la Procuraduría General de la República y conmina al Ministerio Público a fijar su atención en el tema del atraso en los trabajos y en los montos pagados por ello.
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