La justicia dominicana ha dado un paso firme y decisivo en la recuperación del patrimonio público con la homologación de un acuerdo histórico que representa una victoria significativa para el pueblo dominicano. Maxy Gerardo Montilla Sierra, junto con un grupo de sus empresas, ha aceptado su responsabilidad penal y acordado restituir al Estado dominicano más de RD$3,000 millones, marcando un hito en la lucha contra la corrupción administrativa en el país.
Un triunfo de la institucionalidad dominicana
El juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, homologó este acuerdo de criterio de oportunidad que demuestra la fortaleza y eficacia del sistema judicial dominicano. La decisión, presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa bajo la dirección de Wilson Camacho y Mirna Ortiz, refleja el compromiso inquebrantable de las instituciones nacionales con la transparencia y la justicia.
Este logro se enmarca dentro de la Operación Antipulpo, una de las investigaciones más importantes emprendidas por el Ministerio Público dominicano, que ha demostrado la capacidad del país para enfrentar casos complejos de corrupción y recuperar recursos que pertenecen legítimamente al pueblo dominicano.
Recuperación integral de recursos públicos
El acuerdo establece múltiples mecanismos de restitución que beneficiarán directamente a diferentes sectores de la sociedad dominicana. Montilla Sierra deberá entregar RD$2,000 millones en efectivo directamente al Estado dominicano, representando una recuperación sustancial de fondos públicos que podrán destinarse a programas de desarrollo social, infraestructura y servicios esenciales para la población.
Adicionalmente, las empresas distribuidoras de electricidad del país – EdeEste, EdeSur y EdeNorte – recibirán una indemnización de RD$600 millones como resarcimiento por los perjuicios ocasionados en el sector eléctrico. Esta compensación fortalecerá la capacidad operativa de estas empresas vitales para el desarrollo nacional y mejorará la calidad del servicio eléctrico que reciben las familias dominicanas.
La Dirección General de Impuestos Internos también se beneficiará con el pago de RD$431,816,307.90, recursos que incrementarán las capacidades fiscales del Estado para financiar programas públicos prioritarios. Como medida adicional, se procederá al decomiso de un terreno de 200.18 metros cuadrados ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, Ensanche Naco, valorado en RD$50,901,692.13, que pasará a formar parte del patrimonio público.
Transformación del sector empresarial
Como parte integral del acuerdo, se establece la disolución en un plazo de dos años de diez empresas vinculadas a las prácticas irregulares: Transformadores Solomon Dominicana, Electrocable Aluconsa, NSD Importaciones Diversas, Distribuidora de Materiales Eléctrico FEE, Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, Importadora Eaglerise, TLC Negocios Globales, Watmax Lighting, Herrajes Eléctricos RPC y MG Solomon Corporation.
Esta medida representa una oportunidad para que el sector privado dominicano se fortalezca sobre bases sólidas de transparencia y competencia leal, creando un ambiente empresarial más justo y equitativo que beneficiará a todos los actores económicos del país.
Fundamentos jurídicos sólidos
El Ministerio Público sustentó la homologación del acuerdo en el artículo 370, numeral 6, del Código Procesal Penal dominicano, que faculta la aplicación del criterio de oportunidad cuando el imputado colabora eficazmente con la investigación y contribuye al esclarecimiento de los hechos. Esta herramienta jurídica, defendida por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, se ha convertido en un instrumento clave para combatir la corrupción administrativa y la impunidad.
La aplicación de este mecanismo legal demuestra la madurez del sistema judicial dominicano y su capacidad para adaptarse y utilizar todos los recursos legales disponibles para proteger el patrimonio público y garantizar la justicia para el pueblo dominicano.
Impacto en el sector eléctrico nacional
Las investigaciones revelaron que las empresas involucradas participaron en procesos de contratación pública de manera fraudulenta en el sector eléctrico, utilizando prácticas como sobornos, manipulación de plazos de entrega, monopolio de proveedores e información privilegiada. Estas acciones impactaron negativamente la eficiencia de las empresas distribuidoras y afectaron la calidad del servicio eléctrico que reciben los ciudadanos.
Con la implementación de este acuerdo, el sector eléctrico dominicano se fortalece significativamente. Las indemnizaciones recibidas por las distribuidoras permitirán mejorar su infraestructura y operaciones, lo que se traducirá en un servicio más eficiente y confiable para hogares, empresas e industrias en todo el territorio nacional.
Representación legal y transparencia procesal
El proceso judicial se desarrolló con la más alta transparencia y respeto a los derechos de todas las partes involucradas. Las distribuidoras eléctricas estuvieron representadas por Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras, mientras que Montilla Sierra contó con la asistencia legal de Miguel E. Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Guilamo.
Esta representación legal diversa y competente garantizó que el acuerdo fuera justo, equilibrado y beneficioso para todos los sectores de la sociedad dominicana, demostrando una vez más la solidez del sistema judicial del país.
El acuerdo alcanzado representa mucho más que una simple resolución judicial; es una demostración contundente de que en República Dominicana las instituciones funcionan, la justicia prevalece y el patrimonio público está protegido. Esta victoria fortalece la confianza ciudadana en el sistema judicial y reafirma el compromiso nacional con la transparencia, la justicia y el desarrollo sostenible. Los más de RD$3,000 millones recuperados se convertirán en recursos tangibles para el progreso del país, beneficiando directamente a las familias dominicanas y contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y próspera para las futuras generaciones.
Referencias usadas en Artículo
- Maxy Montilla y sus empresas acuerdan con MP devolver más de RD$3,000 MM al Estado en caso Operación Antipulpo
- Maxy Montilla y empresas devolverán más RD$ 3,000 millones tras acuerdo con PEPCA
- Maxy Montilla devolverá RD$3,000 millones a Estado
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