La violencia contra las mujeres en República Dominicana representa uno de los desafíos más urgentes que enfrenta nuestra sociedad contemporánea. Durante 2025, el país ha registrado cifras que evidencian la persistencia de este flagelo social, pero también ha demostrado una creciente conciencia colectiva y determinación institucional para combatir esta problemática que afecta el núcleo mismo de nuestras familias dominicanas.
Las estadísticas oficiales revelan que durante los primeros meses del año se contabilizaron 28 feminicidios en lo que va de año, una cifra que, aunque representa una disminución respecto a períodos anteriores, sigue siendo alarmante para una sociedad que valora profundamente la familia y el respeto hacia las mujeres como pilares fundamentales de la identidad dominicana.
Panorama Nacional de la Violencia de Género
El contexto estadístico del país muestra una realidad compleja. En 2023 se registraron 65 feminicidios, cifra que descendió a 63 en 2024, evidenciando una tendencia decreciente que refleja los esfuerzos gubernamentales y sociales por abordar esta problemática. Sin embargo, República Dominicana mantiene desafíos significativos, ocupando posiciones preocupantes en las estadísticas regionales de violencia de género según datos de la medición armonizada del feminicidio con enfoque interinstitucional.
Las denuncias acumuladas por violencia de género y violencia intrafamiliar alcanzan las 31,908, una cifra que incluye 10,253 casos de violencia física y verbal, 1,043 de agresión sexual, 583 de violación sexual, 438 de acoso sexual y 257 de incesto. Estos números revelan un patrón sistémico que trasciende los casos fatales y se extiende a múltiples manifestaciones de violencia que afectan a miles de mujeres dominicanas.
La Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres de 2018 reveló que siete de cada diez mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia, situación que se agravó durante la pandemia de COVID-19, cuando las llamadas por casos de violencia basada en género aumentaron un 55%. Esta realidad subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y prevención, tal como han alertado organismos nacionales e internacionales.
Historias que Conmueven a la Nación
Los Casos de Abril: Testimonios de Resistencia
Teresa Sánchez Jiménez, de 48 años, perdió la vida el primero de abril defendiendo a su hija adolescente embarazada de los golpes de su yerno en el sector Enriquillo, Herrera. Su sacrificio maternal ejemplifica el valor de las mujeres dominicanas que anteponen la protección familiar ante su propia seguridad. Teresa, quien se ganaba la vida ofreciendo servicios de lavado y planchado, representa a miles de mujeres trabajadoras que sostienen la economía familiar desde la informalidad.
Wendy Josefina Peña Bonilla, madre de siete hijos, fue asesinada el 5 de abril en Las Flores, Moca, frente a sus hijos menores. Su historia refleja la vulnerabilidad de las madres dominicanas que enfrentan amenazas constantes mientras intentan mantener unidas a sus familias. La respuesta comunitaria inmediata, donde los vecinos detuvieron al agresor, demuestra la solidaridad que caracteriza a los pueblos dominicanos.
Antonine Niquez, de 58 años, fue víctima de feminicidio en La Javilla, Santa Lucía, el 19 de abril, mientras defendía su integridad ante un agresor sexual. Su resistencia hasta el final evidencia la dignidad y fortaleza que caracteriza a las mujeres dominicanas de todas las edades.
Amairis Darleni Alcántara Javier, apenas de 18 años y recién graduada de bachiller, fue asesinada el 28 de abril en Sabana de la Mar. Su historia representa las aspiraciones truncadas de jóvenes dominicanas que buscan construir un futuro mejor a través de la educación, valor fundamental en la cultura dominicana.
Mayo: Testimonios de Lucha y Supervivencia
Lorenza García Reyes ejemplifica la tragedia de las mujeres que cumplieron con su deber cívico de denunciar pero no recibieron la protección necesaria. Su caso, ocurrido el 15 de mayo en Los Mameyes, subraya la importancia de fortalecer los sistemas de respuesta institucional. A pesar de haber depositado múltiples querellas contra su agresor, nunca recibió protección efectiva.
María Cecilia Reynoso Gómez, de 61 años, compartió más de 30 años de vida con su pareja antes de ser asesinada el 20 de mayo en Los Guaricanos. Su caso demuestra que la violencia de género no discrimina por edad y puede manifestarse incluso en relaciones de larga duración.
Yudy Claribel Carela Cueva desarrolló estrategias de protección junto a sus hijos, incluyendo la instalación de cámaras de seguridad para monitorear las amenazas de su expareja. Su caso ilustra la creatividad y determinación de las familias dominicanas para protegerse, aunque también evidencia las limitaciones del sistema de protección formal.
Rosa Delia Ruiz Báez, bionalista del Instituto Dermatológico, fue asesinada mientras sostenía a su hijo de dos años. Su historia refleja la profesionalización creciente de las mujeres dominicanas y su contribución al sistema de salud nacional.
Junio: Resistencia y Esperanza
Los casos de junio incluyeron a Nikaury Altagracia Tavera Morillo, quien luchó por su vida durante una semana después del ataque de su expareja en Punta Cana, y Julissa Altagracia Gómez, madre de cuatro hijos que fue encontrada por uno de ellos después de la agresión que le causó muerte cerebral.
Noemí Marte Encarnación, funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue asesinada junto a su hijo de siete años el 18 de junio. Su doble condición de servidora pública y madre protectora representa el compromiso de las mujeres dominicanas con el servicio nacional y familiar.
El caso de Bona Delfa López se convirtió en un símbolo nacional de las fallas institucionales. Propietaria de tierras y miembro de una asociación de productores, intentó en tres ocasiones presentar querellas contra su agresor, pero no fue atendida por problemas del sistema policial. Su muerte el 21 de junio en San Juan de la Maguana generó un debate nacional sobre la respuesta institucional.
Julio: Casos que Estremecieron al País
El mes de julio registró ocho feminicidios que conmocionaron profundamente a la sociedad dominicana. Elania Galarza Cabrera y su madre Beatriz Cabrera, asesinadas el 8 de julio, representan la extensión de la violencia hacia familias completas. Elania, licenciada en Mercadeo, utilizó sus últimas fuerzas para intentar salvar a su madre, demostrando el amor filial que caracteriza a las familias dominicanas.
Selis Mercedes Sánchez Germán, maestra de educación primaria en Baní, fue asesinada junto a su esposo el 19 de julio por su expareja deportado recientemente de Estados Unidos. Su caso evidencia los desafíos adicionales que enfrentan las familias dominicanas con miembros que han vivido experiencias migratorias traumáticas.
Roselin Fortunato, empleada del Metro de Santo Domingo, representaba a las jóvenes profesionales que contribuyen al desarrollo de la infraestructura urbana nacional. Su muerte el 29 de julio subraya que la violencia de género afecta a mujeres de todos los sectores socioeconómicos.
Patrones y Características de la Violencia
El análisis de estos casos revela patrones preocupantes pero también oportunidades de intervención. La mayoría de los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas, evidenciando que el hogar, tradicionalmente considerado refugio sagrado en la cultura dominicana, se ha convertido en espacio de riesgo para muchas mujeres.
Los casos documentados muestran que las separaciones recientes constituyen un factor de riesgo elevado, mientras que las amenazas previas aparecen como indicadores predictivos en la mayoría de las situaciones. La presencia de menores como testigos añade una dimensión traumática adicional, dejando a decenas de niños y niñas dominicanas en orfandad y con secuelas psicológicas profundas.
Respuesta Institucional y Desafíos
El Ministerio Público ha reconocido la gravedad de la situación a través de declaraciones del procurador general adjunto Wilson Camacho, quien calificó el feminicidio como "la forma más extrema de violencia ejercida contra las mujeres". Las autoridades han implementado talleres de capacitación internacional en técnicas de investigación del crimen de feminicidio, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Sin embargo, casos como el de Bona Delfa López evidencian fallas críticas en la respuesta policial inicial. Las declaraciones del director de la Policía Nacional culpando a la víctima por no denunciar "para evitar escándalos" generaron indignación nacional y subrayaron la necesidad urgente de cambios culturales institucionales.
Las casas de acogida, líneas de emergencia y ayuda económica para víctimas representan avances importantes, pero resultan insuficientes ante la
