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Contratistas dominicanos exigen revisión de normativa de compras públicas para garantizar seguridad jurídica

Contratistas dominicanos alertan sobre ilegalidad en nueva normativa de compras públicas que afecta la seguridad jurídica del sector asegurador. Conoce los detalles y el llamado al Senado para una revisión responsable.

La Asociación de Contratistas y Suplidores del Estado (ACS) manifestó su preocupación por una disposición incluida en la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas, actualmente en trámite legislativo. Ricardo González Hernández, director ejecutivo de la asociación, señaló que la normativa propuesta convertiría a las aseguradoras en garantes solidarios de los proveedores del Estado, disposición que contradice directamente el Artículo 67 de la Ley 146-02 sobre Seguros y Fianzas. Esta ley establece que los aseguradores no pueden obligarse solidariamente con el deudor y que las fianzas están sujetas al beneficio de excusión, requiriendo que primero se agoten los bienes del deudor principal antes de reclamar al fiador.

La ACS cuestionó además la falta de participación de actores clave en el proceso de elaboración de la ley, destacando la ausencia de la Superintendencia de Seguros y la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar) en las discusiones. Este vacío consultivo genera dudas sobre la legitimidad del proceso y podría afectar la seguridad jurídica en las contrataciones públicas, tal como subrayan diversas voces del sector en plataformas relevantes como la propuesta de reforma estructural del sistema de compras.

Ante esta situación, la asociación hizo un llamado al Senado de la República Dominicana para reevaluar la disposición polémica, con el objetivo de evitar colisiones legales con normativas preexistentes y garantizar la estabilidad en el sistema de contrataciones públicas. La ACS enfatizó que cualquier reforma legal debe respetar los principios establecidos y contar con el consenso de todos los sectores involucrados, especialmente en aspectos que comprometen responsabilidades tan sensibles como las del sector asegurador, tal como se promueve desde el ámbito institucional en el registro y regulación de proveedores del Estado. Este enfoque busca preservar el equilibrio jurídico y fortalecer la transparencia en los procesos estatales, elementos fundamentales para el desarrollo institucional del país y para consolidar la confianza en la institucionalidad dominicana.


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