Desafíos y avances en la libertad de prensa en República Dominicana: un análisis institucional
La libertad de prensa en República Dominicana se encuentra en un momento crucial, marcado por avances legislativos prometedores y tensiones institucionales que amenazan su pleno ejercicio. En los últimos años, el país ha logrado posicionarse como referente regional en índices de libertad de expresión, alcanzando el primer lugar en el Índice Chapultepec 2023 con 81.08 puntos (mapa libertad de prensa en Latinoamérica, análisis Chapultepec 2023, ranking latinoamericano). Sin embargo, este progreso convive con desafíos persistentes: la reforma estancada de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, iniciativas legislativas contradictorias, y la implementación de políticas judiciales que limitan el acceso a información pública. La reciente declaración de inconstitucionalidad de la Ley 1-24 que creaba el Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) y la aprobación de la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial ilustran esta dualidad entre modernización y resistencias al cambio (Tribunal Constitucional y Ley 1-24, DNI y desafíos institucionales, avances Ley de Justicia Digital, incertidumbre institucional).
Modernización del marco legal: entre avances y estancamientos
La reforma pendiente de la Ley 6132
El anteproyecto para modificar la Ley 6132, vigente desde 1962, representa el esfuerzo más ambicioso por actualizar el marco legal de las comunicaciones. La propuesta busca derogar esta normativa obsoleta -originada en una ley francesa de 1881- para crear el Instituto de Comunicación (Inacom) como ente autónomo regulador (propuesta de modificación de la Ley 6132, editorial Listín Diario: blindaje a la prensa libre, monitor de libertad de expresión). Entre sus innovaciones destacan la protección del secreto profesional, la cláusula de conciencia para periodistas, y la regulación de plataformas digitales bajo principios de derechos humanos (propuesta de modificación de la Ley 6132, monitor de libertad de expresión, incertidumbre institucional).
No obstante, tras dos años de trabajo de la Comisión Consultiva designada mediante el Decreto 333-22, el proceso enfrenta un inexplicable estancamiento en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo (incertidumbre institucional, DNI y desafíos institucionales, SIP y desafíos de libertad de prensa). Esta demora contrasta con el discurso del presidente Luis Abinader, quien en marzo de 2025 reiteró su compromiso con la modernización legal (incertidumbre institucional, SIP y desafíos de libertad de prensa). Expertos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) atribuyen el retraso a falta de voluntad política o desacuerdos internos sobre el alcance de las reformas (incertidumbre institucional, DNI y desafíos institucionales).
La dualidad de iniciativas legislativas
Paralelamente al estancamiento de la reforma principal, han surgido propuestas legislativas contradictorias. Los diputados Bolívar Valera y Amado Díaz presentaron proyectos independientes para regular medios digitales e influencers, generando alertas por su lenguaje ambiguo y potencial restrictivo (incertidumbre institucional, DNI y desafíos institucionales, SIP y desafíos de libertad de prensa). Estas iniciativas, aún en fase preliminar, plantean requisitos de registro y controles de contenido que podrían limitar la libre expresión en entornos digitales (incertidumbre institucional, SIP y desafíos de libertad de prensa).
Este panorama legislativo dual -modernización vs. control- refleja tensiones profundas en la clase política. Mientras el Ejecutivo promueve una agenda de transparencia, sectores del Legislativo insisten en mecanismos de supervisión estatal que recuerdan modelos autoritarios de la región (incertidumbre institucional, preocupación ante proyectos restrictivos, DNI y desafíos institucionales).
Tensiones institucionales y su impacto en el ejercicio periodístico
La política de protección de datos judiciales
La implementación en noviembre de 2024 de una nueva Política de Protección de Datos por la Suprema Corte de Justicia generó un conflicto abierto con medios de comunicación. Aunque el Poder Judicial insiste en que garantiza el acceso a información de interés público (política de protección de datos y libertad de prensa), la norma permite a jueces clasificar como confidenciales datos clave en sentencias, afectando investigaciones periodísticas (incertidumbre institucional, DNI y desafíos institucionales, [SIP y desafíos de libertad de prensa](https://n.com.do/2025/04/25/la-sip-senala-libertad-de-prensa-en-rd-ha-estado-marc
