Fortalecimiento de la Institucionalidad: Análisis de la Anulación de la Ley 1-24 por el Tribunal Constitucional
En un golpe significativo para el fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana, el Tribunal Constitucional (TC) emitió una sentencia que declaró no conforme con la Constitución la Ley núm. 1-24, normativa que creaba y regulaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Esta decisión, fundamentada en un error procedimental durante el trámite legislativo, refleja el compromiso del Estado con el cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales y legislativas.
Antecedentes y Fundamentos de la Decisión
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, explicó que la sentencia del Tribunal Constitucional se basó en un error procedimental durante el trámite legislativo de la Ley 1-24. Aunque la ley fue aprobada en ambas cámaras con las mayorías necesarias —125 de 126 votos en la Cámara de Diputados y 21 de 25 en el Senado—, no se cumplieron con las formalidades requeridas para su convocatoria y tratamiento como ley orgánica[2][4][5].
Naturaleza Orgánica y Requisitos Legislativos
La Ley 1-24, al estar vinculada al ámbito de la seguridad y defensa nacional, le confiere carácter orgánico. Sin embargo, el Tribunal Constitucional subrayó que, a pesar de su aprobación con amplias mayorías, el Congreso no convocó expresamente las sesiones como correspondía para tratar una ley de esta naturaleza. Este incumplimiento vicia la validez de la ley, ya que las normas orgánicas requieren procedimientos específicos según la Constitución y los reglamentos legislativos[2][4][5].
Implicaciones y Reacciones
La anulación de la Ley 1-24 no se debió a cuestionamientos sobre su contenido ni a violaciones de derechos fundamentales, sino exclusivamente a un aspecto formal. El Tribunal Constitucional enfatizó la necesidad de seguir los procedimientos legislativos con rigor, lo que fortalece la institucionalidad del país[2][4][5].
El Poder Ejecutivo expresó su respeto y acogida al criterio del Tribunal Constitucional, reafirmando su compromiso con el cumplimiento estricto de las disposiciones constitucionales y legislativas. “Saludamos el empeño del Tribunal en garantizar el cumplimiento del procedimiento legislativo en todos sus detalles, lo que fortalece nuestra institucionalidad. El Gobierno está comprometido a seguir impulsando iniciativas que cumplan a cabalidad con el marco jurídico establecido”, expresó Antoliano Peralta[2][4][5].
Perspectivas Futuras y Compromiso con la Institucionalidad
Aunque la sentencia no señala explícitamente las irregularidades, estas pueden ser subsanadas mediante el cumplimiento del procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional. Actualmente, el Poder Legislativo analiza una propuesta de reforma de la Ley núm. 1-24, fruto del consenso entre el gobierno y diversos actores de la sociedad civil. Este esfuerzo colectivo refleja el compromiso del Estado con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la protección de los intereses de la ciudadanía en el ámbito de la seguridad nacional[2][4][5].
Conclusión
La anulación de la Ley 1-24 por el Tribunal Constitucional es un paso significativo hacia el fortalecimiento de la institucionalidad en la República Dominicana. Este fallo reafirma la importancia de respetar los procedimientos legislativos establecidos en la Constitución y subraya el compromiso del Estado con la transparencia y la precisión en la formulación de leyes. La sociedad dominicana puede sentirse orgullosa de sus instituciones, que trabajan arduamente para garantizar que todas las normas cumplan con los más altos estándares legales y constitucionales.
