En un esfuerzo por modernizar el marco legal que rige la libertad de expresión y adaptarlo a los desafíos de la era digital, el presidente Luis Abinader ha remitido al Senado de la República Dominicana un proyecto de ley que busca equilibrar el ejercicio de este derecho fundamental con la responsabilidad social. La iniciativa, desarrollada durante casi tres años de consultas con juristas, periodistas y representantes de la sociedad civil, representa un avance significativo en la consolidación democrática del país, al tiempo que honra la rica tradición de libertad de expresión que caracteriza a la nación caribeña.
El proyecto legislativo se presenta como una respuesta necesaria a la evolución tecnológica que ha transformado radicalmente el panorama mediático global. Al incluir regulaciones para plataformas digitales, redes sociales y medios tradicionales por igual, la propuesta demuestra una visión integral que reconoce la importancia de mantener principios democráticos en todos los espacios de comunicación. La creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM) como ente regulador autónomo constituye uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa, asegurando que la implementación de las normas se realice con transparencia y equilibrio.
De acuerdo con expertos involucrados en el proceso, la ley busca actualizar una normativa obsoleta que data de 1962, incorporando estándares internacionales y jurisprudencia reciente en materia de derechos humanos. Este enfoque garantista se refleja en la protección explícita del derecho al periodismo, el acceso a la información pública y la privacidad de los ciudadanos, aspectos que cobran especial relevancia en un contexto donde las tecnologías de la comunicación avanzan más rápido que las regulaciones estatales.
La participación de más de una docena de especialistas en el diseño del anteproyecto—entre los que destacan figuras como el reconocido comunicador Huchi Lora y la jurista Inés Aizpún—asegura que la propuesta combine rigor técnico con sensibilidad hacia la realidad mediática dominicana. Este proceso colaborativo, que incluyó múltiples revisiones y ajustes, refleja el compromiso del Gobierno con la construcción de consensos sociales en temas neurálgicos para la democracia.
Un aspecto innovador del proyecto radica en su enfoque preventivo contra la desinformación, estableciendo mecanismos para promover la veracidad en los contenidos sin caer en la censura. Esto resulta particularmente relevante en un país donde el 78% de la población accede a noticias a través de redes sociales, según estudios recientes. Al mismo tiempo, la normativa protege el derecho a la crítica y el disenso, elementos esenciales en cualquier sociedad pluralista.
La propuesta ha generado un saludable debate nacional sobre los límites y alcances de la libertad de expresión en el siglo XXI. Mientras algunos sectores advierten sobre posibles riesgos de regulación excesiva, los redactores del proyecto insisten en que su objetivo principal es dotar al país de herramientas legales para enfrentar desafíos como el discurso de odio, la difamación sistemática y los ataques a la intimidad personal, sin menoscabar las libertades fundamentales.
En el ámbito internacional, esta iniciativa posiciona a República Dominicana a la vanguardia de los países que están actualizando sus marcos legales para la era digital. La inclusión específica de protecciones para periodistas y comunicadores sociales refleja el reconocimiento del crucial rol que desempeñan estos profesionales en la preservación del estado de derecho y la rendición de cuentas.
Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, durante la presentación del proyecto de ley | Foto: Presidencia
El camino legislativo que ahora inicia esta propuesta será crucial para determinar su impacto final. Los diputados y senadores tendrán la responsabilidad histórica de enriquecer el debate con aportes que mantengan el equilibrio entre libertad y responsabilidad, siempre con miras a fortalecer las instituciones democráticas. La sociedad civil, por su parte, ha manifestado su disposición a participar activamente en este proceso, asegurando que la voz de todos los sectores sea considerada.
Este esfuerzo normativo se enmarca en el compromiso del Gobierno dominicano con la modernización del Estado y el fortalecimiento de los derechos ciudadanos. Al abordar de frente los complejos desafíos que plantean las nuevas tecnologías de comunicación, la iniciativa no solo protege valores democráticos esenciales, sino que también proyecta una imagen de país serio y responsable ante la comunidad internacional. El éxito de esta propuesta dependerá de la capacidad de todos los actores sociales para construir consensos que privilegien el interés nacional sobre visiones particulares, garantizando que la libertad de expresión siga siendo pilar fundamental del desarrollo social y cultural dominicano.
Referencias usadas en Artículo
- PE deposita en Senado proyecto que regula la libertad de expresión en RD
- Abinader deposita Ley Libertad de Expresión
- Abinader deposita proyecto de ley que regularía la libertad de expresión
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