En un hecho histórico para el fortalecimiento institucional de la República Dominicana, el Poder Ejecutivo ha presentado ante el Senado un ambicioso proyecto de ley que busca modernizar el marco regulatorio de la libertad de expresión y los medios de comunicación. Esta iniciativa, gestada a través de un amplio proceso de consulta con diversos sectores de la sociedad, representa un paso fundamental para consolidar los derechos fundamentales en la era digital, manteniendo el delicado equilibrio entre libertad responsable y protección ciudadana, según la cobertura detallada de Diario Libre.
El núcleo de esta propuesta legislativa radica en su visión integral para actualizar una normativa que data de 1962, incorporando los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y plataformas digitales. De acuerdo con informes oficiales, el texto establece garantías explícitas para el ejercicio periodístico y reconoce el derecho ciudadano al acceso a información veraz, al tiempo que crea mecanismos de protección contra los excesos que puedan surgir en el entorno digital, como ha resaltado El Nacional en su análisis del proyecto.
Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es la creación del Instituto Nacional de Comunicación (INACOM), concebido como ente regulador autónomo que velará por el cumplimiento de los nuevos estándares democráticos. Este organismo tendrá la misión estratégica de promover la pluralidad informativa, supervisar el respeto a los derechos fundamentales en los medios tradicionales y digitales, y servir como instancia mediadora en conflictos derivados del ejercicio comunicacional.
La génesis de este proyecto se remonta a junio de 2022, cuando el presidente Luis Abinader constituyó una comisión multisectorial integrada por destacadas figuras del periodismo, el derecho y la sociedad civil. Entre los miembros de este grupo de trabajo se encuentran personalidades de reconocida trayectoria como Namphi Rodríguez, Miguel Franjul y Luis Eduardo Lora (Huchi), quienes dedicaron casi tres años a analizar experiencias internacionales y adaptarlas a la realidad dominicana.
El proceso de elaboración demuestra el compromiso gubernamental con la construcción de consensos. Tras múltiples revisiones y ajustes técnicos, la versión final incorpora estándares internacionales en materia de derechos humanos y lecciones aprendidas de jurisprudencia comparada. Expertos consultados destacan que la propuesta establece salvaguardas contra la censura previa mientras refuerza los mecanismos de responsabilidad ulterior, particularmente en casos de difamación o ataques a la intimidad personal, contribuyendo así a proteger el papel del periodismo y la democracia.
En el ámbito digital, la iniciativa introduce regulaciones pioneras para enfrentar desafíos contemporáneos como la desinformación masiva y el discurso de odio, sin menoscabar la libertad de expresión. Se establecen principios claros para el manejo responsable de contenidos en redes sociales, al tiempo que se protege el derecho a la crítica y el disenso como elementos esenciales de la vida democrática.
El proyecto legislativo enviado al Senado contiene disposiciones innovadoras para garantizar la transparencia en el acceso a información pública, estableciendo plazos perentorios para la respuesta de instituciones estatales. Paralelamente, fortalece las protecciones al secreto profesional periodístico y establece incentivos para la autorregulación de los medios de comunicación.
Desde el punto de vista institucional, la creación del INACOM representa un avance significativo en la arquitectura democrática del país. Este organismo contará con estructura técnica especializada y mecanismos de participación ciudadana, asegurando que su funcionamiento se rija por criterios de objetividad y equilibrio. Su mandato incluye la promoción de estándares de calidad informativa y la implementación de programas de alfabetización mediática para la población.
La presentación de esta iniciativa se enmarca en el compromiso del gobierno con la modernización del Estado dominicano. Al armonizar las libertades fundamentales con las responsabilidades sociales inherentes al ejercicio comunicacional, la propuesta busca posicionar a la República Dominicana como referente regional en la protección de derechos digitales y la gobernanza responsable de los medios.
Como próximo paso en este proceso democrático, corresponde al Congreso Nacional analizar exhaustivamente el proyecto de ley, garantizando que su discusión contemple las perspectivas de todos los sectores involucrados. La sociedad dominicana espera con legitimas aspiraciones que este marco legal impulse un nuevo capítulo en la historia de las libertades públicas, donde el ejercicio responsable de la comunicación contribuya al desarrollo integral de la nación.
Referencias usadas en Artículo
- Someten proyecto de ley de libertad de expresión y medios digitales – Diario Libre
- Abinader deposita ley libertad de expresión – El Nacional
- Abinader deposita proyecto de ley que regularía la libertad de expresión – El Caribe
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