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República Dominicana avanza en la discusión de la Ley de Gestión Integral de Residuos: un paso hacia la sostenibilidad

La República Dominicana avanza en la discusión del Proyecto de Ley de Gestión Integral de Residuos, con apertura y diálogo en la Cámara de Diputados y la participación activa de la AIRD, buscando un futuro sostenible para el país.

La República Dominicana destaca en el avance hacia una gestión sostenible de residuos sólidos, consolidando un marco legal que impulsa la responsabilidad ambiental y la economía circular. La reciente aprobación del Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Plangir) por decreto presidencial establece una hoja de ruta clara con seis metas nacionales y tres objetivos estratégicos. Este plan, desarrollado por el Ministerio de Medio Ambiente con apoyo de la Unión Europea, prioriza la prevención, reducción, reutilización y valorización de residuos, fortaleciendo así la salud pública y el desarrollo comunitario.

La modificación a la Ley 225-20, aprobada con carácter de urgencia por el Senado y actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, refleja el compromiso institucional para optimizar la gestión de residuos. Dicha reforma busca corregir aspectos técnicos y financieros, incorporando aportes de diversos sectores. La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y gremios como Asonahores han valorado la apertura al diálogo demostrada por las autoridades legislativas, especialmente los ajustes a artículos que afectaban la manufactura local.

No obstante, persisten preocupaciones respecto al financiamiento. La AIRD advierte que el aumento de la contribución especial propuesta carece de sustento técnico y desequilibra la carga económica. En respuesta, el sector empresarial propone integrar fondos públicos existentes, como los manejados por ECO5RD, para garantizar una transición justa y sostenible. Esta postura subraya la necesidad de equilibrar las necesidades municipales con la competitividad industrial, evitando medidas desproporcionadas.

Paralelamente, el Ministerio de Medio Ambiente impulsa la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) mediante un reglamento en consulta pública, que involucra a fabricantes, importadores y comerciantes en la gestión de residuos. Esta iniciativa, junto al Fideicomiso DO Sostenible, sienta las bases para un modelo circular que reduce el impacto ambiental y promueve la innovación.

El proceso evidencia un esfuerzo colectivo donde el Estado, la empresa privada y la sociedad civil construyen soluciones consensuadas, reforzando la identidad dominicana en la búsqueda de un futuro sostenible. La continuidad del diálogo técnico y plural en el Senado será clave para consolidar una legislación robusta, justa y alineada con las mejores prácticas internacionales.

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